Latinoamérica, ahora mismo es la principal región de inversión en actividades económicas extractivas. Perú, ocupa el segundo lugar en recibir dichas inversiones, precisamente porque cuenta con un marco legal y económico atractivo para los inversionistas. Después de la región de Arequipa, Puno tiene la demanda más alta en solicitudes de concesiones para la exploración de actividades económicas extractivas.
A ese escenario hay que sumarle: la alta rentabilidad que produce la explotación de recursos naturales a un bajo coste económico para las empresas transnacionales; la subida del precio de los minerales y las indistintas medidas tributarias, ambientales o económicas que el Estado otorga para beneficiar a dichas empresas, en lugar de proteger el interés común de la mayoría de los ciudadanos.
Hay muchas otros rasgos que parecen declinar la balanza, a favor de un modelo extractivista depredador que el actual gobierno ha potenciado pero que data de tiempos de la colonia.
Lamentablemente son esas las circunstancias donde se propondrán soluciones al conflicto socio-ambiental en la región de Puno. Que a prácticamente un mes de su visibilización nacional gracias a los pueblos aymaras, si ha demostrado algo, es la total falta de voluntad por parte del gobierno central para entender el conflicto en su real dimensión. Algo que no es de extrañar puesto que este conflicto pone en cuestión su modelo económico. Por otro lado, a autoridades regionales como locales aún les falta mucho trabajo para asumir un rol preponderante en las distintas fases por las que pasan esta clase de conflictos.
Si vamos más allá, este conflicto con todos los argumentos esgrimidos tanto de un lado como del otro, deja en evidencia una fragilidad en la gobernabilidad de esta parte del territorio nacional, no solo en materia ambiental sino también política, económica y social. Los conflictos, si algo demuestran, son las distintas vulnerabilidades de las partes implicadas. Esta cadena de desvelamientos manifestados con este conflicto también ofrecen la oportunidad, y más aún a un gobierno entrante, para poder generar un cambio gradual de ese modelo extractivista depredador. Así lo están haciendo ya otros países sin que esto signifique el fin de las inversiones o el estancamiento del crecimiento.
Necesitamos generar gobernabilidad ambiental en todo el territorio. Según datos de la Defensoría del Pueblo, un 76% de los conflictos socio-ambientales que se registran en el país son consecuencia del escenario al que referimos líneas atrás. No es posible que se discuta la viabilidad de proyectos extractivitas con el gobierno central o regional, sin haber consultado a los principales actores a los que afectará dicha actividad económica. Es evidente que existe una exclusión social que una vez más se ha puesto de manifiesto en el caso del pueblo aymara. Por tanto se debe exigir la ley de consulta previa, que el convenio 169 de la OIT obliga a los países firmantes implementar en sus ordenamientos jurídicos y que en el caso nuestro, fue observado por el ejecutivo una vez que se aprobado por el congreso.
Otra acción que permitiría generar esa gobernabilidad ambiental es el desarrollo de un plan nacional de ordenamiento territorial que además de tomar en cuenta aspectos políticos administrativos, geomorfológicos, socioculturales, ecológicos, urbanos e industriales de cada región, deje en claro que territorios están destinados a la actividad extractiva formal o artesanal, de aquellos otros que son intangibles para dichas actividades. Respetando la diversidad cultural de las regiones y promoviendo consensos que lo doten de legitimidad; ingredientes indispensables para elaborar un ordenamiento territorial con una perspectiva ambiental sostenible.
En esta propuesta de transición gradual a un modelo extractivista más sensato y por qué no a largo plazo, a un modelo de extracción mínimo o indispensable, se tienen que ir tomando medidas de distinto orden bajo esa misma lógica, para así aclarar las reglas de juego que por ejemplo permitan cobrar impuesto a las sobreganancias cuando haya excesivas utilidades para las empresas o regular la priorización del consumo interno, por encima de otros interés económicos, como fue el caso del gas de Camisea.
Finalmente es poco estratégico que los pueblos aymaras y los demás ciudadanos interesados por un desarrollo sostenible de la región de Puno, entren a negociar cuestiones de fondo con el actual gobierno, teniendo presente sus antecedentes. Lo más sensato es ordenar sus argumentos, despejar esas sospechas que los vinculan a los intereses de una minería informal y esgrimirlos ante el nuevo gobierno que tiene la obligación de tomarlos en cuenta dado el amplio apoyo recibido en las elecciones recientes.
