Deconstruir la idea de los conflictos significa en primer orden ser consciente de su permanente acecho, puesto que los conflictos se configuran como condiciones naturales de nuestra sociedad y cultura. En cierta forma un conflicto advierte un cambio, que ya está dentro de nuestra responsabilidad, en sus niveles distintos, ofrecer soluciones justas con su realidad mediata. Esto no quiere decir que no analicemos las causas y graves consecuencias que acarrean los conflictos, para poder comprender el fenómeno en su total dimensión, disminuir sus costos y exigir a los actores sociales y políticos asuman las responsabilidades del caso.
El medio ambiente está siendo un escenario donde acontecen cada vez más conflictos, de ahí que hasta tenga su taxonomía propia y lo denominemos conflictos socio-ambientales. La pugna por el uso, manejo, transformación, apropiación y control de los recursos naturales inevitablemente conducen a conflictos; puesto que se enfrentan intereses, necesidades y objetivos de los distintos actores sociales y políticos. En Latinoamérica estos conflictos se han ido agudizando por causas estructurales, marcadas por la dependencia, las asimetrías sociales y el autoritarismo de los gobiernos para solucionarlos, muchas veces representando intereses económicos privados.
A estos conflictos socio-ambientales los primeros en reaccionar de forma categórica han sido los pueblos indígenas. A pesar de su marginalidad dentro de la construcción de esos mismos Estados, su reacción no se ha dejado esperar, entre otras razones porque esta constituye la defensa última de sus territorios y el acceso a los recursos naturales que ahí albergan. Esto se hace más evidente cuando los canales de interlocución institucional nunca supieron relacionarse con este sector de la población. De esta manera los conflictos socio-ambientales ponen de manifiesto una tarea pendiente tanto del lado del Estado como de la comunidad u organizaciones indígenas: fortalecer las instituciones en sus distintos niveles para no estar apagando incendios permanentemente.
El conflicto socio- ambiental, específicamente el conflicto minero en la región del Puno, posee características propias de distinto orden. Conocemos algunas de ellas, identificadas como históricas desde donde podríamos partir y llegar a nuestra situación actual. Entonces puesto que ha sido el pueblo aymara el primero en movilizarse y exigir una región libre de minería en el sur peruano, deberíamos interesarnos y conocer quiénes son esos compatriotas y bajo que justificación piden una región libre de minería. La gran mayoría urbana en nuestra región de Puno, no ha ido más allá de la mera descalificación de las movilizaciones, desmarcándose tajantemente de estas reivindicaciones; lo cual denota el poco interés por preguntarse qué región del país es que habitan.
El segundo punto es preguntarnos cuáles son esas justificaciones que han llevado al pueblo aymara a exigir una región libre de minería; en este apartado sobran justificaciones que avalan el pedido. Me referiré a una de orden cultural y otra de orden ambiental, solo por nombrar un par de razones.
En esa tensión permanente del Estado y los pueblos indígenas hay dos lógicas que se enfrentan respecto al medio ambiente. Una que concibe a la naturaleza como recurso natural y otra que concibe a la naturaleza como espacio de vida. Desde esta perspectiva el Estado peruano puede concesionar todo lo materialmente explotable. Es por ello que el pueblo aymara apela a su propia cosmovisión para salvar el territorio donde realiza su vida cotidiana y de esta manera el “suma qamaña” o el “buen convivir” adquiere sentido. Esta defensa contundente del pueblo aymara va de la mano del último informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), que señala principalmente las consecuencias de una economía extractivista y donde nos dice por ejemplo, que la extracción de minerales devora el 7% de la energía consumida en el mundo y dispara las emisiones de CO2 responsables del calentamiento global. Además esta actividad muestra un desacople entre el ritmo de crecimiento y el ritmo de consumo de recursos. Solo en el siglo XX la extracción de minerales se multiplico por 27, una tasa desorbitada respecto al crecimiento económico. También señala que ahora mismo se necesita remover el triple de material para extraer la misma cantidad de mineral que hace un siglo; así como se ha multiplicado por la misma cantidad el consumo de agua y energía para tal labor. Finalmente los autores del estudio anuncian que la era de la explotación sencilla y barata de los minerales está por terminar.
Seguro que habrá más razones que justifiquen el pedido del pueblo aymara, pero es tiempo también de buscar soluciones duraderas a este conflicto, lo cual merece ser materia de otro artículo.
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