viernes, 30 de mayo de 2014

Seguridad territorial y consulta previa para los pueblos indígena


Una de las lecciones que nos sigue dejando la incapacidad institucional de implementar el derecho a la consulta previa para los pueblos indígenas en el Perú, es que una ley no puede reemplazar un vacío en la política nacional, la cual está basada en el olvido de las comunidades campesinas y nativas, las que son vistas con la simplicidad y discriminación de ser solo poblaciones empobrecidas. Ese vacío que a lo largo de la historia muchas veces ha sido intencional por parte de los Gobiernos de turno, ha ido generando una creciente inseguridad en los territorios de dichas comunidades, mientras por otro lado, los últimos  Gobiernos van realizando todos los esfuerzos que buscan promocionar la inversión a través de la concesión de territorios, para la explotación de recursos naturales, que en la mayoría de casos están superpuestos a las tierras de los territorios de las comunidades indígenas.

La Ley y Reglamento de consulta previa a partir de su vigencia (03-04-2012) buscaba abordar situaciones concretas que surgieran después de la publicación de dichos instrumentos, es así que a partir de los nuevos pedidos de concesiones en hidrocarburos, minería, concesiones forestales, proyectos de infraestructura, hidroeléctricas, etc., se aplicaría el procedimiento de consulta previa, buscando alcanzar un acuerdo o consentimiento respecto a la afectación a sus derechos o intereses de dichas poblaciones indígenas. Hasta ahora, el Gobierno no sabe para qué sirve este derecho, se han excluido a las comunidades campesinas de los procesos de consulta en proyectos mineros y se ha ignorando que antes de esta norma, estaba el mandato de un Tratado Internacional como es el Convenio 169 de la OIT, que obligaba a realizar la consulta desde febrero de 1995; pero en el fondo de todo esto, se ha ignorado también que la finalidad última del derecho a la consulta de base  procedimental es justamente para garantizar la seguridad de la tierra en los territorios de poblaciones indígenas. Sin embargo,  no hay pues, una política de Estado que garantice y promueva de manera efectiva la propiedad comunal, el saneamiento y titulación de los territorios de comunidades campesinas y nativas e incentive el libre desarrollo de esas comunidades a pesar que hay leyes que así lo obligan.

Al otro lado de la moneda observamos que existe una entusiasta política de concesiones de recursos naturales, con procedimientos sencillos y flexibilización normativa para promover las inversiones, tal es así que según los datos del Ministerio de Energía y Minas y Ministerio de Agricultura alrededor del 23% del territorio nacional tiene contratos de hidrocarburos, el 15% están sujetos a concesiones para las actividades mineras, alrededor del 6% son concesiones forestales, el 0.75% concesiones de conservación privada, sin contar con proyectos de infraestructura, hidroeléctricas y otros[1]. Se estima que más de la mitad del territorio nacional esta concesionado y a su vez, la gran mayoría de estas concesiones están superpuestas con territorios de comunidades campesinas y nativas, comunidades ribereñas, centros poblados, reservas territoriales, áreas naturales protegidas. Un manifiesto caos territorial. Que por un lado vienen incentivando las políticas de concesión territorial para la extracción de recursos naturales, en perjuicio de dejar en el olvido políticas que protejan y promuevan la propiedad comunal que es uno de los rasgos más peculiares de esa civilización con que solemos hinchar nuestro pecho de incaica peruanidad.     
          
La irresponsabilidad del Estado durante toda la etapa republicana ha traído una  incongruencia en las políticas de protección y promoción de la propiedad comunal, paralizando actualmente los procesos de titulación comunal e incentivando la parcelación y la propiedad individual; aunque parezca inverosímil el Estado peruano no sabe con exactitud cuántas comunidades campesinas y nativas existen, los datos no coinciden entre Cofopri[2], la SUNARP y el INEI, por otro lado en este momento hay un gran lío en los criterios de identificación de pueblos indígenas (comunidades campesinas y nativas, rondas campesinas) por parte de Viceministerio de interculturalidad, los cuales obedecen a criterios que calculan en función de costo y beneficio que sería reconocer a determinado pueblo indígena. Como si esto no fuera poco, no existe un catastro rural integrado que permita visibilizar los perímetros de la propiedad de una comunidad, sus colindancias y superposiciones.

Las comunidades pues no pueden acreditar sus derechos colectivos bajo una presión cada vez más violenta sobre sus territorios, es en esa situación que la Ley y Reglamento de consulta previa pueden ser utilizadas para lo que le convenga a una política básicamente  neoliberal del actual Gobierno y si observamos los últimos treinta años, podemos considerar que se trata de una política de Estado que promueve la seguridad jurídica de las inversiones por encima de los derechos humanos de las comunidades indígenas. En conclusión tenemos un caos territorial que ha demostrado que no es suficiente la ley en mano, ni consulta previa que valga, para hacer frente a los diferentes intereses y conflictos eco-territoriales que cada vez más amenazan la gobernanza en las diferentes regiones de Perú.


*Articulo publicado en el Diario Los Andes, Rebelión y otros medios alternativos. 


[2] Ahora inexistente, pero recordemos que en un inicio la titulación de la propiedad rural estuvo a cargo de gobierno nacional a través del PETT y Cofopri para luego ser transferida a los gobiernos regionales el 2009 para que después vuelvo a retornar al gobierno central a través del MINAGRI donde actualmente se ha creado un Ente Rector para titulación de la propiedad rural aunque la ejecución sigue en los gobiernos regionales.

martes, 29 de abril de 2014

¿Unión Civil para la población LGTBI?*


El proyecto de ley de Unión Civil para ciudadanos LGTBI  ha traído consigo un desborde en debates, confusiones, disparates, aprendizajes y demás manifestaciones controvertidas pero a la vez necesarias si queremos empezar a tener una sociedad más solidaria. Además está siendo útil para observar cierto orden en las posiciones ideológicas. Gracias a este debate ahora podemos diferenciar entre discursos de liberales clásicos de una derecha conservadora neoliberal. Hemos visto pues como la Unión Civil, así como la despenalización del aborto divide a la derecha y en cierta medida está cohesionando a la izquierda, gracias a la influencia de la coalición electoral del Frente Amplio.
Sin embargo el grueso de nuestra población ha mostrado una carencia respecto al conocimiento de este tema, en gran medida por una falta de acceso a información suficiente que nos permita tener una opinión medianamente razonable, eso hace que dificultosamente podamos entender e incluso diferenciar entre comunidades lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales; colectividades que están representadas en el imaginario social peruano de forma negativa, considerados “los otros y otras” desviados de la “moral sexual”, puesto que la educación de nuestra sexualidad, en la mayoría de peruanos, ha sido influenciada por la iglesia católica y la televisión peruana, cuyos logros básicamente han sido crear un tabú y hacer una parodia de la población LGTBI. De ahí que la encuestadora Datum Internacional demuestre que en el supuesto negado de realizar un referéndum (los derechos humanos no son sujeto de referéndum) el 73 % de los encuestados votaría en contra de la unión civil y el 23 % estaría a favor[1].
Afortunadamente la regla de la mayoría, no es suficiente para reconocer las libertades e igualdad de los derechos humanos en un sistema democrático; por eso una vez que todos y todas hayamos opinado es necesario sentarse a reflexionar e ir al fondo de lo que discute el proyecto de ley. Y es claro, en la exposición de motivos del proyecto se pide que reconozca legalmente la Unión Civil entre personas del mismo sexo, lo cual constituiría un paso para reconocer a la población LGTBI como sujetos de discriminación histórica y que su afirmación como institución legal, sería un aspecto importante para revertir esta vulneración de derechos fundamentales. En la práctica significa reconocer la constitución de un régimen de sociedad de gananciales, así como también la posibilidad de la separación patrimonial, establecer los derechos sucesorios, la pensión de supervivencia, así como visitas íntimas en centros penitenciarios, visitas a centros de salud y autorización de tratamientos quirúrgicos de emergencia; derechos que tenemos todas las personas heterosexuales por el mero hecho de contraer matrimonio civil.
Entonces, deberíamos estar de acuerdo que existe una situación de desigualdad respecto a la población LGTBI en el reconocimiento de estos derechos. Por ejemplo no pueden heredar entre sí sus patrimonios de manera plena, no pueden acceder a la pensión de jubilación o a al seguro de salud del otro, ni pueden decidir sobre la salud del otro en situación de emergencia, etc. Por tanto se encuentran afectados en su derecho a la igualdad y la no discriminación reconocida constitucionalmente en el artículo 2 además de diferentes convenios internacionales que protegen a las personas contra la discriminación por razón de orientación sexual. Por otro lado el proyecto de ley ha tenido un dictamen favorable del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos así como la Defensoría del Pueblo; ahora está en manos de la Comisión de Justicia del Congreso, donde paradójicamente se someterá a esas “trampas de la mayoría”, puesto que habrá una votación para que pase o no a ser discutida en el pleno del Congreso. El pronóstico sinceramente no es alentador, pero más allá de ello el debate se ha venido a quedar y nos está dejando importantes lecciones a distintos niveles sociopolíticos.  
Sin duda que en el Perú algo está cambiando, no solo en la sociedad limeña como se suele creer, sino en todas las regiones, ese cambio está yendo de la mano de gente joven,  sencillamente porque de lo que se está hablando es de un cambio impostergable que afectara en el futuro de las relaciones personales y las maneras de entender el amor y la solidaridad en nuestra sociedad.

*Publicado en el Diario Los Andes, América Latina en Movimiento y otros medios impresos y digitales

domingo, 30 de marzo de 2014

Desigualdad económica y desborde popular (II)

ALAI, América Latina en Movimiento

2014-03-25

Luis Hallazi Méndez
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Hace unas semanas analizamos el crecimiento de la desigualdad económica, no solo en los llamados países emergentes, donde se ha dado un sostenible crecimiento económico; sino también en los países industrializados. Lo abordamos desde sendos informes de organizaciones de la sociedad civil (Oxfam y TNI) para después situarlos en la realidad peruana, uno de los países que más viene ampliando esa brecha de desigualdad económica y social.
Ahora retomamos este análisis desde los recientes informes del conservador Fondo Monetario Internacional FMI[1], el cual reconoce que en los últimos años, se ha observado la agudización de las desigualdades y además plantea la necesidad de redistribuir los ingresos provenientes del “crecimiento económico sostenible” el cual, sugiere debería ser contenido mediante instrumentos fiscales efectivos. De la misma manera la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), organismo intergubernamental que actualmente agrupa a 34 países miembros, conocidos también como el “club de los países ricos”, acaba de publicar su informe Panorama de la sociedad 2014[2] donde Chile y México, únicos países miembros latinoamericanos, “destacan” por ser los que mayor brecha de desigualdad presentan, en razón de los ingresos entre el 10 % más rico y el 10 % más pobre, medido por el coeficiente de Gini.
 
Parece que empieza a haber algunos consensos sobre desigualdad económica entre los resultados de los distintos informes. A pesar que irónicamente sean estos mismos organismos los que en su momento se encargaban de dictar recetas económicas que impedían la redistribución de ingresos y afectaban las políticas sociales. Lo cierto es que hasta ahora, no existe ninguna garantía para detener ese abismo que se va ensanchando, donde el 1% de la población disfruta de la mitad de riqueza que se produce, mientras el 99% se disputa la otra.
El debate sobre la desigualdad económica se vino a quedar y uno de los aportes académicos más interesantes se desarrolla en el libro “Capital en el siglo XXI” del economista francés Thomas Piketty[3] quien ha señalado, por ejemplo, que el capitalismo y la democracia son conceptos que no van bien juntos. Piketty va más allá y menciona que el capitalismo en los países modernos como en los emergentes los enfrenta a un dilema con los empresarios, puesto que estos son cada vez más dominantes sobre aquellos que poseen solo su propio trabajo, esa relación de dominio dentro de la lógica capitalista, vuelve a enfrentar algo sencillo y probado históricamente, cuando quienes deciden los salarios establecen su propio sueldo, no hay límite al que no puedan llegar.
Para  graficar ello Piketty toma el ejemplo de Eugène Schueller quien en 1909 inventa tintes para cabellos, los que serán la base de su fortuna a través de L’Oréal, en el 2013, su hija Liliane Bettencourt forma parte de las mayores fortunas mundiales, solo entre 1990 y 2010, su patrimonio pasó de 2.000 millones a 25.000 millones de dólares, es decir, una progresión media de 13% anual, a pesar de que ella nunca ha trabajado. La situación es clara, los ricos harán todo lo posible por aumentar su poder económico al menos que se empiecen a cuestionar de raíz esta injusticia y se tomen medidas como construir una autoridad pública adaptada al capitalismo globalizado de nuestro tiempo para controlar este desbarajuste y grabar las ganancias. De lo contrario según Piketty el capitalismo seguirá amenazando con generar desigualdades extremas que despierten más aún el descontento y socaven los valores democráticos.
Ahora, el ejercicio es simple, preguntemos quienes finalmente están concentrando ese poder económico y sometiendo las decisiones políticas a intereses mercantiles; quienes son los que ahora mismo van creando una arquitectura jurídica donde las leyes del comercio global están por encima de las normas de los derechos humanos. Parece estar claro, son las empresas transnacionales, sus propietarios, accionistas mayoritarios, técnicos alrededor; los cada vez más doblegan la frágil soberanía de las naciones.
Esta situación lo podemos comprobar con mayor claridad en Estados con deficiente   institucionalidad, como es el caso del Perú donde rápidamente se visibiliza la intervención de poderes económicos en busca de “proteger” las inversiones, y donde es posible incluso, cambiar las reglas de juego, flexibilizar las normas ambientales y precarizar los derechos básicos de la ciudadanía.
No debe sorprender entonces, que el resultado del celebrado crecimiento económico en Latinoamérica beneficie principalmente a los más de 100 latinoamericanos que ahora figuran en la lista de los más ricos del mundo según la revista Forbes[4], ni datos como aquel que refiere que la suma de las fortunas de los diez mexicanos más ricos supere el ingreso de toda la población mexicana[5] o que los ocho peruanos, que también figuran en dicha lista, acumulen más de 10.200 millones de dólares. A la vista de los datos, ¿guardará el capitalismo relación directa con la evolución histórica de la desigualdad económica?  
Luis Hallazi es abogado y politólogo, especialista en Derechos Humanos y en mecanismos para el ejercicio de un Derecho Transformador. Actualmente candidato a doctor por la Universidad Autónoma de Madrid. Contacto: luis.hallazi@gmail.com
Notas

lunes, 17 de febrero de 2014

Desigualdad económica y desborde popular (I)*

Cada año a final de enero se reúnen los principales líderes empresariales, políticos internacionales, periodistas e intelectuales “selectos” para analizar los problemas más apremiantes que enfrenta el mundo contemporáneo en el llamado Foro Económico Mundial de Davos. Para el evento instituciones de la sociedad civil preparan sendos informes para tratar de incidir en los debates y los compromisos a los que se lleguen. Paradójicamente, en esta oportunidad la mayoría de estas instituciones analizaron la alarmante desigualdad económica que se resume en ese 1% que concentra la riqueza mundial (muchos de ellos asistentes a Davos) y el resto de población, expectante ante  las decisiones por tomar de una metástasis del tejido social cada vez más peligrosa.

“Gobernando para las elites: secuestro democrático y desigualdad económica”[1], es uno de los informes, publicado por Oxfam que da cuenta de ello, advirtiendo que este problema no solo afecta a la reducción de la pobreza extrema, ni a la agudización de las fracturas sociales, sino también repercutiría negativamente en el crecimiento económico a futuro. Lo cierto es, que si no se trata de revertir esta situación, las consecuencias pueden ser catastróficas dependiendo de la región donde nos ubiquemos, donde el desborde popular llegaría a ser incontrolable para una clase política demasiado cómoda al servicio de los intereses de ese 1%. Latinoamérica no es la excepción, más bien es la región que mejor describe la magnitud del incremento en la concentración de la riqueza, que está generando mayor monopolización de oportunidades en manos exclusivas de una elite que transmite sus beneficios en linaje directo. 
Pero, ¿a quién nos referimos con ese 1%? Transnational Institut- TNI, un centro de análisis y critica global, en su tercer informe “Estado de Poder”[2], elabora una lista de las 25 personas más ricas del mundo, con nombres y apellidos, demostrando que esas 25 personas se hicieron 9%  más ricas en el 2014 con relación al año anterior; personas de carne hueso que a través de empresas transnacionales han encontrado el ingenioso artificio para obtener cuantiosas ganancias de forma individual pero sin responsabilidad individual, generando distorsiones que posicionan a 37 de ellas como parte de las 100 mayores economías mundiales y ¡oh sorpresa! el 86, 5% de estas empresas tiene su sede en el mundo industrializado.
El razonamiento es sencillo, si anualmente se mueve un dinero X en el mundo, el 50% de ese dinero queda en las cuentas de personas como Carlos Slim, Amancio Ortega o el peruano Belmont Anderson dueño Belcorp; o también en las utilidades, listas para repartirse, de empresas transnacionales como Wall-Mart, Shell o Minas Buenaventura, personas individuales dueños de empresas y más personas que son accionistas de corporaciones, ambas son lo mismo y son las que constituyen menos del 1% de la población mundial. O si queremos verlo a la inversa: la mitad más pobre de la población mundial posee la misma riqueza que las 85 personas más ricas del mundo.
En el caso del Perú el celebrado crecimiento económico debe ser un jolgorio para las seis familias más ricas de este país, no referimos a los Belmont, Brescia, Rodríguez Pastor, Benavidades, Hochschild, Rodríguez Rodríguez; como lo ha corroborado la revista Forbes[3] que incluyo por primera vez, a 10 empresarios peruanos en el ranking anual de los hombres más ricos del mundo.
El Perú un país completamente dependiente de esos patrones político-económicos, con una Lima que alberga un tercio de la población total, es el ejemplo vivo de cómo va en aumento esa brecha de desigualdad económica, donde uno de sus reflejos son los altos índices de violencia urbana, una consecuencias más de la presión que se genera en la periferia o llamados cinturones de pobreza. Un país tremendamente diverso como desigual, donde además se sigue desarticulando una precaria cohesión entre sus comunidades culturales, donde clasismo, racismo y machismo son los ingredientes cotidianos para encender esa bomba de tiempo que puede llevar a una explosión popular. Lima sigue siendo la antítesis de la integración nacional y corre el riesgo de convertirse en un lugar cada vez más inhabitable, no solo por su geografía desértica y la inminente escasez de agua, sino también por su creciente e insostenible desigualdad social.

* Publicado en Los Andes, América Latina en Movimiento y otros medios)

jueves, 16 de enero de 2014

Pluralismo informativo y concentración de medios

ALAI, América Latina en Movimiento

2014-01-06

Peru

Luis Hallazi Méndez
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La última y opaca entrevista que diera el presidente Humala, fue razón necesaria para volver a traer al debate público, algo que por falta de cultura cívica de sociedad peruana, por poco pasa desapercibida y se normaliza; nos referimos al acaparamiento o concentración de medios de comunicación tras la compra del Grupo Epensa (Diario Correo, Ojo, Ajá, Bocón etc.) por parte del Grupo El Comercio .
La explicación a todas luces es más sencilla de lo que parece, Grupo Epensa propietario del 28% de medios de comunicación es comprada por el Grupo El Comercio dueña de aproximadamente el 50%, resultado, el Grupo El Comercio es propietaria actualmente del 78% de los medios de comunicación que se difunden en el país, algo inaudito en los principales mercados del mundo. A pesar que bajo estrategias comerciales fraudulentas se haya pretendido dar una apariencia distinta, dividiendo la línea editorial y la producción de contenidos de un lado y la impresión, comercialización y publicidad de otro. Como si finalmente los contenidos de dichos medios no estarían subordinados a factores económicos como ya la demostrado la línea editorial del Grupo El Comercio[1].
Por tanto, no existe la supuesta independencia de Epensa, para ello no hace más falta que leer los editoriales, en estos días de convulsión y pánico, de los diarios que contrala el Grupo El Comercio. Pero mejor aún, esto que claramente se ve como un acaparamiento o concentración de los medios de comunicación no solo se empezará a debatir entre los distintos actores de la sociedad sino además tendrá que ser resuelto o no, por el cuarto juzgado Constitucional de Lima, quien admitió a trámite la demanda de amparo que presentaron varios periodistas como Enrique Zileri, Rosa María Palacios, Augusto Álvarez Rodrich, entre otros, en contra del Grupo El Comercio y cinco integrantes de la familia Agois Banchero propietarios del Grupo Epensa, con el objeto de que se declare nula dicha compra.
¿Y por qué deberíamos estar interesados en lo que ocurra sobre estos hechos? Si nosotros nos acercamos al quiosco más cercano a nuestro hogar, pues seguro que nos encontraríamos con una colorida y numerosa plancha de diarios expuesta al público y que nos invita a la lectura; pues al llegar ahí deberíamos saber que el 78% de los periódicos que se exhiben contiene una sola línea editorial, eso quiere decir que existe un 78% de probabilidades que leamos una sola posición respecto a cualquier tema relacionado a la política, economía, sociedad o cultura. Con pocas posibilidades para una segunda opinión estamos condenando a nuestra sociedad a nutrirse de una sola fuente informativa, con mínimas posibilidad de debate, ni critica al respecto y sabiendo los antecedentes del Grupo El Comercio, esto es cosa grave; no nos olvidemos de las mentiras del diario El Comercio en las elecciones del 2011 o tan solo observemos la defensa manipuladora que está llevando sobre este tema actualmente. Sin duda que el resultado de este debate debe traer reglas claras para promover la diversidad de medios informativos que contribuyan a mejorar la democracia. Una sociedad sin pluralidad informativa en pleno siglo XXI es un contrasentido, pero además es una amenaza para una sociedad que aspire a ser más democrática y como parece advertirlo el presidente, es también una vergüenza si lo comparamos con otros países.
El derecho a la información y expresión es un derecho fundamental contenido en el artículo 2 inciso 4) de la Constitución, pero más allá del derecho subjetivo, son los medios de información los que concretizan tal derecho y si esos medios no responden a una sociedad diversa y plural como es la sociedad peruana, nos estamos haciendo un enorme daño, que pasa por fraguar nuestra memoria histórica y la identidad de nuestros pueblos, como ha venido ocurriendo; nuestro país no es solo como lo imagina y escribe la familia Miro Quesada, dueña del Grupo El Comercio.
De otro lado, en un contexto de pluralismo de derechos y valores dentro de una nación, es lógico que se pueda dar origen a diferentes conflictos de derechos, como se puede advertir en este caso respecto a la libertad de expresión e información frente a la libertad de empresa y de contratación (art.51 de la C.P), los cuales no son absolutos y pueden ser limitadas en aras de la protección de otros principios y derechos constitucionales o el bien común. En ese sentido es el derecho de competencia en su artículo 61, quien limita la libertad de contratación de los medios de comunicación, cuando menciona que dichos medios “no pueden ser objeto de exclusividad, monopolio, acaparamiento directo e indirecto por parte del Estado o particulares”, la realidad de los hechos lo verifica y afirma, los argumentos jurídicos parecen coincidir, sin embargo el poder judicial establecerá o no si hay acaparamiento según el entramado de las normas vigentes.
Finalmente lo demuestra el más común de los sentidos, el Grupo El Comercio al tener la propiedad del 78% de los medios de comunicación, incurre en acaparamiento de los mismos, lo cual limita la pluralidad de información y con este un derecho fundamental. Por otro lado la “ciencia” Jurídica podrá ratificar lo que a todas luces es vergonzoso y abusivo o también podrá argumentar a través de fórmulas confusas que dicha compra de Epensa es “legítima”. Lo que está en juego una vez más, es la vigencia de los derechos humanos en contraposición a los intereses de grupos económicos que cada vez buscan mayor poder factico en la sociedad peruana y es tiempo que el Grupo El Comercio se someta a un juicio histórico sobre el papel cumplido en la sociedad peruana en sus 174 años de vigencia.
Nota
[1] Solo hace falta verificar la reacción de la línea editorial del El Comercio en el caso del intento de compra de Repsol, la modernización de la refinería Talara, el caso de la protección de los pueblos en aislamiento voluntario Kugapakori, Nahua, Nanti y la explotación del Lote 88 del Gas de Camisea por dar unos ejemplos.
Luis Hallazi es abogado y politólogo, especialista en Derechos Humanos y en mecanismos para el ejercicio de un Derecho Transformador. Actualmente candidato a doctor por la Universidad Autónoma de Madrid. Contacto: luis.hallazi@gmail.com

miércoles, 11 de diciembre de 2013

Sueños del Abya Yala, realidades en La María Piendamó

ALAI, América Latina en Movimiento

2013-11-21

ALatina

Luis Hallazi Méndez

Clasificado en:  Política: MovimientosDerechosHumanos, |  Social: SocialIndigenaMujeres, |
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Los antecedes de la V Cumbre Continental de los Pueblos Indígenas, podemos hallarlos en la leyenda del Águila y el Cóndor: Cuentan los sabios ancianos y guías espirituales de culturas indígenas, que a inicios del tercer milenio ocurriría una gran reunión entre las gentes del norte, que es del Águila y las gentes del sur que es del Cóndor. Está daría como resultado una alianza de colaboración que buscaría establecer una alternativa real a la actual humanidad. El lugar del primer encuentro entre el Águila y el Cóndor, fue Teotihuacán que en náhuatl significa ciudad de los dioses, donde hoy se encuentra las ruinas del mismo nombre, al norte de Ciudad de México. Esta I Cumbre se realizó en octubre del año 2000 y desde ahí se han  repetido encuentros que han intentado reconstruir la memoria histórica y rescatar la sabiduría ancestral de los pueblos indígenas, pero además proponer alternativas a la actual crisis civilizatoria.

Se dice que no hay cultura sin horizonte mítico y es precisamente a través del mito que podemos empezar a entender la verdad de los pueblos indígenas, en la complejidad de este mundo contemporáneo, donde prima la razón y ciencia [1]. Desde ese mito es que analizamos la realidad de los pueblos indígenas que necesariamente debe contraponerse al pensamiento racional, no para impedir su entendimiento sino para avanzar en él. Por tanto, es posible sustraer esa realidad de la Declaración de la V Cumbre [2].

Allí en su primera parte, se señala de manera enfática que en estos tiempos, el único paradigma por el que la mayoría de países han apostado es el modelo económico neoliberal. Desde ese modelo se han articulado distintos mecanismos que imponen políticas de despojo y saqueo de los bienes comunes, no solo de los pueblos indígenas sino del planeta; mecanismos que buscan la legitimidad mediante una ecuación jurídica como por ejemplo, los Tratados de Libre Comercio (TLC), los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) y todas aquellas fórmulas jurídicas que buscan legitimar la injusticia. De tal manera que se ha venido construyendo una arquitectura normativa que busca garantizar el poder económico de las inversiones, patrimonio de pocas personas, dueños de empresas multinacionales, poseedoras de un poder fáctico para ordenar, disponer y controlar a bloques regionales, Estados o cualquier otra fuerza que se interponga en ese afán de acumulación.

En ese sentido, más de cuatro mil delegados y delegadas indígenas, además de otros colectivos solidarios con el movimiento indígena, llegaron desde distintos rincones del Abya Yala -palabra del pueblo Kuna que significa tierra de sangre vital[3]-  para que en dicho territorio se dispongan a recrear un espacio de paz, convivencia, diálogo y negociación como se ha bautizado al Resguardo de La María Piendamó. Este territorio del pueblo Misak fue cedido, a fines de los noventa,  para que el Gobierno colombiano y las FARC se sentaran a negociar la búsqueda de una Paz formal que recién ahora empieza a ser posible, pero que aún está lejos de ser real; en vista que al mismo tiempo que se desarrollaba la V Cumbre, dos hermanos indígenas eran asesinados, uno de ellos un guía espiritual indígena. Los trágicos hechos hacían recordar aquellos asesinatos selectivos de la época de la santa inquisición y que, hoy, en Colombia son los efectos de una estrategia militar que tampoco parece tener fin.

¿Quién puede dudar a estas alturas que los pueblos indígenas han sido y siguen siendo las principales víctimas de la violencia de cualquier frente, sea Estatal, paraestatal, guerrillero y ahora económico; y que la impunidad es la continuidad de esas políticas, a la que la comunidad internacional tampoco ha podido dar freno? No hace falta más que revisar los periódicos y ver quiénes son las víctimas de los conflictos socioambientales o remitirse a las estadísticas del Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú, para saber que el 70% de la totalidad de víctimas del conflicto armado fueron indígenas quechua hablantes[4] o peor aún, ver el caso del pueblo Maya que constituye el etnocidio más brutal de América Latina: más de 200 000 mil asesinatos, cerca del 80% correspondientes a indígenas mayas[5].  Para ser conscientes que nuestros tiempos no son precisamente los de Paz, ni de condena a los crimines contra la humanidad, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala acaba de anular la condena por ochenta años de prisión al dictador Efraín Ríos Montt por el genocidio al pueblo Maya[6].

Este espacio es vital para poder realizar un balance de los últimos cuatro años.  Los pueblos del Abya Yala se congregaran por última vez el 2009, a orillas del Lago Titicaca, llegando a parecidas conclusiones: la necesidad de trascender las declaraciones y pasar a acciones más directas, encaminadas a impactar en los Estados nacionales. Si bien el movimiento indígena aún está lejos de consolidar acciones de libre determinación, salvo excepciones como la que se ejerce en territorio zapatista, la mayoría de pueblos indígenas sigue optando por reafirmarse en la resistencia contra el  avance violento de la política económica extractivista. Promovida por empresas multinacionales y facilitadas por los Gobiernos, estas políticas sostienen acciones tan antidemocráticas como: la usurpación de territorios, sin procesos de consulta para el consentimiento, la militarización de territorios en caso de oposición por parte de la población, la criminaliza de líderes y penalización  del derecho de protesta y movilización como una acción en legítima defensa de su espacio de vida (territorio y recursos naturales) y sus derechos colectivos e individuales.[7]

La resistencia que se libra ante los aparatos estatales uninacionales, utilizados como vehículos para la arremetida de las  empresas transnacionales; está siendo una lucha cruenta que actualmente ha debilitado a diferentes organizaciones nacionales indígenas, bajo distintas estrategias. La llamada neocolonización de los mercados transnacionales cumple bien su tarea al momento de homogenizar a sus opositores y convertirlos en potenciales consumidores. Por tanto, no es suficiente con reafirmarse en dicha defensa del espacio de vida, ni tan solo fortalecer y reinventar estrategias de resistencia frente al modelo económico neoliberal y extractivista; es urgente acciones más concretas, propuestas políticas, económicas, jurídicas y culturales que empiecen a dar resultados, aunque muchas ya se han activado, aun no son gravitantes en sus logros (judicialización de derechos indígenas). Un paradigma alternativo podría crear condiciones que frenen esa locomotora económica que arrasa con todo derecho, lo que daría oxígeno para empezar a equilibrar la situación actual.

La V Cumbre ha avanzado en esas propuestas, cuando se refiere al ejercicio del derecho propio, del derecho mayor o también llamado consuetudinario. Ese ejercicio se ha materializado con la conformación de las llamadas guardias indígenas en Colombia, que están permitiendo tener el control de territorios sumamente violentos, al igual que sucede con los guardianes de las lagunas contra el proyecto de Conga en el Perú. Pero el ejercicio del derecho propio, va más allá y abre diferentes puertas que incluso aportan a la deconstrucción del mismo Derecho. 

Estas propuestas son complementadas con la construcción de Planes de Vida y Buen Vivir en cada uno de los pueblos y nacionalidades indígenas, respetando la identidad de cada pueblo, lo que los Estados-Nación no han podido construir a través de sus políticas públicas homogenizadoras.  La educación propia juega un papel importante en ello, es la educación y espiritualidad de los pueblos la que debe de ejercerse desde los mismos territorios, para evitar que la niñez y juventud se desvinculen de su identidad, del territorio y su futuro. Quizás el talón de Aquiles del movimiento indígena y de cualquier otro movimiento social, es la articulación de un sistema económico propio de los pueblos indígenas. Sin embargo, empiezan a dibujarse algunas iniciativas a través de las cooperativas comunitarias y la revitalización de otras formas de comercialización como el trueque.  Sin duda el gran reto es poder establecer alternativas económicas que desde un campo marginal vayan extendiendo sus redes hasta articular con otras experiencias de movimientos aliados contrahegemónicos.

Las Marías de Piendamó

Son todas esas mujeres indígenas, dispersas en territorios del Abya Yala, contra las diariamente se reportan acciones violentas por parte de sus mismo compañeros, los miembros de sus comunidades o por el propio modelo neoliberal y sus lógicas para alimentar esa máquina que todo lo engulle. Las mujeres indígenas son símbolo no solo de resistencia, puesto que ellas no se conforman con resistir,  sino más bien de la capacidad para la construcción de una verdadera alternativa a este modelo de desarrollo que les permita emanciparse. Tras ese reto estuvieron más de 2000 mil mujeres indígenas que se dieron cita en la II Cumbre Continental de Mujeres el 11 y 12 de noviembre, donde además de dar testimonio de resistencia, hubo propuestas para que se fortalezcan y puedan enfrentar la violencia contra sus cuerpos, la discriminación por razón de género, el racismo y las desigualdades que diariamente sufren.

La María Piendamó, sus Marías y el relato de sus vidas, podría reflejar el realismo mágico de Macondo que en “Cien años de soledad”, retrató realidad de lugares insospechados, de gentes que han vivido en soledad, aisladas del resto del mundo, con esporádicos contactos. En la María de Piandamó la mayoría de esas mujeres indígenas de una u otra manera, han sido víctimas de violencia, de una sociedad dominante que siempre las ha buscado para su despojo. La mujer indígena podría representar también a la Pachamama, pero muchos de ellas se resisten a metáforas esencialistas que finalmente le den más carga para desarrollar sus propuestas, ellas prefieren ejercer una crítica directa al patriarcado ancestral que también se encuentra en la mayoría de pueblos indígenas.   

En ese sentido, uno de sus acuerdos fue conformar la Coordinadora Continental de Mujeres Indígenas del Abya Yala, estructura  que les permite tener mayor margen de acción. Exigen también, una participación paritaria /dual /complementaria (hombre-mujer) para garantizar el ejercicio y equilibrio de poder como autoridades indígenas y la participación en igualdad de condiciones. De la misma forma como el reconocimiento de la violencia interna al proponer que las autoridades o miembros que tengan antecedentes de violencia contra las mujeres, las niñas y niños, así como problemas de alcoholismo y drogadicción, no sean aptos para ejercer un cargo.

La juventud indígena también tuvo su oportunidad para fortalecer sus procesos; en tal sentido propuso la creación de un consejo de coordinación de jóvenes y planteó la realización de la I Cumbre Continental de Jóvenes del Abya Yala, conjuntamente con la VI Cumbre que se realizará en el territorio de los pueblos indígenas de Honduras. Otra propuesta fue promover una Minga Indígena Continental por la Vida Plena y el Buen Vivir. Pero al mismo tiempo que los jóvenes indígenas se reafirmaban en luchas históricas, agregando que son los hijos de esa primera generación del movimiento indígena de los noventa, proponían cuestiones prácticas.  Muchos de ellos se desarrollaban en el campo de las comunicaciones, todos y todas los jóvenes era comunicadores en potencia, que iban informando los detalles de la V Cumbre. Sin duda, el papel de los comunicadores indígenas que también se dieron cita en La María Piendamó, será trascendental en el futuro del movimiento.

Desde la I Cumbre Continental en Teotihuacán México pasando por la II Cumbre de Kito en Julio del 2004, se ha alertado sobre los principales problemas que afronta la civilización. La III Cumbre en territorio Maya de marzo del 2007 llamó a acciones más concretas que permitiesen la reacción de los Estados-Nación. La respuesta a ello ha sido agudizar las políticas económicas neoliberales, hasta llegar a IV Cumbre en Puno, donde incluso se propuso pasar de la resistencia al poder.

La V Cumbre trajo una vez más, muchas buenas intenciones en una mistura de colectivos dispuestos a compartir y reafirmar su lucha por las demandas indígenas que son sin duda una alternativa al modelo imperante; donde los comunicadores de distintas partes informaron cada acto, artistas recrearon murales con los rostros de todos los pueblos, grupos de danza bailaron al ritmo de la música indígena de la región, artesanos compartían sus telares; todos y todas daban vida hilando y tejiendo alternativas.

Sin embargo, es momento de evaluar objetivamente el desarrollo de estas reuniones sus logros, limitaciones y retos. Tomo las palabras de los guías espirituales indígenas, también reunidos en La María, llamando a los líderes políticos indígenas a acercarse a dicha espiritualidad, abandonar la soberbia y resistir también una alienación cultural inminente. Si hay algo que fue contundente para los distintos colectivos reunidos allí, fue que el motor del movimiento indígena, hoy por hoy, es la amalgama entre la espiritualidad indígena y la mujer como fuerza del presente y futuro; si se permite su paso quizás aquella profecía que habla del vuelo del águila y del cóndor juntos, sea la senda de la Paz, de la sanación y del equilibrio que necesita no solo el movimiento indígena sino la humanidad.

Luis Hallazi es abogado y politólogo, asesor de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas-CAOI, especialista en Derechos Humanos y en mecanismos para el ejercicio de un Derecho Transformador. Actualmente candidato a doctor por la Universidad Autónoma de Madrid. Contacto: luis.hallazi@gmail.com
Notas
[1]  Gadamer Hans Georg, Mito y razón, Editorial Paidós, 1997 - 133 páginas
[3]  López Hernández, Miguel Ángel (2004). ). Quito, Ecuador: Ediciones ABYA YALA. p. 4
[4] Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación http://cverdad.org.pe/ifinal/
[5] Alto Comisionada de las Naciones Unidas. http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=26435#.Uo1O1dJyE1Y
[6] El Periódico, Anulan sentencia emita contra Ríos Montt 21-05-2013: http://www.elperiodico.com.gt/es/20130521/pais/228570/
[7] Extraído de las Conclusiones de la V Cumbre Continental de los Pueblos Indígenas.