En esta zona existe una distancia cada vez más creciente entre las instituciones gubernamentales y los pueblos indígenas, cuya relevante presencia en esta región no se traduce en una equivalente capacidad decisoria en los asuntos que les afectan; dado que los mecanismos convencionales de participación política muchas veces son incapaces de traducir las demandas más consensuadas de los pueblos indígenas de los andes peruanos.
Debemos tomar en cuenta, que son estos pueblos indígenas los que responden al índice de pobreza y en la gran mayoría extrema pobreza en el Estado peruano[1], precisamente por su exclusión social a lo largo de la etapa republicana. Otro antecedente que nos permite resaltar la importancia sobre la exclusión social de estas poblaciones es que son las mismas que sufrieron la mayor pérdida de vidas en la etapa de convulsión social máxima, que atravesó el Estado peruano entre los años 1980 y 2000, donde el 70% de las víctimas eran indígenas[2]. Esta marginalidad se ha manifestado en la dificultad que ha existido y existe al momento de establecer el concepto mismo de indígena; que desde la época colonial pasando por la independencia hasta la época republicana, siempre ha causado debates según las coyunturas y la perspectiva que se viera. En la actualidad, podemos distinguir los conceptos y denominaciones que se manejan desde el plano oficial, los del mundo académico, los de las organizaciones indígenas (en muchos casos influidas por los convenios internacionales) y, por último y muy importante, los que asumen los sujetos originarios del ande y de la amazonía; que muchas veces no aceptan o desconocen las clasificaciones impuestas desde fuera de su propio devenir sociocultural local o regional. Esto es un inconveniente sobre todo en los andes peruanos, donde existe un proceso latente de “desindigenización” que tomaremos en cuenta para efectos de nuestro estudio. Sin embargo, de manera general se han determinado cambios en la estructura socioeconómica que se iniciaron particularmente en el área rural con el proceso de reasignación de la propiedad de la tierra que significó la Reforma Agraria de 1969 promovido por el autodenominado Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas, liderado tras un golpe de Estado por Juan F. Velasco Alvarado. Donde se reconoció la existencia política de las comunidades indígenas, tanto andinas como amazónicas, lo que significó, a pesar de las circunstancias ilegitimas de tomar el poder, cambios sociopolíticos a favor del reconocimiento de las poblaciones indígenas. Posteriormente, dicho reconocimiento de derechos es planteada en el nivel internacional y asumidas por el Estado peruano[3]. Con ello el término indígena se abrió nuevamente paso en la legislación peruana y viene siendo reivindicado por algunos movimientos indígenas, particularmente amazónicos, que se sirven del Convenio 169 de la O.I.T. donde amparan distintos derechos; principalmente cuando se trata de reivindicar mecanismos de participación política que les permitan tomar parte en las decisiones que afecten a su territorio o el acceso a los recursos naturales.
En el plano oficial, se mantiene la clasificación de comunidad campesina y comunidad nativa, y se agrega la de pueblos indígenas. Pese a estos virajes a favor de los derechos indígenas, muchos campesinos, principalmente del ande, no se autoperciben como "indígenas", ni esgrimen explícitamente propuestas de identidad étnica, debido precisamente al temor de discriminación que este término genera y al rechazo a una categoría que sigue siendo considerada, desde su perspectiva y la de amplios sectores de la población no indígena, como propia de una condición social y ciudadanía subordinada.
Ante estas circunstancias sociopolíticas, es que intento abordar desde los estudios de la ciencia política, cual es el problema relevante, sin perder en cuenta que me hallo en un escenario de observación muy dinámico. Describiré el contexto que me permitió reparar en mi objeto de estudio, el cual es la participación política de los pueblos indígenas en el marco de los distintos conflictos territoriales y de acceso a los recursos naturales que en la última década han sido una constante, debido a la alta actividad de exploración y explotación de recursos minerales principalmente, que enfrenta a las comunidades indígenas de los andes con el Estado peruano y como intermediarios dentro de estas disputas se encuentran las empresas privadas.
Varios han sido los casos en que las disputas por estos recursos, terminan en enfrentamiento, donde finalmente las discrepancias terminan imponiéndose por la presión de la movilización en las calles y las carreteras puesto que las poblaciones no son escuchadas por las líneas democráticas. En la totalidad de estos enfrentamientos, los pueblos indígenas se han opuesto a un tipo de “desarrollo” altamente contaminante a nivel de salud pública en lo que respecta a sus actividades económicas, este tipo de inquietudes, son las que me han hecho preguntar ¿Qué hay detrás de esas protestas?, ¿Qué aportan estas movilizaciones indígenas un Estado democrático?, ¿Existe una propuesta que va más allá de la defensa de su territorio y el acceso los recursos naturales? Sin duda que estas preguntas han desencadenado otras de orden epistemológico ¿Qué tipo de estudios se han preocupado por estos aspectos?, ¿Qué sabemos y qué desconocemos de estos fenómenos políticos? Estas preguntas nos permitirán explicarnos cuáles son las raíces de los intereses de cada actor político y la manera teórica más oportuna de aproximarnos a ella es estudiar los hechos desde los distintos canales de participación política que ofrece un Estado democrático, en paralelo a la legitimidad de los movimientos sociales como constructoras de acción política participativa dentro de un marco jurídico nacional e internacional...
[1] El problema de la pobreza sigue vigente en el Perú de hoy, donde más del 40% de la población vive en estado de pobreza y cerca del 18% se encuentra en una situación de pobreza extrema. Es necesario apuntar que los niveles altos de pobreza se siguen manteniendo en la Sierra y Selva en el ámbito rural; donde precisamente es lugar geográfico en que se encuentran asentados los pueblos indígenas de los andes peruanos. Estos son extraídos del informe técnico del 2007 del Instituto Nacional de Estadística e Informática (I.N.E.I.)
[2] Estos son los años que comprende el estudio de una comisión ad hoc denominada Comisión de la Verdad y Reconciliación (C.V.R.) que investigó los hechos de dicha violencia entre las agrupaciones de Sendero Luminoso, el Movimiento Rebelde Túpac Amaru y las fuerzas militares des Estado peruano. Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, Tomo IV, capitulo 1, violencia en las regiones p.p 250 y s.s.
[3] El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (O.I.T.) reconocido por el estado peruano en 1994.
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