jueves, 6 de julio de 2017

Cambio Climático un conflicto eco-global



PUBLICADO: 2017-06-28
 
Detrás de la decisión de Trump se percibe una injusticia climática que se encuentra en la relación inversamente proporcional que existe entre los afectados por los desastres climatológicos y los responsables a causa de políticas contaminantes que nos llevaron a esta situación. Paradójicamente son esos mismos países los que por su poder económico pueden quizás eludir o menguar las consecuencias de cambio climático; mientras que los menos responsables tienen mucho menos capacidad para afrontarlos.
El Perú es un buen ejemplo que demuestra esta aporía, siendo responsable de apenas el 0.4% de GEI; sin embargo es el tercer país más vulnerable a los riesgos climáticos según el Instituto Tyndall Centre, con pérdidas de sus glaciares tropicales que en el caso de la Cordillera Central refiere el 65% en un lapso de 54 años[1]. Lo cierto es que el tiempo de las alertas y de los informes han concluido, de lo que se debería tratar a estas alturas es de buscar soluciones.
La decisión y apuesta del gobierno de EE.UU. podría ser un gran desaliento; no obstante a contracorriente los gobernadores de ciudades estadounidenses como Los Ángeles, Nueva York, Washington han creado una “alianza climática” para cumplir con las metas del Acuerdo de Paris; a pesar de ello aún no está claro los impactos económicos que traerá la decisión de Trump, más aún si tomamos en cuenta que el tema de cambio climático y energías limpias eran un sector importante de la cooperación internacional del gobierno anterior de EE.UU.; el 2014 dicho gobierno prometió entregar tres mil millones de dólares al Fondo Verde del Clima, haciendo efectivo hasta final de su mandato 500 millones[2]. En la actualidad se ha anunciado un recorte del 30% para el Departamento de Estado que es el responsable de la política internacional de EE.UU.
Aún no se sabe cómo afectará esa reducción de fondos al Perú; pero paradójicamente hace un par de meses sufrimos los efectos del denominado Niño Costero que según datos INDECI–COEN ocasionaron la muerte de 136 peruanos, con casi dos millones de damnificados, más de 3,843 kilómetros de vías destruidas y dichas perdidas le costará al Perú alrededor de 1.6% de su PBI. Estos desastres dejaron en evidencia lo poco preparados que estamos para afrontar cambios climatológicos que cada vez aumentaran de frecuencia. Esto se traduce en nuestra débil institucionalidad; sin instrumentos de gestión que incorporen el componente de cambio climático; ni capacidad para poder articularlos a distinto nivel; sin contar el desorden en la ocupación y explotación del territorio que amenazan con la degradación y deforestación de bosques.
Recientemente se ha iniciado el debate por una norma que de dirección a la incipiente institucionalidad en materia de gestión climática, si existe una voluntad política probablemente la próxima legislatura se debata en el Congreso una ley marco del cambio climático, donde aún hay más dudas que certezas, pero donde al menos debería quedar claro (1) la obligatoriedad de que todos los sectores del Estado establezcan y cumplan sus Contribuciones Nacionalmente Determinadas acorde con el Acuerdo de Paris; (2) el Ministerio de Ambiente se fortalezca, ejerza un rol rector y lidere con coherencia regulatoria sus políticas sectoriales; por otro lado debe existir (3) participación plena, efectiva e institucionalizada de la sociedad civil, la empresa privada y las organizaciones indígenas; no será suficiente el esfuerzo del Estado; (4) es necesario claridad en los mecanismos de financiación, de la misma manera como es necesario (5) invertir en ciencia, tecnología y saberes ancestrales para poder adaptarnos y mitigar los efectos del cambio climático.
A pesar de todos estos retos, no solo debemos concentrarnos en los efectos que traerá el cambio climático a los miles de millones de personas que serán afectados; olvidando y muchas veces omitiendo las causas que generaron esta crisis, sin mirar a los responsables, que no solo se traducen en los países industrializados, sino que se individualizan a través de las corporaciones transnacionales que se benefician económicamente de sus altas emisiones; donde por ejemplo 90 corporaciones transnacionales produjeron un 63% de las emisiones acumulativas globales de dióxido de carbono industrial y de metano entre 1751 y 2010[3]. Ignorar todo esto nos lleva a reforzar un sistema injusto del que Trump es parte y el cual debemos aspirar a cambiar.
El escenario futuro inmediato que nos apunta una reciente publicación[4] es ensombrecedor donde se nos advierte que las consecuencias de cambio climático agudizarán la escasez de recursos, lo que ya está generando estrategias de seguridad militar por hacerse con dichos recursos y en el caso de las grandes corporaciones, éstas ya vienen implementando estrategias de gestión de riesgos para proteger sus inversiones, pero también para fortalecer un reciente nicho de mercado.
Si la actual crisis climática se quiere reducir a nuevas “oportunidades”; estas deben ser pensadas como la oportunidad para proponer soluciones radicales y justas para combatir las emisiones de gases de efecto invernadero; orientadas a acortar las brechas de desigualdad económica externa entre los países del norte y sur; e interna dentro de los mismos países; además de controlar el poder de las corporaciones sobre los Estados y frenar la arremetida del militarismo que busca apropiarse de los recursos.
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[1] Según estudio de INAGEM: http://www.actualidadambiental.pe/?p=45179
[2] Artículo en el New York Times: https://www.nytimes.com/es/2017/06/11/el-retiro-de-estados-unidos-del-acuerdo-de-paris-podria-ser-devastador-para-america-latina/
[3] Artículo en The Guardian http://viva.org.co/cajavirtual/svc0379/articulo15.html
[4] Cambio Climático S.A. de Nick Buxton y Ben Hayes del Trasnational Institute, 2017
*Luis Hallazi es abogado y polítologo, investigador en derechos humanos: luis.hallazi@gmail.com



La reconstrucción como una escusa para aplicar la doctrina del shock

PUBLICADO: 2017-06-21


Hemos sido testigos de los recientes desastres, entendidos estos como una conjunción entre fenómenos de la naturaleza y la falta de acción de la sociedad por aminorar los daños, lo que desencadenaron resultados calamitosos a partir del denominado Niño Costero. Según datos INDECI–COEN, fueron afectadas 12 regiones de nuestro país ocasionando la muerte de 136 ciudadanos, 18 desaparecidos, 1'961,400 damnificados y 1'096,684 afectados.  

En el caso de la infraestructura se reportaron 410 puentes destruidos, 648 afectados; 3,843 kilómetros de vías destruidas, 43,900 kilómetros afectados; 2,391 centros educativos afectados, 250 colapsados e inhabitables; 46,698 viviendas destruidas, 247,874 afectadas. Según Macroconsult las pérdidas económicas ascienden a más de 3,100 millones de dólares, lo que equivale a 1.6% del Producto Bruto Interno (PBI).
Estos datos nos pueden llevar a concluir como una situación que evidencia una crisis, no solo a nivel social en las zonas de mayor impacto, sino también a nivel institucional debido a una ineficiente respuesta. Una prueba de ello, es que durante el desastre se empezó a reflexionar sobre las debilidades institucionales que se tuvieron para enfrentar este desastre, siendo la falta de planificación territorial en zonas urbanas y rurales una de las principales causas. En seguida, casi todas las opiniones tanto de analistas de izquierda y derecha, estaban de acuerdo con que estos desastres se podrían convertir en una oportunidad para sentar las bases de un Estado que garantice una ocupación ordenada del territorio. En una república que a casi dos siglos de existencia empiece a cerrar las brechas de la terrible desigualdad que impera en este país sometido a un modelo económico neoliberal por 27 años, que nos está llevando al abismo.
A pesar de todo ese consenso, al día siguiente, cuando cesaron las lluvias en el norte y los huaicos en varias partes del país, autoridades, medios de prensa, opinólogos y sociedad en general nos olvidamos de todo lo dicho. Unas semanas después, el gobierno promovió la denominada “Ley de Reconstrucción con Cambios” donde la característica principal no es la planificación, ni el ordenamiento territorial; ni tampoco el bienestar común de los peruanos y peruanas más vulnerables; sino ver la Reconstrucción con Cambios como una oportunidad para la inversión privada, que al parecer principalmente traerá una lista de proyectos de infraestructura.
Bajo ese contexto es que la obra “La Doctrina del Shock” de Naomi Klein salta a a la escena para advertirnos que esta doctrina se pone en práctica cuando se produce esta clase de crisis como terremotos, guerras o desastres climatologicos que nos dejan en un “estado de shock”, y entonces se aprovecha para que las doctrina “venda” al mejor postor obligaciones y funciones de una red estatal a agentes privados, haciéndolas aparecer como acciones normalizadas en medio de una situación de crisis; mientras los ciudadanos aún se recuperan del trauma y de esta manera se logra que las “reformas” sean permanentes.
Milton Friedman uno de los padres del neoliberalismo lo explicaba así “Solo una crisis -real o percibida- da lugar a un cambio verdadero. Cuando esa crisis tiene lugar, las acciones que se llevan a cabo dependen de las ideas que flotan en el ambiente. Creo que ésa ha de ser nuestra función básica: desarrollar alternativas a las políticas existentes, para mantenerlas vivas y activas hasta que lo políticamente imposible se vuelva políticamente inevitable”.
La “crisis aprovechable” podría ser entonces este desastre socio natural, para inyectar una buena dosis de políticas públicas neoliberales, que lejos de entender las causas del problema que nos han llevado a estos resultados, priorice beneficiar a un grupo selecto de inversionistas privados para simplemente reconstruir infraestructura; y en el peor de los casos transferir funciones públicas a privados y con ello el circulo vicioso siga vigente. 
Esto se vería reflejado en la ley que propuso el ejecutivo, donde se hace notar un enfoque básicamente pro-inversión, por ejemplo se introduce un artículo donde se menciona la modalidad de “Obras por Terrenos” con la finalidad de aprovechar los desastres para ofertas tierras a aquellas empresas que participen de la reconstrucción u otro artículo que arbitrariamente intentó disponer de tierras de comunidades campesinas y nativas para ser utilizados so-pretexto de la emergencia, como si dichas tierras le pertenecieran al Estado.
Veremos qué trae el Plan de Reconstrucción con Cambios, mientras tanto analicemos el documental "La Doctrina del Shock" de la activista anticapitalista Naomi Klein, que nos recuerda que en épocas de crisis es cuando se debe tener máximo cuidado, ya que el capitalismo del desastre, aprovecha estas oportunidades para inyectar medidas nocivas en detrimento del bienestar de todos los ciudadanos.
INVITADOS están para el  jueves 22 a partir de las 19:00 hrs en Plaza Bélgica.
luis.hallazi@gmail.com es abogado y politólogo especialista en derechos humanos

D.L. N° 1333: Cálculos políticos, promoción de la inversión y derechos de pueblos indígenas

PUBLICADO: 2017-05-29








El Decreto Legislativo N° 1333 publicado en enero del 2017, dentro de las facultades otorgadas por el Poder Legislativo al Poder Ejecutivo finalmente fue derogado por el pleno del Congreso. Este decreto creaba un Proyecto Especial para el Acceso a Predios para la Inversión Priorizada (APIP), una nueva función que se pretendía dar a la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (PROINVERSIÓN) adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). La norma en concreto creaba una vía rápida para sanear física y legalmente todos las tierras que la inversión priorizada precise para sus proyectos, no importaba si esas tierras eran urbanas o rurales, público o privadas, formales o informales, de lo que se trataba era de ordenar el territorio nacional bajo el criterio de la gran inversión. 
El MEF no contó con que los decretos legislativos aprobados y publicados podían ser revisados por el Congreso de la República de acuerdo al artículo 90 de su reglamento, donde se menciona que debe haber un control sobre la legislación delegada y si el decreto contraviene la Constitución o excede el marco de la delegación de facultades; la Comisión de Constitución está facultada para recomendar la derogación. Eso fue lo que paso, la Comisión de Constitución y Reglamento, presidida por el congresista Miguel Torres recomendó su derogación, siendo ratificada por el pleno del congreso con 82 votos a favor de la derogatoria.
Para llegar a ese resultado, las organizaciones indígenas reunidas en el Pacto de Unidad de Pueblos Indígenas que aglutina a seis organizaciones como la Confederación Nacional Agraria (CNA), la Confederación Campesina del Perú (CCP), la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP), la Central de Rondas Campesinas (CUNARC), Unión Nacional de Comunidades Aymaras (UNCA) y la FENMUCARINAP, conjuntamente con la principal organización de la Amazonia AIDESEP; realizaron una labor incansable para que los congresistas tomen conocimiento y consciencia sobre los derechos que iba a vulnerar el referido decreto. Todo esto, bajo un ambiente de crispación política con respecto a las críticas lanzadas por parte del Poder Ejecutivo al Poder Legislativo específicamente a la bancada de Fuerza Popular (FP), acusándola de obstruccionista.
Bajo ese contexto el golpe de la mayoría fujimorista en este caso fue implacable, no precisamente porque les interese la defensa de derechos territoriales de los pueblos indígenas; sino porque este decreto era muy importante para el MEF, que salió a defenderlo de manera desesperada. Alegando que fue elaborado en miras de “mejorar” la reestructuración de PROINVERSIÓN, puesto que se considera una de las mayores trabas a la gran inversión el proceso de identificación, saneamiento y tasación de los predios necesarios para los proyectos, donde según el MEF aproximadamente el 61% de inversión, alrededor de US$ 47.810 millones de un total de US$ 78.946 millones comprometidos en proyectos de inversión priorizados están pendientes de ejecución por falta de saneamiento de los predios.
Lamentablemente el MEF pretende ignorar que el caos y desorden territorial que existe en el territorio nacional es responsabilidad de la inacción del mismo Estado que integra. Estado que hace veintisiete años viene promoviendo normas para que el mercado se encargue de resolver la situación. Siendo una de las consecuencias la conflictividad social que principalmente es territorial. Este proyecto iba a agravar la situación sabiendo que el D.L. N° 1333 solo beneficiará a las grandes inversiones, creándoles procedimientos ad hoc y trámites exprés para sanear tierras únicamente para la inversión que se priorice.
El decreto fue derogado gracias a la bancada mayoritaria de Fuerza Popular, en este caso beneficio a las miles de comunidades nativas y campesinas, como a millones de pequeños agricultores; sin embargo en ese paquete promovido por el actual gobierno también se acordó por mayoría eliminar términos como “identidad de género”, “enfoque de género” u “orientación sexual” de los Decretos Legislativos N° 1266, N° 1267 y N° 1348 y derogaron el D.L. N° 1323 que buscaba endurecer las penas para los crímenes de odio; acciones que perjudican y vulneran derechos de miles de mujeres y personas L.G.T.B.I.
Con la derogatoria del D.L. N° 1333, el mensaje del legislativo, controlado en la práctica por Fuerza Popular, va en tres direcciones: Por un lado demuestra su poder al actual gobierno; por otro le dice a los inversionistas que ellos tienen la "llave" normativa y que si quieren promover alguna norma el canal es FP y finalmente el mensaje se dirige en este caso a defender los derechos territoriales de comunidades indígenas, esta defensa se hará siempre y cuando convenga al cálculo político de FP, la defensa de derechos nunca será a priori para el fujimorismo. Por eso la eliminación del "enfoque de género" de dichos decretos; nos muestra que el fujimorismo posee un núcleo duro ideológico que es innegociable.
La pregunta es: ¿Hasta cuándo podrá ser sostenible esta estrategia? Quizás la respuesta este en una contra-estrategia de las otras bancadas, que lamentablemente hasta ahora no se dejan ver; pero mejor aún la respuesta debería estar en las calles con muchos movimientos sociales urbanos y rurales activos y pendientes de hacer respetar sus derechos.

Razones jurídicas de la Derogatoria del D.L. N° 1333
Después de una análisis detallado de cada artículo y disposiciones complementarias, llegamos a la conclusión que el D.L. N° 1333 es insalvable y su derogación es inminente a pesar de los esfuerzos del MEF por salvar la norma.
A continuación parte del informe jurídico [1] que se entregó a los congresistas de todas las bancadas, sobre las razones jurídicas que fundamentan la derogatoria del D.L. N° 1333:
1.- Mediante el D.L.1333 se crea el Proyecto Especial de Acceso a Predios para proyectos de Inversión Priorizados (APIP), generando un conflicto de competencias con otros órganos del Estado que tiene el mandato legal de sanear física y legalmente las tierras y territorios ya sean de comunidades, agricultores, pequeños propietarios o tierras públicas en general.
En el caso de comunidades campesinas y nativas, el ente rector nacional para el saneamiento físico legal es la Dirección General de Saneamiento de la Propiedad Agraria y Catastro Rural- DIGESPACR- MINAGRI (Decreto Supremo N° 001-2013-AG); siendo el órgano ejecutor de dichos procedimientos de saneamiento los Gobiernos Regionales a través de la Dirección Regional de Agricultura-DRA de acuerdo al proceso de descentralización, dispuesto por la Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización y la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales donde se transfirió la función específica sobre saneamiento físico legal de la propiedad agraria, establecida en el literal n) del artículo 51.
2.- Esta nueva institución APIP es un órgano ad hoc para el saneamiento únicamente para proyectos de inversión priorizados; desconociendo todos los esfuerzos institucionales del propio Estado, las organizaciones indígenas, cooperación internacional, organismos internacionales multilaterales para avanzar y entregar derechos (titular) a las comunidades del Perú, por tanto es una norma discriminatoria.
A esta situación hay que agregarle que actualmente vienen implementándose al menos 9 proyectos[2] con componentes de saneamiento físico-legal para comunidades, que cuentan con financiamiento de organizaciones internacionales como el BID a través del PTRT-3 o la Declaración Conjunta de Intenciones- DCI, entre los gobiernos de Alemania, Noruega y el Perú; además de otros proyectos que lamentablemente no están coordinando con el ente rector en materia de tierras rurales; por lo que este nuevo proyecto especial impulsado por PROINVERSIÓN traería mayor caos en los territorios de comunidades.
3.- No se respetan los derechos adquiridos de propiedad, posesión, ocupación, tenencia de las comunidades campesinas y nativas en los predios donde hay un interés por parte de proyectos de inversión, puesto que la norma menciona que serán sujetos de saneamiento predios “formales e informales, públicos o privados”.
4.- APIP genera una inseguridad jurídica al contravenir toda la normativa especial en materia de saneamiento físico legal ejercida por los gobiernos regionales y trasgrede las competencias exclusivas de la SUNARP al otorgarle la función de “elaborar y rectificar los planos aprobados por entidades estatales o rectificar áreas, medias perimétricas y linderos de los predios de propiedad privada que presenten supuestas superposiciones con predios que son objeto de las acciones de saneamiento físico- legal de la propiedad.”.
5.- APIP declara la prescripción adquisitiva cuando según el Código Civil artículo 950 “La propiedad inmueble se adquiere por prescripción mediante la posesión continua, pacífica y publica como propietario durante diez años. Se adquiere a los cinco años cuando median justo título y buena fe.” El procedimiento se hace a través de una demanda ante juez competente.
6.- APIP define la necesidad de la reubicación, cuando esto en caso de pueblos indígenas solo se puede hacer mediante consentimiento previo, libre e informado con los pueblos indígenas (Ley 29785). El Convenio 169 de la OIT establece excepcionalmente el traslado y la reubicación de pueblos con solo su consentimiento (art. 16). Además se menciona que APIP convocará a asambleas, se entiende asambleas de comunidades; violando la Constitución art. 89 respecto a la autonomía organizativa de las comunidades campesinas y nativas.
7.- APIP está relacionada y complementa al Título III de la Ley 30230 a través del art. 3 inc.p), norma que actualmente está en cuestionamiento a través de una acción de inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional, donde en el alegato escrito se pidió que también se pronuncie por conexidad sobre el D.L. N° 1333. Además el decreto ejercerá competencias del Decreto Legislativo N°1192 Ley Marco de Adquisiciones y Expropiaciones de inmuebles[3] en el sentido de que la norma le da funciones a APIP para que conduzca las acciones de tasaciones, notificaciones, acciones de trato directo y negociaciones para la adquisición de predios con los titulares de los derechos de propiedad y posesión, en caso que esto no progrese APIP, entrega los expedientes saneados física y legalmente para que el ministerio, gobierno regional o local empiece con una expropiación exprés normado también por el D.L. N°1192.
8.-APIP goza de presupuesto y recursos humanos a disposición, puede contratar especialistas del sector privado (art. 3. inc. n), celebrar todo tipo de convenios, contratos y acuerdos con instituciones nacionales, extranjeras e internacionales (art. 3.inc. m). Este artículo es discriminatorio (art. 2 inci.2 de la Constitución) puesto que otorga estas diferentes prerrogativas en vista que se trata de sanear tierras para proyecto de inversión priorizados; sin tomar en cuenta el abandono institucional y poca capacidad de recursos humanos para proteger las tierras de comunidades; donde no existe una partida presupuestal que permita sanear los derechos de los pueblos indígenas.
9.- El art. 4 inc. e) ha generado especial preocupación pues en él se menciona que APIP aplica en sus procedimientos la presunción de posesión a favor del Estado; esto significa que toda tierra de interés por parte de proyectos de inversión, que no tenga título se presume que es del Estado y por tanto de libre disposición para proyectos de inversión; desconociendo toda la normativa internacional que garantiza la posesión y propiedad de tierras que tradicionalmente han venido ocupando desde tiempos inmemorables los pueblos indígenas (art, 14 inc. 1 del Convenio 169 de la OIT).
10.- El artículo 5 del D.L. 1333 ordena a cualquier nivel de gobierno y a una serie de instituciones a ponerse al servicio de APIP, priorizando los requerimientos de información, trámite, o servicios que solicite bajo responsabilidad del funcionario público encargado (art.5 inc.5.1.); donde la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP), COFOPRI (art.5 inc.5.3.) o la Policía Nacional para la recuperación extrajudicial de la propiedad o el desalojo, poniéndose al servicio de sanear tierras para proyectos de inversión.
11.- El mismo artículo 7 busca proteger a los funcionarios del APIP, al mencionar que las denuncias penales en contra de estos, antes de cualquier calificación e investigación preliminar, ya sea por los órganos competentes del Ministerio Publico o la Policía Nacional requiere de opinión fundamentada de la APIP sobre si se ha infringido la legislación de la materia (art.7 inc. 7.1). Este artículo es un grave atentado contra la independencia de poderes y el principio de independencia de los jueces y fiscales para emitir sus resoluciones.
12.- Respecto a la Segunda Disposición Complementaria, menciona que los proyectos de inversión priorizados, incorporados en el cronograma aprobado por el MEF, que cuente con procedimientos de diagnóstico y saneamiento en proceso serán adecuados a la regulación de APIP generando mayor inseguridad jurídica respecto a los procedimientos administrativos en curso en vista que la aplicación de esta norma es retroactiva. 
13.- Respecto a la Cuarta Disposición Complementaria se hace una mención respecto a que el APIP solicitará información al Ministerio de Cultura sobre la presencia de pueblos indígenas u originarios en el ámbito de proyectos de inversión priorizados; el pedido de información no garantiza la propiedad y posesión sobre las tierras de las comunidades campesinas y nativas. Pero además el MINCUL no es el ente rector en materia de tierra de comunidades, es el MINAGRI a través de la Dirección General de Saneamiento de la Propiedad Agraria y Catastro Rural- DIGESPACR. Y aunque el Viceministerio de Interculturalidad es el encargado de manejar la Base de Datos Oficial de Pueblos Indígenas, lamentablemente hasta ahora está incompleta, hay una diferencia de 3 200 comunidades campesinas entre dicha base y el Directorio de Comunidades Campesinas del Perú [4].
14.- Dado que APIP no diferencia entre tierras urbanas, ni rurales, ni formales ni informales, es decir no tiene ninguna restricción de las tierras que saneará para los proyectos de inversión priorizados, dicha norma debió pasar por un proceso de consulta previa, libre e informada según la Ley 29785 y su reglamento y el Convenio 169 de la OIT. Lo que ha obligado recientemente a las organizaciones indígenas del Pacto de Unidad a interponer una acción de amparo por falta de consulta previa contra el D.L. N° 1333.
Conclusión
De acuerdo al análisis realizado concluimos en:
1.- El Decreto Legislativo N°.-1333, a través de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 contiene serios vicios de inconstitucionalidad e ilegalidad al contravenir la Constitución de 1993, Tratados Internacionales como el Convenio 169 de la OIT; y distintas normas nacionales como leyes, decretos supremos, legislativos y resoluciones ministeriales.
2.- El Decreto Legislativo N°.- 1333, que crea el APIP, un ente ad hoc, para el saneamiento físico legal de tierras que serán entregadas a proyectos de inversión priorizados, constituye una amenaza a las tierras y territorio de los pueblos indígenas. En tanto más de un tercio del territorio nacional son de propiedad y posesión ancestral de los pueblos indígenas, por consiguiente muchos de los proyectos serán realizados en sus territorios. En consecuencia esta norma en la medida que afecte a estos derechos debió pasar por un proceso de consulta y consentimiento previo, libre e informado, según la Ley 29785, Ley de consulta y su reglamento; sin embargo ni siquiera se contó con algún tipo de participación de organizaciones indígenas para su diseño.
3.- El Decreto Legislativo N°.- 1333, que crea el APIP y las diversas funciones que se le otorgan generaran una grave inseguridad jurídica sobre los derechos de propiedad y posesión no solo de los pueblos indígenas sino de todas y todos los peruanos; lo que traerá mayores conflictos sociales y territoriales allí donde exista un proyecto de inversión.
4.- A pesar de los esfuerzos del Ministerio de Economía por salvar el D.L N° 1333, y analizando las propuestas de modificación; jurídicamente no cambia el contenido y espirito de la norma, en vista que de los nueve artículos y siete disposiciones complementarias, la mayoría de ellas exceden las facultades, contravienen la normativa de la materia y en algunos casos son artículos inconstitucionales.
Recomendaciones:
1.- Al Congreso de la República en pleno, recomendamos que se ratifique la derogatoria sobre esta norma hecha por la Comisión de Constitución y Reglamento del mismo Congreso. Con 13 votos a favor, 1 abstención y 1 voto en contra.
2.- Al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Economía y Finanzas y la Agencia de Promoción de la Inversión Privada-PROINVERSIÓN; que con la finalidad de facilitar el acceso a predios para proyectos de inversión, indirectamente buscan debilitar los estándares mínimos de protección de derechos territoriales de los pueblos indígenas, recomendamos que todo acto u omisión realizada por dichas instituciones del Estado se haga en estricto cumplimiento de las normas nacionales e internacionales de derechos humanos de los pueblos indígenas.
Notas
[1] Informe Jurídico elaborado por el autor del artículo ha pedido del Pacto de Unidad de los Pueblos Indígena.
[2] Ver informe Tierras Comunales: Más que preservar el pasado es asegurar el futuro, El estado de las comunidades indígenas en el Perú, Informe 2016. http://www.ibcperu.org/wp-content/uploads/2016/05/Informe-2016-TIERRAS-COMUNALES_lg.pdf
[3] Ver en Servindi: El quinto paquetazo normativo o la expropiación sin límites. https://www.servindi.org/actualidad/140918
[4] Sistema de Información de Comunidades Campesinas del Instituto del Bien Común y CEPES.
- Luis Hallazi es abogado y politólogo, especialista en derechos humanos.

jueves, 6 de abril de 2017

Perú un país embarrado por la desigualdad

Estamos aún en medio de la catástrofe del llamado “Niño Costero”. Las últimas cifras que ha reportado el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) señalan que la lista de fallecidos se elevó a 97 personas, más de 20 desaparecidos, 124,161 personas damnificadas, 14,301 viviendas colapsadas; 813,239 mil afectados(1). Es probable que las cifras se incrementen para finales de abril, que es cuando se espera que las lluvias cesen y el fenómeno climático termine. Más allá de esas cifras frías como un tempano, debemos ser honestos con lo que cada día vemos y escuchamos en las redes y medios de comunicación desde nuestro cómodo sofá: Detrás de cada persona que sufre dramáticamente este desastre, está el rostro de la desigualdad social y económica de este país.
Vivimos dentro de un Estado que nos castiga dependiendo de nuestro origen, condición o lugar donde vivamos; sino preguntémonos ¿quiénes son los pobladores que viven en las quebradas inactivas, ahora arrasadas por los huaicos?, ¿cómo es que se asentaron en tierras tan arriesgadas?, ¿de qué material precario están construidas sus viviendas?, ¿cuentan con servicios básicos como agua potable, alcantarillado, atención sanitaria digna?, ¿cuál es la calidad de la educación que reciben sus niños y niñas? Se calcula que el 60,9 % de la población peruana está en situación de riesgo y vulnerabilidad frente a fenómenos naturales(2); más de 3.5 millones de viviendas son de material precario(3), 2.5 millones carecen de alcantarillado(4) y 7 millones de peruanos no tiene acceso a agua potable segura. La causa la encontramos en la enorme brecha de desigualdad entre los privilegios que tienen algunos, en detrimento de los mínimos derechos que son negados a la gran mayoría de peruanos.
La furia de la naturaleza se ha encargado de desnudar la precariedad de nuestro Estado, además de mostrar la irresponsabilidad, negligencia y en algunos casos delictuosidad de sus autoridades(5). La organización política de nuestro Estado, en gobierno nacional, regional y local, dejó en evidencia la inexistente coordinación y desarticulación entre los niveles de gobierno, si no veamos cómo el alcalde de Huarmey(6) tras la inundación de su localidad por tres días, se vio obligado a trasladarse a Lima e interrumpir una conferencia de prensa del presidente para solicitar ayuda o el caso de varios ministros haciendo la vez de gobernadores regionales en los lugares de desastre(7).
Lo cierto es que los últimos gobiernos nacionales, han reconcentrado el poder político y económico, señalando la falta de “capacidad de gestión” en las regiones y bajo esa justificación han tomado las grandes decisiones sobre territorios y recursos que no les competen; todo esto en función de la imposición de un modelo de desarrollo económico desde el centro a la periferia, logrando el fracaso de la descentralización.
Si a ello le agregamos que nuestras autoridades han prescindido de instrumentos de gestión como la planificación estratégica y el ordenamiento territorial, entonces podemos entender mejor la magnitud de los daños; puesto que estos instrumentos buscan contribuir a la reducción de la vulnerabilidad humana y orientar la ocupación del territorio a partir  de intervenciones que reduzcan el riesgo de desastre. Sin embargo, la situación actual es producto de tres décadas sin planificación, ni articulación de planes sectoriales y regionales. El crecimiento de las principales ciudades en este país no se planifica, solo se ocupa desordenadamente, creando grandes cinturones de asentamientos humanos; dicha ocupación muchas veces producto de invasiones, son sospechosamente saneadas “legalmente” por la autoridad competente sin cumplir las mínimas condiciones de habitabilidad.
Hay un ejemplo concreto que engloba la lógica de un Estado desigual y sin planificación. El 2013 finalizó el ciclo de altos precios de las materias primas que exportamos, con ello llegó el estancamiento económico, el PBI empezó a decrecer y esto a alarmar al gobierno de turno. La decisión para reactivar la economía fue bajar y, en algunos casos, eliminar estándares de protección de derechos sociales y ambientales. Se aprobaron decretos, leyes y políticas para seguir esa lógica; una de esas normas fue la aprobación de la Ley 30230, que, en su artículo 22, limitó la Política Nacional de Ordenamiento Territorial a una decisión del gobierno central, desmantelando así lo poco avanzado en planificación por los gobiernos regionales y locales. ¿Por qué lo hizo? porque el gobierno central vio en riesgo la exclusión de proyectos extractivos, reforzando de esta manera la lógica de un Estado que busca beneficiar a unos pocos, incluso a costa de la planificación y ordenamiento del territorio.
La falta de planificación y desigualdad son un mal endémico en nuestro país, están íntimamente relacionadas, pero ningún gobierno en toda la historia republicana parece haberle prestado interés. A pesar de que la última década se haya tenido un superhabit fiscal que difícilmente se podrá repetir, el Estado no se inmuto ni por planificar, ni por acortar las diferencias entre ricos y pobres; si más bien se ocupó por las cifras macroeconomía (PBI, tasa de interés, balanza de pagos) y sobre todo los incentivos normativos a la inversión para tener mayor competitividad, todo esto visto como un fin en sí mismo.
Si bien es cierto que hubo resultados que redujeron el índice de pobreza monetaria(8) logrando pasar de más del 50% de pobreza en 2004 a menos el 23% en 2014(9), olvidándose de combatir la  extrema desigualdad que se fue ensancho en la misma proporción del crecimiento económico; en el 2004 un poblador rural tenía el doble probabilidades de ser pobre que el urbano, hoy esa probabilidad es triple(10); de la misma forma los habitantes de Huancavelica tienen cinco veces más probabilidades de pobreza y desigualdad que un habitante promedio de Lima.  
Hasta antes de que se produjeran los desastres naturales, el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski seguía en la misma lógica de gobiernos anteriores: la obsesión por el crecimiento económico ilimitado. Sin embargo los desastres nos han demostrado que si queremos modernizar el Estado, no es suficiente crecer con un promedio de 6% entre  2005 al 2013, ni de triunfalismos como el llamado “Milagro peruano”; tenemos que empezar a planear el país que queremos, uno que tenga capacidad de respuesta ante grandes emergencias, porque las probabilidades de fenómenos climatológicos serán frecuentes, pero además debemos atacar la terrible desigualdad económica y social que existe entre peruanos y peruanas. Queda eso, o que persista la fórmula de los últimos 25 años, donde el Estado bajo un modelo económico neoliberal, deja a la mayoría de peruanos a expensas de los desastres naturales. Total, como dicen sus ideólogos el mercado otorga lo que cada uno se merece.
Notas: 
(2) Ver Informe de Evaluación Global sobre la Reducción del Riesgo de Desastres (GAR) por las Naciones Unidas: http://www.preventionweb.net/english/hyogo/gar/2015/en/gar-pdf/GAR2015_SP.pdf
(3) INEI 2015 Condiciones de vida en el Perú, Informe Técnico N°.-2- junio 2015.
(4) Defensoría del Pueblo 2014. El derecho humano al agua y saneamiento: el control del gasto público en la ejecución de infraestructura de acceso. Informe 170 Defensoría del Pueblo.
(5) En este análisis no vamos a referirnos a la variable corrupción que está íntimamente relacionada con el colapso de la infraestructura a raíz de los desastres, donde los alcaldes tienen mucha responsabilidad siendo el caso de Lima metropolitana es el más escandaloso.
(8) La pobreza monetaria es aquella situación en la que el nivel de ingreso o consumo de una persona es inferior a una canasta de bienes y servicios esenciales.
(9) INEI 2015 Informe Técnico: Evolución de la pobreza monetaria 2009-2014 Instituto Nacional de Estadística e Informática, Lima.
(10) Reporte de Oxfam América, 2015. Para no retroceder, realidad y riesgo de la desigualdad en el Perú. Documento de Trabajo Perú N°.- 1/octubre 2015. 
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*Luis Hallazi es abogado y politólogo, investigador en derechos humanos.

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