Reflexiones en torno a la "política de la presencia"

Como Anne Phillips menciona, en las democracias contemporáneas las tres categorías más acusadas de exclusión política están referidas al género, la etnicidad y la clase; ante ellas y exclusivamente ante la necesidad de una representación más igualitaria de acuerdo a los grupos culturales distintos, es que nos preguntamos: ¿Por qué la configuración parlamentaria en torno a la política de la presencia han dado tan pocos resultados?Para responder a esta cuestión es necesario tener en cuenta las dificultades de la definición del concepto de representación política. Como bien lo precisa Pitkin, el concepto de la representación desde Hobbes hasta la actualidad tiene concepciones diferentes como son la representación equiparada a autorización, la representación identificada con el sometimiento a una rendición de cuentas, la representación descriptiva en correspondencia a la designación del representado, la representación simbólica de identificación emocional o la representación sustantiva para actuar en beneficio de otro.Nos vamos a centrar en la representación descriptiva o lo que se ha llegado a denominar “política de la presencia”, es decir a quién elegimos para que nos represente en el parlamento. Desde nuestra región la perspectiva, cuanto menos, debería tener en cuenta prioritariamente los siguientes aspectos: - Reconocer una discriminación histórica.- Garantizar la presencia de los colectivos que han sido excluidos.- Otorgar relevancia simbólica, reconocimiento político e inclusión. - Procurar la defensa de los intereses específicos del colectivo.- Abrir la agenda a temas ¿de identidad cultural? no tratados.La problemática frente a la que nos posicionamos es compleja. Una región como la que estudiamos en la que los sectores históricamente segregados se han visto casi siempre relegados al momento de la asignación de escaños parlamentarios, o que cuando han conseguido alguno, los elegidos o las elegidas no han cumplido con hacer realidad las más mínimas exigencias de un sector visiblemente excluido; da razón a lo que refiere Pitkin cuando señala que la correspondencia pictórica no consigue registrar el subsiguiente desarrollo de la democracia representativa y, además, agrega que la mayoría de las veces esto desvía la atención, peligrosamente, de lo que en realidad hacen los representantes, es decir que presumiblemente uno se preocupe más de la composición que de las actividades que desempeña las autoridades elegidas. Por ello, se debe también prestar atención a los mecanismos de actuación y al subsiguiente seguimiento después de la actuación; es por eso que se deben reforzar los medios de receptividad de las autoridades y su disposición a responder (rendición de cuentas).La reflexión que genera el sentirse representados en un Estado unitario es compleja; pero sin dudas que un ejemplo emblemático son las cuotas de género que están más desarrolladas en las democracias occidentales donde existe una reserva cada vez más creciente de escaños para representantes de género. En el mismo Estado peruano estas medidas han sido implementadas desde las normas estatutarias de los partidos políticos, pero es verdad que la extensión de esta propuesta a la representación y sub-representación de miembros de diferentes grupos étnicos el resultado en el sistema electoral ha sido intrascendente. Aunque dentro de la elección de distrito electoral múltiple algunas veces se ha contado con representantes de las minorías étnicas y con grupos culturales distintos, en la mayoría de casos podemos hacernos la idea de que dichos representantes representaron sólo sus intereses.Ante ello, si bien la rendición de cuentas puede constituir un medio eficaz de control de los representantes gubernamentales, en el caso de los parlamentarios encontramos como primera barrera constitucional la inmunidad parlamentaria entre otras medidas que hacen que difícilmente se puede realizar dicha rendición de cuentas, en el sentido de no haber cumplido las demandas exigidas por sus electores o en el caso de haber realizado actos en perjuicio de los intereses regionales.Por otro lado, es en la línea de una representación simbólica donde se puede conseguir parte de la inclusión necesaria, y con ello comenzar a cambiar la historia previa de exclusión y el falso supuesto que parecía confirmarse de que cierto tipo de personas tienen una capacidad inferior para gobernar que los demás. Para ello se podrían pensar en diferentes alternativas que busquen ese objetivo pero estas tendrán que estar secundadas por una presencia política real, una presencia más pública, más plena para los tradicionalmente marginados de la participación política; sin embargo casi siempre esto creará la expectativa acerca de cómo a partir de allí se modificará la dirección o el contenido de las decisiones que se adopten políticamente. Las experiencias vividas hasta este momento carecen absolutamente de una verdadera proyección en este aspecto; las políticas adoptadas al respecto obedecen a unas circunstancias mediáticas, producto de la improvisación.Además, existe otra circunstancia que nos permite tener conciencia de las limitaciones propias de la representación puesto que es muy difícil poder estar de acuerdo con respecto a las decisiones tomadas por los representantes en la medida que la mayoría de las veces las decisiones adoptadas lo serán en base al propio juicio o prejuicio de las personas elegidas. En las actuales condiciones no se trata de sentirse representado por cada una de las actuaciones del que ha sido elegido, puesto que eso sería imposible y absurdo; lo que si es cierto es que se pueden matizar las decisiones a través de la búsqueda de consenso -lo que se denomina concertación participativa-. Esta herramienta desde nuestro punto de vista es importantísima para el desarrollo de una democracia multicultural que pretenda ser intercultural. Más aún, llega a ser de mayor significación si esos representantes o candidatos son de diferentes etnias o culturas.Otro aspecto a considerar, es que los miembros de los grupos desfavorecidos necesitan contar con aliados que tengan reconocimiento y dinamismo en la esfera publica; junto a ello no se debe olvidar que es necesario establecer los compromisos tanto en los programas de los partidos políticos como dentro de las instituciones en lo referente a las medidas de trato igualitario hacia los grupos excluidos por motivo cultural o racial. En ese sentido no se trata ahora de precisar a quienes correspondería cumplir con la tarea a nivel burocrático, se trata más bien de reconocer como principio que los pueblos quechuas y aymaras se sientan representados a partir de dar atención a la situación de exclusión que sólo ellos experimentan; más que sean los gobiernos los que permitan que sean las victimas quienes lleven a cabo su paulatina inclusión, se trata de abrir cauces estatales a su participación, sin olvidar las desventajas en el punto de partida. Es verdad que es muy difícil encontrar algún escenario donde se pudiese proporcionar una representación política exhaustiva de todas las características de una ciudadanía culturalmente plural. Es cierto que es necesario un análisis adicional de las estructuras socioeconómicas de la exclusión que nos permita establecer una jerarquía de intereses. No obstante, la propuesta de este artículo intenta hacer más explicito lo que ya está contenido en una “política de la presencia” pues el interés por sistemas más justos de representación política refuerzan salidas más amplias de situaciones de carencia socioeconómica. Finalmente, la “política de la presencia”, si bien se configura como un primer paso para la inclusión de grupos excluidos, lo hace desde un marco vertical, y en cuanto a resultados se refiere para la escasa experiencia regional puneña, éstos han sido preponderantemente anecdóticos. La razón quizás sea porque hasta ahora no se han construido instituciones legítimas y representativas desde abajo o tal vez porque se deje de lado un discurso coherente de reinvidicación étnica que reclame políticas públicas acordes con su realidad. Lo cierto es que más allá del aspecto relacionado con el significado simbólico de quién está presente y con la importancia independiente que se ha de atribuir a la inclusión de grupos tradicionalmente discriminados y segregados; más allá de todo ello, preexiste la urgencia de reconocimiento propio que cada individuo andino está en la necesidad de experimentar. Sólo así es posible recrear una identidad regional, combinándola, claro está, con aquella afirmación étnico cultural y lingüística que nos hace singulares.

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(1) Véase Pitkin, H. F. El concepto de representación, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1985, pp. 288

por Luis Alberto Hallazi Méndez