Banco Mundial y FMI: ¿Moldeando el futuro?

Nada fácil hacer un balance con precisión sobre la influencia que el Banco Mundial (BM) o el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha tenido y tienen en el Perú. La discusión va más allá de establecer porcentajes; se trata de identificar acciones, comprender decisiones, evaluarlas, obtener aprendizajes y establecer responsabilidades sobre más de cincuenta años de relaciones.

¿Qué grado de dependencia queremos para el futuro? Recordemos que en un recuento general el Perú es considerado como un “buen alumno” respecto a la implementación de dichas políticas de enfoque prioritariamente económico. ¿Debe el Estado dar una rendición de cuentas sobre la implementación de dichas políticas?

Son algunas de las preguntas que deberíamos plantearnos; sobre todo cuando por primera vez en Perú y después de casi medio siglo el BM y FMI vuelven a Latinoamérica y lo hacen para la Reunión Anual del BM y FMI -que tendrá lugar en Lima del 5 al 12 de octubre- con el objeto de analizar asuntos económicos y financieros de interés global. Reunión que acogerá a más de quince mil personas entre directivos de bancos centrales, ministros de economía y finanzas de 188 países miembros, banqueros, ejecutivos de empresas multinacionales y académicos; muchos de ellos, los rostros visibles del poder económico global.

El lema para esta reunión es “moldeando el futuro” cuyo ejemplo será mostrar a la burocracia económica los logros del denominado "milagro peruano" y con ello intentar demostrar que las economías del sur serán actores protagónicos del modelo económico. A esa astucia se suma la del Ministerio de Economía y Finanzas quien agrega el epígrafe: “Perú, capital económica del mundo”[1]. 

Paradójicamente, no se pudo escoger peor momento, justo cuando el milagro se desmorona por propia mano y el modelo económico “hace aguas” ante la caída de los precios de materias primas (cobre, oro, plata, etc.) con la consecuente desaceleración económica.

Banco Mundial: Viejas prácticas iguales resultados

Las relaciones con el BM, son cuando menos complejas, su crecimiento institucional ha ido acompañado de la ampliación de su agenda que a través de sus préstamos ha limitado de alguna forma la soberanía de los Estados.

Recordemos que su intervención empezó a través del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), creado en el marco de la conferencia de Bretton Woods, con el objetivo de financiar la reconstrucción de la Europa de posguerra y suplir las deficiencias de los mercados privados de capital, especialmente en lo relativo a la disponibilidad de financiación para el desarrollo; interviniendo en América Latina a través de préstamos para proyectos de infraestructura.

En un segundo momento el vínculo fue dado por la financiación de la lucha contra la pobreza a través de proyectos específicos en materia de servicios básicos[2]. Prestamos que iban tejiendo una relación de condicionamiento con muchos de los países prestatarios. Lo que generaría que el BM empiece a desempeñarse como asesor técnico y monitor de la política económica de los gobiernos.

En una tercera etapa el BM comienza a mostrar su perfil más controvertido a partir de los préstamos para las reformas estructurales otorgados para América Latina, ajustes que exigían la defensa de una postura antiestatista respecto del manejo de la economía y una defensa del mercado como el mejor asignador de los recursos.

A partir de allí, una seguidilla de reformas serían impulsadas por el BM: La promoción de políticas de liberalización del comercio internacional, liberalización del flujo de capitales, todo lo relacionado a desregulación de los sistemas financieros nacionales, desregulación del mercado laboral, privatización de las empresas públicas o racionalización de los impuestos. Cada una de estas propuestas impulsadas por el BM estaba dotadas de densos documentos e investigaciones para después ser implementadas por los gobiernos de turno. Entonces se empezó a hablar sobre el consenso de Washington o la imposición de un modelo económico digitado desde EE.UU. para su aplicación en los países del sur.

Para inicios de los noventa el Banco fue ampliando su agenda de intervención al introducir los problemas relacionados a la gobernanza y las instituciones, donde temas como educación, salud, agua, justicia, agricultura, medio ambiente, comercio o transporte formaban parte ahora de la agenda relevante del BM. El haber incorporado temas relacionados como la gobernanza e institucionalidad dieron cabida a una influencia preponderante por ejemplo en lo relacionado a los sistemas jurídicos de los Estados y con ello al papel del Estado en relación con el desarrollo económico. 

A pesar que en la actualidad el BM ha negado intervenir en asuntos políticos, las evidencias demuestran todo lo contrario, la condición de muchos de sus préstamos ya sea para fortalecer la institucionalidad, mejorar la gobernanza o luchar contra la corrupción tiene por objetivo ofrecer un ambiente de seguridad jurídica principalmente para promover mayores niveles de crecimiento económico y aumentar las inversiones.

Arquitectura normativa para mayor desigualdad

Bajo esos antecedentes se desprende ahora una nueva amenaza a la soberanía de los Estados. El BM, consciente que no ha sido suficiente la intervención dedicada a crear las condiciones internas a través de reformas institucionales (decisiones políticas y normas jurídicas) con el fin de asegurar un modelo económico de desarrollo; ha decidido además despejar cualquier temor y empezar a garantizar un trato que vaya incluso por encima de la jurisdicción nacional. 

Nos referimos a la apuesta del BM, el FMI, la Organización Mundial del Comercio (OCM) y otras instituciones financieras que buscan generar una arquitectura normativa supranacional, que promueva un régimen de protección especial a los grandes capitales e inversionistas. Una arquitectura normativa diseñada a la medida y gusto del cliente, que está desafiando la prevalencia de los mismos derechos humanos.

Este régimen opera a partir de la firma de los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI), que contienen cláusulas diversas para garantizar la “seguridad jurídica" de las inversiones; cláusulas donde el Estado se compromete a no interferir de ningún modo con la inversión, ni a discriminarla por su procedencia externa, además de otras peligrosas medidas[3]. 

Finalmente, para que todo esto pueda tener sentido, el Estado debe renunciar a la jurisdicción nacional, para que los casos puedan someterse a un tribunal arbitral, como el Centro Internacional de Arbitraje sobre Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), que es parte de una de las cinco instituciones que conforman el Grupo del Banco Mundial[4]. 

Esta protección a las inversiones también se puede encontrar en los más de 10 Tratados de Libre Comercio firmados por Perú y presumiblemente, en las negociaciones (secretas) para el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TTP, por sus siglas en inglés).

No es complejo deducir que es un sistema perverso y poco transparente; ampliamente favorable para las empresas transnacionales y sus inversionistas, donde a través de tratados se logra eludir las jurisdicciones internas para ser juzgados por tribunales patrimonialistas, bajo valoraciones estrictamente económicas.

Actualmente hemos visto cómo el gobierno del presidente Humala justifica sus decisiones respecto a las políticas de actividades extractivas (caso Conga[5], Tía María y otros) alegando la amenaza por parte de empresas trasnacionales de poder demandar al Estado ante el CIADI, un ejemplo concreto de esa amenaza a la soberanía. 

Por otro lado, vemos como el actual gobierno viene impulsando reformas legislativas silenciosas como los denominados "paquetazos" contra el medio ambiente y los derechos de los pueblos indígenas; que

buscan debilitar lo poco avanzado en institucionalidad ambiental o facilitar el acceso a la tierra de proyectos de inversión en territorios indígenas; políticas impulsadas por el BM a través de un programa que clasifica a las economías de los Estados en función de facilitar los mecanismos para negocios (Doing Business)[6].

El BM pues, ha jugado y juega un papel preponderante en este último medio siglo, deberíamos empezar a repensar la influencia que queremos que tenga en el futuro y no apresurarnos a firmar una carta en blanco como lo hemos venido haciendo hasta el momento.

- Luis Hallazi es abogado y politólogo, investigador en derechos humanos.

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[1] Revisar en la web del Ministerio de Economía y Finanzas con motivo de las reuniones anuales: https://www.2015lima.gob.pe/

[2] Burgos Silva, Germán, Estado de derecho y globalización: el banco Mundial y las reformas institucionales en América Latina, ILSA, UNIJUS, Bogotá, 2009.

[3] Hallazi, Luis, Súper derechos de inversionistas vs endebles derechos humanos, Patio de Sociales, 2013: http://www.patiodesociales.com/2013/07/super-derechos-de-inversiones-vs.html

[4] El Grupo del Banco Mundial está integrado por: El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF, 186 países miembros), La Asociación Internacional de Fomento (AIF, 169 países miembros), La Corporación Financiera Internacional (CFI, 182 países miembros), El Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (OMGI, 175 países miembros)

[5] Wiener, Raúl, Suspende tú el proyecto,  06-05-2015:  http://rwiener.blogspot.pe/2015/05/suspende-tu-el-proyecto.html

[6] Ver Banco Mundial Doing Business: en http://espanol.doingbusiness.org/data

http://www.alainet.org/es/articulo/172459

            

 

 

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Perú un país sin límites territoriales ni límites biofísicos

Por Luis Hallazi*

La situación de conflictividad social que convulsiona a nuestro país con relativa frecuencia, nos debería llevar a reflexionar sobre las diferentes causas que la generan.

En anteriores artículos (1) hemos ido centrando el análisis en la situación territorial de las comunidades campesinas y nativas; propietarios de casi un tercio (27,3%)(2) del territorio nacional. Llegando a la conclusión que asistimos a un desorden alarmante en la tenencia de la tierra, donde la seguridad jurídica en los territorios comunales y de pequeños propietarios es muy precaria; cerca de la mitad (49,6%)(3) de la superficie territorial de comunidades campesinas esta superpuesta con concesiones mineras; además de conflictos por demarcación territorial entre un tercero o entre las mismas comunidades.

A esa situación hay que agregarle un nuevo intento por continuar reformas neoliberales inconclusas en periodos pasados (fujimorismo y aprismo) que se traducen en  paquetes normativos (Ley 30230, Ley 30327, etc.) que desde inicios del 2013 han venido aprobándose de forma dispersa, bajo el supuesto fin de reactivar la economía e impulsar la inversión. Pero que en ese afán están desmantelando lo poco avanzado en protección de derechos territoriales, ambientales y sociales, evidenciando una estrategia perversa donde el Derecho es utilizado para legalizar lo ilegitimo.

Pero si intentamos indagar un poco más en las causas de esta situación de conflictividad, encontramos también un insostenible modelo de otorgamiento de concesiones en la mayoría de sectores; que se puede resumir en una falta de rumbo político, carente de planificación, regulación deficiente con ausencia de trasparencia y rendición de cuentas; es decir un histórico debilitamiento institucional.

Específicamente en cuanto a las actividades extractivas podemos señalar que desde siempre el Estado apeló a “desarrollarse” en base a la exportación de sus commodities(4), respondiendo intermitentemente a las necesidades de la población, en función de algún boom exportador (minerales, salitre, guano, caucho) y cayendo irremediablemente en el empobrecimiento en épocas de vacas flacas. Un círculo vicioso que generó una pereza fiscal, conocida hoy como rentismo. Es decir, vivimos de vender las joyas de la abuela como si nunca fueran a acabarse o como si el crecimiento económico fuera ilimitado, pero el planeta y el territorio peruano empiezan a mostrar sus límites biofísicos(5) que se traducen en una crisis climática, energética y económica, donde cada vez somos incapaces de satisfacer necesidades elementales como la alimentación y la salud; la alta conflictividad en nuestro país es en cierta forma un síntoma más  de problemas globales y locales irresueltos.

“vivimos de vender las joyas de la abuela como si nunca fueran a acabarse o como si el crecimiento económico fuera ilimitado, pero el planeta y el territorio peruano empiezan a mostrar sus límites biofísicos”

Lo cierto es que ante esa dependencia de materias primas se diseñó un modelo de concesiones que principalmente facilitara el acceso a los recursos naturales. Estos procedimientos se fueron simplificando cada vez más en todos los sectores, llegando a la actual situación. En el año 2002 se otorgaron 792 concesiones mineras, 10 años después, en 2011 la cifra aumentó a 6511 en solo un año(6). Cada uno de estos procedimientos se fue realizando sin transparencia y la mayoría de veces de espaldas a los poseedores y propietarios de territorios, sin importar sus derechos adquiridos.

Hoy es tan fácil obtener una concesión minera que a mayo de 2014 suman un total de 59 926 concesiones(7), a pesar que se hagan efectivos un pequeño porcentaje (6%) de los derechos de exploración y explotación, claro sin contar el caos de la minería informal; el hecho es que la inseguridad jurídica en los territorios está sembrada. Parecería ser que sumado a los impactos que produce la minería, esta desregulación va reduciendo las diferencias entre la calidad de un  proyecto minero formal e informal. El resultado es tan preocupante que hoy en día, hablar de concesiones no solo mineras, es hablar de un conflicto latente.

“En pleno siglo XXI, el Perú no cuenta con un mapa oficial debidamente georreferenciado donde su división política sea cierta y medible a luz de sistemas cartográficos modernos para que por ejemplo, sepamos respetar lo que no nos pertenece o para que la obtención de cuadrículas de concesiones mineras no se acaben convirtiendo en procedimientos de despojo territorial”

Éste, en parte, es el caldo de cultivo de la conflictividad social que registramos en diversas regiones del Perú. Pero si calibramos más el zoom, podemos ver que esta precariedad en la seguridad territorial de comunidades, se reproduce en la organización política y territorial del país. Nos referimos a los 1 497 distritos (76.8% de un total de 1 846) donde existen conflictos por límites territoriales y a las 174 provincias (89% de un total de 196) que tienen la misma situación(8). En pleno siglo XXI, el Perú no cuenta con un mapa oficial debidamente georreferenciado donde su división política sea cierta y medible a luz de sistemas cartográficos modernos para que por ejemplo, sepamos respetar lo que no nos pertenece o para que la obtención de cuadrículas de concesiones mineras no se acaben convirtiendo en procedimientos de despojo territorial. El problema que tenemos es MAYÚSCULO puesto que este desorden territorial también es funcional en la urbe.

Paradójicamente la informalidad con la que convivimos juega su partido a parte con sus propias reglas. Somos el sexto país más informal del planeta, el 61% de nuestro PBI se genera en la economía informal, siendo un mecanismo que durante situaciones de crisis funciona como válvula de supervivencia y como estas épocas han sido las mayoritarias en nuestro país, la informalidad se ha acabado institucionalizando. A pesar de los intentos por erradicarla, lo cierto es que nuestra economía depende en gran medida de ella.

Esto hace que en cuanto a la tenencia de la tierra, esa informalidad también opere de manera perversa, incentivando por ejemplo que para la formalización de la propiedad se destruya el régimen de propiedad comunal, a pesar de que dicho régimen este protegido por las últimas constituciones políticas, pero que sin embargo nada se ha hecho en políticas públicas que permitan impulsar una emancipación económica a partir de su riqueza. Sin duda la informalidad es un fenómeno complejo que al dejarla expandir a otros ámbitos nos ésta llevando a situaciones insostenibles, más aun cuando ese caos territorial es a costa de los derechos de una población invisible.

Y es que irracionalmente nuestras comunidades todavía hoy están olvidadas por un Estado, que en lugar de reconocer sus diferencias y hacerlos parte del bienestar común que persigue para todas y todos los ciudadanos; viene promoviendo mecanismos únicamente economicistas para ordenar el territorio, pero que además su fin último es la extracción de recursos naturales sin límites y la destrucción de territorios.

Notas:

(1) Ver artículos en Sociedad, Política y Derechos Humanos:http://politicaderechoysociedad.blogspot.com/2015/05/entre-el-desorden-territorial-y-la.html

(2) La Seguridad Territorial en el Limbo: El estado de las comunidades indígenas en el Perú, Informe 2014, Instituto del Bien Común (IBC).

(3) Según el X Informe del Observatorio de Conflictos mineros en el Perú:http://www.cooperaccion.org.pe/informa/44-cooperaccion-informa/501-xi-informe-del-observatorio-de-conflictos-mineros-en-el-peru

(4) Mercancía para el intercambio comercial.

(5) Nos referimos a los límites físicos y biológicos que como sistema tiene el planeta, este análisis se hizo en el informe The Limits to Grrowth del científico Dennis E. Meadows de 1972 que en el año 2012 fuera actualizado. Véase también en Riechman, Jorge Moderar Extremistán Sobre el futuro del capitalismo en la crisis civilizatoria, Díaz &Pons Editores 2014.

(6) Véase en Reporte de Concesiones Mineras de Propuesta Ciudadana:http://www.propuestaciudadana.org.pe/sites/default/files/publicaciones/archivos/REPORTE%20CONCESIONES%20MINERAS.pdf

(7) Según el reporte citado de Concesiones Mineras en el Perú.

(8) Vea el artículo de José Matos Mar Perú país sin fronteras:http://elcomercio.pe/opinion/columnistas/peru-pais-sin-fronteras-jose-matos-mar-noticia-1816601

—* Luis Hallazi es abogado y politólogo, investigador en derechos humanos.

Entre el desorden territorial y la conflictividad social

Por Luis Hallazi*

3 de mayo, 2015.- Si pudiéramos imaginar el territorio nacional más allá del tradicional mapa, nos podríamos encontrar con imágenes sucesivas que se superponen una encima de otra, a la manera de piezas de puzzle. Si por ejemplo nombraríamos “Amazonia”, probablemente imaginemos: bosques, pueblos nativos, petróleo, ríos, diversos animales, etc. Y si nombramos “Andes”: montañas, pueblos campesinos, nevados, auquénidos, minería, etc. Todas esas fichas- imágenes, son parte de un todo que conforma la idea de país que estamos construyendo.

Sin embargo, el territorio que imaginamos se ve cada vez más acechado por diferentes intereses que no son bien canalizados y que van distorsionando el objetivo final del Estado. Como si todo se revolviera y te intentaran cambiar las fichas verdes por otras grises, imponiendo tonos monocromáticos en esa supuesta construcción de país conjunta. A eso le agregamos que los instrumentos y mecanismos que nos pueden ayudar a gestionar el territorio y establecer un criterio de orden y sostenibilidad, van siendo debilitados y hasta saboteados.

Para hacernos una idea, la presión que ejercen las actividades extractivas se ha ido incrementando de manera exponencial conforme hemos ido creciendo económicamente; y ahora bajo la justificación de una desaceleración económica el Gobierno propone que el principal criterio para “ordenar” el territorio es el libre mercado.

Las consecuencias: el 21% del territorio nacional, hoy se encuentre concesionado (1); de ese territorio concesionado el 49.63% son tierras de comunidades campesinas (2). Si volteamos la vista hacia la Amazonía encontramos que el 75% del territorio se somete a presión de diversas actividades extractivas, principalmente la explotación de hidrocarburos, concesiones maderables, plantaciones de monocultivos y otras (3). Nuestro mar enfrenta parecida situación. A esto hay que agregarle la proliferación de actividades como la tala ilegal, minería informal, tráfico de terrenos,  narcotráfico y la aparición de redes de crimen organizado, atentas al descalabro territorial que enfrentamos, como el caso de la red Orellana (4).

Esta situación se ve agravada por las acciones que el actual Gobierno ha ido impulsando a nivel normativo. Nos referimos a los cuatro paquetazos que desde mediados del 2013 han sido aprobados para supuestamente promover las inversiones. El primer paquetazo conformado por el D.S. 054-2013-PCM, D.S. 060-2013-PCM, Ley 30025. El segundo paquetazo un serio golpe a la institucionalidad ambiental y territorialidad Ley 30230 (5); el tercer paquetazo: D.S. 001-2015-EM (6), Ley 30264 y el cuarto paquetazo: proyecto de Ley 3941-2014-PE (7). Normas que han ido debilitando los estándares ambientales y facilitando el acceso a la tierra y territorios indígenas. Leyes ómnibus que legislan sobre todo tipo de derechos borrando de un plumazo lo poco avanzado en protección de derechos y políticas públicas en favor de los ciudadanos.

“En suma la presión de actividades extractivas, actividades ilegales, combinada con un gobierno centralista cada vez más débil en el terreno para establecer criterios claros para ordenar el territorio, conforma una fotografía de verdadero caos territorial”

En suma la presión de actividades extractivas, actividades ilegales, combinada con un gobierno centralista cada vez más débil en el terreno para establecer criterios claros para ordenar el territorio, conforma una fotografía de verdadero caos territorial. Tierra abonada para permanentes conflictos. Solo en marzo la Defensoría del Pueblo registró 211 conflictos (8), de los cuales 141 son conflictos socioambientales: 94 de minería, 22 de hidrocarburos. Nada menos que un 66,8% del total. Pero además el Gobierno central se trata de ocupar de la resolución de 129 de ellos, es decir del 61,1%. Lo que cada vez parece más insostenible primero porque es imposible atender las múltiples demandas de diversos conflictos a través de un ente centralizado como es la Oficina de Diálogo de la PCM y segundo porque muchos conflictos como Conga, Pichanaqui y recientemente Tía María, desbordan los débiles mecanismos para garantizar los derechos humanos de los ciudadanos inmersos en una protesta, cuyas causas en cierta forma, han sido generados por el propio gobierno.

Esta situación está haciendo precaria la convivencia entre peruanos y nos sigue llevando a un espiral de conflictividad, que se expresa  en la mal llamada “ley de la selva”, puesto que ahí donde se supone no hay orden existe una ley natural, la del más fuerte. Fuerza que se mide económicamente, tal como lo quiere el neoliberalismo; donde la cooptación del Derecho esta “constitucionalizando” los intereses económicos de los más poderosos para sus fines convenientes, como es caso de leyes que fomentan el acaparamiento de tierras para actividades extractivas o debilitan los estándares ambientales; quitándole contenido a uno de los pilares de la democracia, el Estado de Derecho puesto a la servicio del bienestar común de todas y todos los peruanos.

Notas:

(1) La organización Cooperacción refiere el dato de 21,20% mientras el informe de Propuesta Ciudadana “Concesiones Mineras en el Perú: Análisis y propuesta de política” refiere que una quinta parte (20%) estaría concesionado a la minería.http://www.propuestaciudadana.org.pe/node/850000

(2) Según el X Informe del Observatorio de Conflictos mineros en el Perú.http://www.cooperaccion.org.pe/informa/44-cooperaccion-informa/501-xi-informe-del-observatorio-de-conflictos-mineros-en-el-peru

(3) Según el Atlas Amazonia Bajo Presión publicado por la RAISG. http://www.ibcperu.org/notice-12/

(4) Para más información: 10 claves para entender como operaba la red criminal.http://peru21.pe/politica/rodolfo-orellana-red-criminal-10-claves-2192955

(5) Para más información: Paquetazo Castilla: un peligroso giro a la exclusión.http://politicaderechoysociedad.blogspot.com/2014/08/paquetazo-castilla-un-peligroso-giro-la.html

(6) Para más información: Más concesiones mineras recortando derechos de comunidades campesinas. http://politicaderechoysociedad.blogspot.com/2015/02/mas-concesiones-mineras-recortando.html

(7) Para más información sobre los paquetazos y la titulación comunal: El drama de la titulación comunal   http://servindi.org/actualidad/126931

(8) Para más información: http://www.defensoria.gob.pe/conflictos-sociales/home.php

Leído: 244 lecturas |  Servindi  |  Actualidad, Opinión  |  05 3rd, 2015  |  Alguien opino »

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Estados centralistas, conflictos socioambientales e ingobernabilidad territorial

4 de marzo, 2015.- Las tres regiones tradicionales del país: costa, sierra y selva; o las ocho, según Pulgar Vidal, muestran un escenario de activa conflictividad territorial y ambiental, cuyo tratamiento bidireccional (territorio en conflicto- gobierno central) demuestra principalmente los defectos de un Estado centralista y que en el intento de solucionar las demandas de las poblaciones en pleno estallido del conflicto, solo contribuyen a agudizar la ingobernabilidad en los territorios.

La Defensoría del Pueblo registró en enero de este año 159 conflictos activos y 51 conflictos latentes, haciendo un total de 210 conflictos de los cuales 140 son socioambientales (1). Entre las fases y tipologías que ha desarrollado la Defensoría, la tendencia de los conflictos activos es que estallen en una crisis, lo que llevaría a la siguiente fase: resolver el conflicto en una mesa de diálogo con comisiones de alto nivel, es decir, con el Gobierno central. Actualmente, según datos de la misma Defensoría, se tienen 74 conflictos en proceso de diálogo. Este modus operandiincluso llevó a la creación de una Oficina de Diálogo y Sostenibilidad de la PCM(2), duplicando algunas funciones que la Defensoría hace, en un intento por enfrentar la alta conflictividad, que a estas alturas ha demostrado ser un formula agotada y desbordada. La que contribuye a una crisis mayor: la de la ingobernabilidad territorial; entendida como la falta de capacidad del gobierno para controlar su territorio y atender las demandas de los ciudadanos(3) para eso solo hay que analizar los exiguos resultados de esas mesas de diálogo o si buscamos un indicador político, ver la suerte que corrieron varios ministros a lo largo del Gobierno de Humala cuando intentaron mediar en los conflictos(4).

Pretender entender la conflictividad de los territorios en su real dimensión desde una mesa de partes, en una oficina del centro de Lima, es no tener la voluntad de encontrar las causas e intentar resolver los problemas. Buscar que los ministros atiendan 159 conflictos, cuando su gestión ejecuta o promueve políticas que tienen mucho que ver con las causas de los conflictos es contradictorio, pero además acudir a “resolverlos” cuando hay víctimas mortales, es simplemente irresponsable. La impericia para abordar esta situación es cada vez más alarmante y parecen ser alimentadas por el desconocimiento de los territorios,  una arrogancia centralista y la imposición de un único modelo de desarrollo.

Empecemos por saber que las mesas de diálogo o supuesta fase final del conflicto, en un Estado centralista son el comienzo para desentrañar las causas que llevaron al descontento de una población, los meses y a veces años de desatención de derechos básicos; la falta de información y participación de proyectos en los que serán afectados; siendo también el momento de identificación de diversos actores que concurren en un conflicto. Bajo esta lógica funcionarios desinformados, en el mejor de los casos empiezan a comprender el estallido del conflicto, las protestas masivas, el cierre de carreteras, los enfrentamientos con las fuerzas policiales y las terribles consecuencias de pérdidas de vidas (costo que parece ser  necesario para sentarte en una mesa frente al gobierno).

Sin embargo, de llegar a ese punto ninguna autoridad parece preguntarse ¿Por qué en diversas regiones de este país, una gran masa crítica levanta su voz de protesta; qué de común tienen esos escenarios?, ¿Cuál es el papel de un poder central que trata de imponer un modelo único de desarrollo a través de diversos proyectos sin escuchar a los supuestos beneficiarios?, ¿Esa dinámica centro –periferia, no está minando la gobernabilidad del Estado?

Vayamos al caso de Pichanaki, que además trae “nuevos” ingredientes en tanto que no es un conflicto entre actividades extractivas y pueblos indígenas propiamente dicho, a pesar de la participación en las protestas de ciudadanos indígenas, acá se suman más actores. En tanto que este conflicto hace referencia a una población andina en zona amazónica que rechaza las actividades extractivas porque se declara principalmente agrícola; a esto se agrega otras consecuencias de la ingobernabilidad en los territorios, como la tala ilegal, invasiones de tierras, conflictos de linderos, superposición de las actividades extractivas en tierras de pueblos indígenas y entre tanto desbarajuste rondan los tentáculos del narcotráfico.

Ese caos territorial que se reproduce en distintas partes del territorio van complejizando los conflictos y son consecuencia de un ejercicio de poder desde el centro a la periferia, a través de un pensamiento de modelo de desarrollo único impuesto por los sucesivos gobiernos en gran parte de nuestra República, con la atingencia que los últimos 25 años se han ido agudizando generando la actual tensión. Por otro lado, no ha habido interés por fortalecer los procesos de descentralización, sino -por el contrario- responsabilizarlo de la corrupción actual y buscar re-centralizar funciones a través de normas ómnibus (paquetazos legales que legislan sobre distintos temas) que bajo la justificación de reactivar la economía están desmantelando lo poco avanzado en políticas públicas y derechos humanos adquiridos por las poblaciones.

Para entender estos escenarios complejos hay que vivir en los territorios en conflicto y si eso no es posible hay que recurrir a diferentes actores que trabajan en los territorios; algo que no hicieron los ministros que visitaron Pichanaki. Para empezar a solucionar este escenario hay que empoderar a los mismos actores legítimos que ejercen un control directo en los territorios. Al contrario de esa desidia y arrogancia mostrada por las autoridades, a la cual hay que agregar el reduccionismo de una cúpula gubernamental para simplificar los hechos y decir que los conflictos son obra de azuzadores y como nuestros medios de comunicación carecen de independencia y obedecen a intereses patrimonialistas, pues propalan el mismo mensaje tendencioso.

El resultado seguirá siendo el mismo, con la diferencia que cada vez más se vaya resquebrajando la legitimidad del Estado; hasta que ya no solo sea el estallido de un conflicto sino de varios en un mismo tiempo, eso lamentablemente quizá traiga por la fuerza más que por el entendimiento el fracaso de un Estado centralista que ejerce el poder con un pensamiento único, el de un modelo de desarrollo que no necesita de ciudadanos ni ciudadanas que propongan alternativas distintas, ni interpelen al Estado.

Notas:

(1) Reporte de Conflictos Sociales N° 131 enero 2015  http://www.defensoria.gob.pe/conflictos-sociales/home.php

(2) PCM Presidente del Consejo de Ministros, cartera que preside y coordina las acciones de los ministerios. La Oficina de dialogo cuenta con su propio reporte de conflictos socialeshttp://onds.pcm.gob.pe/

(3) Alcántara Manuel, Gobernabilidad, crisis y cambio Fondo de Cultura Económica, 1995 – 259 páginas.

(4) Solo hay que recordar el conflicto Conga y renuncia del ex Primer Ministro Salomón Lerner, de la misma manera Víctor Valdez hasta llegar al caso de los exministros Eleodoro Mayorga, Daniel Figallo y Daniel Urresti.

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*Luis Hallazi, es abogado y politólogo, investigador en derechos humanos.

Más concesiones mineras recortando derechos de comunidades campesina

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Escribe: Luis A. Hallazi Méndez | Política - 01 feb 2015

Las recientes proyecciones del crecimiento económico, no muy alentadoras para Perú desde hace algún tiempo, han generado que el Poder Ejecutivo impulse una agresiva flexibilización de las normas ambientales y sociales, y con ello un debilitamiento en las instituciones que son las que permitirían mantener un equilibrio entre las inversiones que se pretenden generar y el respeto y protección a los derechos de los demás actores que podrían ser afectados.

El reciente Decreto Supremo N°- 001-2015-EM, va en ese sentido, al aprobar disposiciones con el objeto de reducir plazos y flexibilizar criterios de procedimientos para “(…) impulsar la inversión vinculada a proyectos mineros de Concesión de Beneficio, actividades de Exploración y Explotación de concesiones mineras”[1]. El Poder Ejecutivo es explícito en sus políticas extractivas, no en vano se estuvo “calentando” el debate desde los gremios empresariales, respecto a eliminar trabas a la inversión (la llamada tramitología) discurso que ha tenido respuesta por parte del Poder Ejecutivo y Legislativo con la aprobación de cuestionadas normas (Ley 30230).

Nadie duda que la política de concesiones mineras, los últimos veinte años, han contado con facilidades desproporcionales; comparadas por ejemplo con los títulos de propiedad colectiva entregadas a las comunidades campesinas. Como resultado el 21.02% del territorio nacional está concesionado, es decir 26.8 millones de hectáreas concesionadas; una área que en la mayoría de casos está superpuesta y afecta directamente a comunidades campesinas, en tanto que el 48.6% de sus territorios tiene concesiones mineras[2] sin que hasta ahora se haya realizado una consulta a las comunidades propietarios o poseedores de esos territorios. No contentos con los diversos problemas que representa este caos territorial, el D.S. 001-2015-EM pretende pasar por encima la autonomía organizativa de la que constitucionalmente gozan las comunidades campesinas (art. 89); para imponer procedimientos a costa de recortan sus derechos fundamentales.

El artículo 3 del mencionado decreto establece nuevos criterios de simplificación para entregar concesiones en los terrenos de las comunidades campesinas, imponiendo un procedimiento ilegal e inconstitucional, al establecer que la Junta Directiva de una comunidad tiene la prerrogativa de aprobar la concesión de territorios para las actividades mineras por encima de la Asamblea Comunal. Contraviniendo el artículo 8.2 del Convenio 169 de la OIT referido a la protección de las instituciones propias de los pueblos indígenas, además de todo lo referido a la protección de los territorios indígenas establecidos en los artículos 13 al 19 del mismo Convenio. Todo ello en concordancia con el artículo 89 de la Constitución Política referido a la autonomía organizativa y el uso y la libre disposición de sus tierras; con lo cual el decreto cae en inconstitucional, pero además constituye una ilegalidad infringir el marco normativo de las comunidades campesinas como la Ley 24646, que señala claramente en su artículo 7 que las tierras de la comunidades solo podrán ser enajenadas previo acuerdo de por lo menos dos tercios de los miembros calificados de la comunidad. Otra norma que contraviene dicho decreto es la Ley de Tierras, Ley 26505 que señala a la Asamblea General como máximo órgano decisor, lo que se refleja finalmente en la gran mayoría de Estatutos de comunidades campesinas, por lo que queda claro que la Junta Directiva no puede autorizar y decidir la concesión de territorios por imposición de una norma de menor rango como es un decreto supremo.

Parece que estamos condenados a repetir la historia, mientras el Ministerio de Energía y Minas no tenga memoria sobre los hechos que desencadenaron la tragedia de Bagua, si recordamos uno de los Decretos Ley, el D.L.1015, aprobado en mayo del 2008 por Alan García, que establecía la venta de territorios de comunidades campesinas y nativas a inversiones privadas, bajo el criterio de poder ser autorizadas por el voto de una mayoría simple, de los miembros presentes en las asambleas comunales (la mitad de miembros más un voto). ¿Qué pretende entonces el Ministro Mayorga al proceder inconstitucionalmente con este Decreto Supremo?

Hay que recordar también que más de cincuenta y tres mil títulos de concesiones mineras son expedidos anualmente por el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET) cuyos criterios y procedimientos no respetan los derechos colectivos de los pueblos indígenas[3]; a pesar que están consagrados en instrumentos internacionales (art. 6.1. del Convenio 169 OIT) y leyes nacionales como la ley de consulta previa, libre e informada, Ley 29785 de pobre eficacia a casi 3 años de su vigencia. Donde incluso desde el Poder Ejecutivo se ha buscado no aplicar la consulta previa para comunidades campesinas y para el caso de concesiones mineras no hacerlo bajo la premisa errada que no afectarían sus derechos.

Parece ser entonces que hay solo un criterio para reactivar la economía y ordenar el territorio; el cual está dado por las inversiones, que ayudados por normas como el Decreto Supremo 001-2015-EM o la Ley 30230, van acumulando serias vulneraciones a los derechos de poblaciones indígenas, nativas y campesinas. Por lo que es necesario empezar a cambiar este criterio asimétrico y desigual en el trato y relacionamiento del Gobierno y las empresas extractivas con las organizaciones e instituciones de los pueblos indígenas, a fin de evitar una escalada de conflictos territoriales que generen ingobernabilidad en las regiones.

Luis Hallazi, es abogado y politólogo, especialista en Derechos Humanos y en mecanismos para el ejercicio de un Derecho Transformador.

Movimiento juvenil urbano

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Escribe: Luis Hallazi | Opinión - 19 ene 2015

Las movilizaciones relacionadas a la derogatoria de la Ley 30288, sobre el nuevo Régimen Laboral Juvenil, conocida popularmente como la “%u200ELey Pulpín”, ha sido la partida de defunción del Partido Nacionalista Peruano. Por lo menos lo es así, para una gran parte de jóvenes urbanos que andaban al margen de la real polìtica y que tuvieron una percepción negativa contra dicha ley.

Sin embargo, el Gobierno tuvo la oportunidad de retractarse y en medio de una discusión pública poder establecer relaciones más justas, de modo que se construya una norma consensuada; empero, sacó un reglamento, armó una campaña agresiva de spots publicitarios, insultó con sus declaraciones la inteligencia de tantos jóvenes y hasta manipuló a un grupo de ellos para hacer pensar lo contrario. Lección aprendida: si una norma está en debate público con respaldo popular no la impongas al caballazo.

La marcha de protesta del 15 enero por la derogatoria de la Ley 30288, fue la cuarta marcha en menos de un mes en todo el país. Pese a los lamentables hechos violentos que se registraron en Lima, ha permitido que se consolidé el inicio de un nuevo movimiento juvenil peruano. El responsable en buena parte viene siendo el Gobierno, con su Ministro de Interior a la cabeza; Daniel Urresti reprimió brutalmente a los jóvenes, poniendo a ocho mil efectivos policiales a resguardar las principales arterias, que podrían llevar a la marcha hasta el Congreso de la República.

La frustración de no poder lograr el cometido y estar en las calles por cuarta vez sin soluciones y ante la soberbia del Gobierno, hicieron prever que los ánimos iban a estar exacerbados; así es que esa intransigencia de “militarizar” el centro histórico desató una violenta represión que ha dejando el saldo de heridos y contusos, intoxicados por las decenas de gases lanzados y más de 50 detenidos, entre ellos, periodistas de medios de comunicación alternativa.

En resumen, la torpeza de un Gobierno casi militar desató un escenario espectacular y brutal. Lo único que ha conseguido, con eso, es que ya no solo se cuestione la Ley 30288 (Ley Pulpín), sino que los cuestionamientos vayan a muchas otras normas y acciones del Gobierno, e incluso se cuestione el mismo modelo: un modelo neoliberal que va teniendo serias vulneraciones a los derechos humanos y que en el Perú parece haber encontrado su primera resistencia urbana; veremos cómo se desarrolla esta gesta.

Entre la defensa del bien común y la liberalización económica

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Escribe: Luis Hallazi* | Opinión - 04 ene 2015

Más allá de cualquier desastre natural o del futuro impacto que el cambio climático empieza a ejercer en el tercer país más vulnerable; o acaso tener una ubicación geográfica de alto riesgo sísmico, por descansar justo debajo de una falla geológica llamada placa continental; más allá de ello, la gran falla geológica que ha atravesado a este país, ha sido y es la ideología racista.

Una ideología que bajo diferentes momentos históricos en el Perú ha sabido ejercer un control político, social, cultural y en esta era del Homus Economicus,ha sabido articularse con la ideología neoliberal de gran influencia en este país; convirtiéndose en esa bestia bicéfala que va peligrosamente instalándose en lo más recóndito de nuestro imaginario. Y que a falta de una identidad definida, van asumiendo ciertos rasgos que empiezan a formar esa nueva idiosincrasia peruana. Un resultado es esa imagen tramposa que representa la Marca Perú, que con su Ceviche, su Machupichu y su chicha ni limonada[1], van refundando una nación sin república ni ciudadanos[2], donde la ideología neoliberal y racista van teniendo especial protagonismo.

No hace falta más que repasar los recientes hechos políticospara advertir esa simbiosis.Es el caso dela controvertida Ley del Régimen Laboral Juvenil Especial, Ley 30288 que bajo la nueva demagogia del crecimiento económico (que parece ser infinito) busca reactivar la economía a costa de precarizar los beneficios laborales del empleo juvenil, replanteando esa frase racista del “cholo barato” que generó una creciente desprotección de derechos laborales, con laconsecuencia que el 74.3%[3] son empleos informales.

De la misma forma la Ley 30230, una ley “cajón de sastre” que crea, modifica y deroga normas en función de los intereses de inversionistas; y que bajo el mismo pretexto de reactivar la economía, debilita la institucionalidad ambiental y pone en serio riesgo los territorios de las comunidades campesinas y nativas, último reducto que permite la sobrevivencia de nuestros pueblos indígenas y originarios, buscando la liberalización de sus tierras a favor de proyectos de inversión.

Estos hechos nos está demostrando que a esa historia de exclusión y violencia racista, hay que agregarle un modelo neoliberal gestionado por tecnócratas ideologizados,que están dispuestos a cualquier cosa por generar el máximo de beneficios a unos pocos (inversionistas propietarios de empresas trasnacionales) en nombre de la liberalización económica,la cual no conoce de límites, ni de reglas para controlar su voracidad, que cada vez más impide el bienestar común de poblaciones excluidas y racializadas[4].

La actual forma de cómo está operando el actual régimen peruano, nos hace advertir que no son hechos aislados, en el recuento de este año 2014, hemos podido notar que el Ius Imperium, es decir el derecho del Estado a dar leyes, ya no responde a esa división tradicional del poder político, donde las leyes las da el poder legislativo y son refrendadas por el poder ejecutivo. Ahora en la realpolitk,muchas de esas normas ya no se dan ni siquiera en función de un consenso entre diferentes intereses representados por parlamentarios, donde operan los lobbies o donde los gremios y sociedad civil organizada tratan de influir en el diseño de leyes; ese Ius Imperium por lo menos en las leyes que mayor impacto están teniendo en la ciudadanía,se dan desde el Ministerio de Economía y Finanzas- MEF, funcionarios a quienes ahora de acuerdo a la política del pragmatismo, deberíamos fiscalizar o por lo menos saber quiénes son exactamente ellos, los nuevos legisladores que ante la ausencia de políticos, parecen haber instalado el régimen de la tecnocracia neoliberal.

Es probable que en su defensa muchos de esos tecnócratas digan que no hay alternativas a este modelo y que el Perúes una ráfaga de esa gran proyección que es la economía global, donde no hay tiempo para el debate público, sin políticos real

mente capaces y donde las decisiones tienen que ser rápidas; y claro está, donde la liberalización económica es el gran alfil queestimula el crecimiento económico y engendra esa clase media tan añorada. Todo dicho siempre con cifras macroeconómicas bajo el brazo, donde no hay lugar para el análisis de la historia política y social de nuestro país.

Asistimos pues a la dictadura del Producto Bruto Interno, sin prevención alguna sobre sus consecuencias, ni interés de las lecciones aprendidas a la actual crisis económica de los países del norte, sin capacidad de una lectura histórica que pone en peligro de esa excesiva libertad de unos pocos en desmedro de mayoríasracializadasy ahora excluidas por la violencia neoliberal que está generando mayor desigualdad económica.

Será el 2015 una defensa cerrada del bien común,que permitaresistir ante un modelo depredador de recursos naturales y derechos civiles, políticos, sociales y culturales.Una resistencia no solo de los movimientos sociales, sino también de las instituciones que verdaderamente quieren defender su independencia y el Estado de Derecho que siguesiendodebilitado.No se trata pues, solo de certezas matemáticas preconcebidas que sustituyan el debate público, plural y democrático; sino de buscar una transición donde las cifras macroeconómicas empiecen a jugar a favor del bienestar común de más peruanos y peruanas.

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[1]Una frase que quiere decir que no hay ni una cosa ni la otra.
[2] Parafraseando el artículo de Alberto Flores Galindo “República sin ciudadanos” donde se analiza la estructuración del discurso racista integrado en la sociedad peruana. Y a propósito del reciente ensayo de Alberto Vergara Ciudadanos sin República.
[3]Veaséhttp://www.larepublica.pe/05-06-2014/un-743-de-los-empleos-en-el-peru-son-informales
[4]Racialización acá se equipara con el desequilibrio entre grupos étnicos que se puede resumir en la racialización de la pobreza o la injusticia, en el caso del Perú histórica han sido los indígenas de todas las regiones del país.

* Abogado y politólogo, especialista en Derechos Humanos y en mecanismos para el ejercicio de un Derecho Transformador