La Consulta Previa en el Lote 1AB y el Derecho Internacional (Publicado en el Diario La Primera agosto del 2012)

Las promesas del derecho a la consulta previa de garantizar la participación efectiva de los pueblos indígenas parecen diluirse cada vez más, en una retórica muy usual en un Estado sin una institucionalidad indígena efectiva. 

Sin embargo, no podemos conformarnos, sino exigir a ese Estado débil que se responsabilice de los compromisos que asume. El cansino cuento de la inmensa deuda que tiene el Estado con los pueblos indígenas debe dejarse de lado y pasar de esa pasividad de deudor, a un rol más activo, capaz de exigir y hacer respetar los derechos a través de un uso estratégico del derecho internacional de los derechos humanos, por ejemplo.

El caso de la Ley de Consulta Previa (Ley 29875) es otro ejemplo más de mucho ruido y pocas nueces, puesto que después de un proceso de reglamentación ilegítimo, sobrevino una falta de transparencia en los demás procesos que acompañan su implementación. El Viceministerio de Interculturalidad, órgano rector y responsable de implementar la Consulta, no ha cumplido con los plazos para entregar la Guía Metodológica para su mejor implementación ni la Base de Datos Oficial de quienes serán consultados.

Es en este contexto que se llevará a cabo la primera experiencia de Consulta Previa en el Perú, con las comunidades indígenas de la cuenca de los ríos Pastaza, Corrientes y Tigre (Loreto), donde se explota el Lote 1AB, conocido por sus altas reservas de petróleo y sobre todo por ser una de las más grandes tragedias de contaminación en nuestro país.

Adicionalmente, hay cuestiones de fondo como la desnaturalización del mismo derecho, cuando se dice que la consulta se hará antes de la firma del contrato, después de la licitación; eso en términos prácticos significa utilizar la consulta como un mero acto procedimental, contradiciendo todas las normativas nacionales e internacionales que tratan de dar coherencia a nuestro cuerpo legal.

Normas como las de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que en su sentencia de julio de este año ante el caso Kichwa de Sarayaku vs Ecuador - donde no existió consulta y se puso en riesgo a la población al enterrar material explosivo para la realización de la exploración de petróleo a través de líneas sísmicas. En esta sentencia, la Corte consideró que el derecho a la consulta previa constituye un principio general de derecho internacional, lo que le da la jerarquía de principio constitucional en nuestro marco legal. 

En resumidas cuentas, el derecho internacional, al igual que muchas de las sentencias del Tribunal Constitucional, favorecen a las poblaciones indígenas. Si queremos ser coherentes con nuestro cuerpo normativo tenemos la obligación de cumplir con esos mandatos, de lo contrario, las organizaciones indígenas y la sociedad civil deben hacer uso estratégico de todas estas normativas. 

El Gobierno debe entender que no basta con garantizar la inversión privada, sino que es necesario hacer lo propio con los principales beneficiarios de este mecanismo, que son los pueblos indígenas. Si se quiere verdaderamente acortar las brechas de exclusión, se debe dar señales claras a los pueblos indígenas y sus organizaciones. Esto significa cumplir con los estándares internacionales mínimos para este primer proceso de consulta previa en el Perú.

¿Hacia dónde vamos con la implementación de la Ley de Consulta Previa? (Publicado en Diario La Primera febrero del 2012)

Como parte de la implementación de la Ley de Consulta Previa, Ley N° 29785, que incoherentemente careció de un proceso de consulta, el gobierno elaboró el año pasado un borrador de reglamento que ha venido recogiendo aportes de los pueblos indígenas a nivel nacional. Hoy, luego que esta etapa ha concluido, las organizaciones indígenas han decido no pronunciarse sobre este borrador, sino más bien exigir la modificación de la Ley de Consulta Previa.
Cabe preguntarse entonces, ¿Por qué se llegó a ese punto?, ¿Cuáles son las lecciones aprendidas de este proceso? y ¿Qué se propone el gobierno a mediano plazo? Si brevemente analizamos el porqué de este resultado, solo centrándose en la etapa de evaluación interna del borrador del reglamento, los cuestionamientos van cayendo por su propio peso. Se podrá decir entonces que de los 6 talleres macro regionales y el encuentro nacional, que buscaron recoger aportes, lo que se recogieron más bien fueron cuestionamientos de fondo, como la identificación de artículos que vulneran seriamente los derechos de los pueblos indígenas, y cuestionamientos formales fundados, que tienen que ver con temas metodológicos y logísticos.

Algunos han dicho que este proceso podría ser una oportunidad desaprovechada. Sin embargo, debe entenderse que los pueblos indígenas a través de sus organizaciones han demostrado mayor madurez política, participando activamente en este proceso y cuestionando la misma ley, no solo por los artículos que vulneran sus derechos sino por el contrasentido de hacerlo en su etapa de reglamentación. Una lección que ya el Estado debería haber asimilado es que son las formas el primer indicador para afianzar la confianza y ya en las cuestiones de fondo ser conscientes que las organizaciones indígenas tienen mucho que aportar.

Es necesario recalcar y enfatizar, que ésta no solo es una ley para asegurar las inversiones, como parece lo ha venido concibiendo el gobierno, significa también abrir los canales de participación plena y asegurar que los pueblos indígenas empiecen a ser verdaderos sujetos de derecho y decidan libremente por qué tipo de desarrollo apuestan. Tampoco significa que por exigir la modificación de la Ley de Consulta, sin pronunciarse sobre su reglamentación, esto quiera decir que se dejan desprotegidos los territorios indígenas. Por el contrario, debe entenderse que la única forma de asegurar el respeto a los derechos de los pueblos indígenas es promoviendo leyes claras que garanticen la implementación de sus derechos, en este caso, un derecho a la consulta que ha sido ganado por los pueblos indígenas, derecho vigente desde1995.

Finalmente la responsabilidad está en la cancha del gobierno. Si decide continuar con el proceso y promulgar un reglamento, darán la señal que el diálogo no sirve de nada cuando se interactúa con el Estado, y una Ley de Consulta sin consulta, con un reglamento “consultado” pero sin respetar los acuerdos, es un ingrediente altamente inflamable para estos tiempos de crecientes conflictos socio-ambientales.

Ciudad histórica y espacios públicos (Publicado en el diario El periódico- Guatemala)

La cartografía metafórica de las ciudades las escribió Ítalo Calvino. Así es que seremos muchos, los que cuando llegamos a una ciudad, acudimos a la representación de ella en las páginas de su “Ciudad Invisible”.
De esta manera Guatemala de la Asunción, también podría llamarse Guatemala de Zaira, aquella ciudad que no solo narra su pasado sino que “lo contiene como líneas de una mano, escritas en las esquinas de las calles, en las rejas de las ventanas…” pero también podría llamarse Sofronia, una espacio compuesto por dos medias ciudades. Una que exhibe una gran montaña rusa, carruseles, jaulas giratorias y la otra media ciudad de piedra, mármol y cemento; con su fábrica, palacio y matadero; la escuela y todo lo demás. Estas líneas son para esta última ciudad, más real, menos ficticia.
Dicen que las ciudades son como los sueños, se fundan en deseos y miedos. Conocí a ciudad de Guatemala por relatos de miedo, que como enfermedad se transmite por oídas y puede llevarte a atrofiar tus sentidos y de pronto no quieres ver, no quieres caminar, no quieres hablar con su gente. Vives envuelto en una capsula que te lleva del trabajo al apartamento y entre medias al centro comercial más cercano. Siempre habrá una justificación; con mayor razón en estos tiempos donde la inseguridad es cosa seria.
Sin embargo existe también otra realidad. Una realidad que parece regresar de antaño, donde caminar por el casco histórico de la ciudad era suficiente para sentirse guatemalteco. Una realidad que se pasea muy alegre por la sexta avenida, que se encuentra con jóvenes de distintas “tribus urbanas” deseosos de compartir su arte. Un espacio donde se olvidan las grandes fracturas de este pueblo y donde se confunden los trajes típicos con las modas más exóticas; las melodías más tradicionales con los sonidos más foráneos; pero sobre todo una realidad que respeta esa diversidad, que aplaude y recibe esos aplausos, contento y satisfecho porque se siente reconocida.
Puede haber varias ciudades en una sola, pero tenemos que reconocer que todas esas nuevas ciudades o realidades derivan de una. Ciudad de Guatemala, empieza en su plaza mayor un día de domingo de feria, después seguro se ramifica de manera compleja por toda la urbe, en esa difícil adaptación sincrética a lo largo de la historia, primero a la conquista, luego a esa construcción pendiente de nación y al mismo tiempo a una modernización que no da tregua.
Por tanto, no podemos contagiarnos por el miedo, ni generalizar nuestras apreciaciones de esa ciudad histórica. Lo que creo yo, que está sucediendo es que la gente vuelve a tomar confianza, recupera esos espacios imprescindibles para crear lazos comunes, que a su vez crean identidad. Las calles, las esquinas, las plazas y sus bancas son para eso, para reconocerse, para comunicarse. Nada peor que una ciudad ausente.
Por tanto existe una responsabilidad compartida tanto de los ciudadanos como de las autoridades, y apenas se dan las mínimas condiciones se retoman esos espacios, como en el caso de la sexta avenida. Así debiera extenderse al último rincón de esta gran urbe aunque a veces hay que generar presión a esas autoridades para ir a reconquistar esos espacios. Por supuesto que las soluciones ante la inseguridad son mucho más complejas. Pero ya habremos hecho mucho al reapropiarnos de nuestros lugares públicos, pasear por sus calles o platicar en sus plazas.

Dos historias Centroamericanas (Publicado en los Andes)

He residido en Nicaragua y Guatemala el último año. La experiencia en general ha sido más que interesante, ha sido tremendamente estimuladora a varios niveles. Hoy ha sido tiempo de revisar sus elecciones presidenciales.

A la mayoría de latinoamericanos se nos ha negado la posibilidad de pensar en serio, en la unidad y continuidad de esta región. Antes encontramos las diferencias y en ellas preferimos perdemos. Las fronteras del conocimiento aun se corresponden con las geográficas y siguen siendo infranqueables. Por eso, no hace falta preguntar qué poco sabemos sobre estos dos países. Solo en época de elecciones o grandes tragedias es que los medios de comunicación nos recuerdan su existencia.

Nicaragua y el gran lago. De más extensión que el nuestro, pero menos popular. Se muestra un país muy cercano que se deja querer con facilidad. Quizás una de las razones principales sea su revolución sandinista. Una revolución que se fue desdibujando con el tiempo y de ese recuerdo sublime queda hoy un presente descompuesto. Con muchos disidentes en su partido, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), y un solo caudillo Daniel Ortega; secundado por su primera dama y a la vez secretaria de comunicación Rosario Murillo, co-artífice de una campaña inconstitucional reeleccionista y para lavar cualquier duda, la iglesia santifica la reelección mediante su obispo Orlando Núñez. De esta manera las calles de Managua y el resto del país hace ya muchos meses adelantan su campaña con el lema principal “Nicaragua, Socialista Cristiana y Solidaria”. El proceso electoral de este último domingo ha estado precedido de irregularidades por parte del Gobierno, para empezar una sentencia de la Corte Constitucional, que declara la inaplicabilidad del artículo 147 de la Constitución que impide la reelección continua; estas y otras irregularidades han sido denunciadas por los observadores internacionales. Por su parte la oposición no ofrecía una opción distinta. La campaña del Partido Liberal Independiente que lidera Fabio Gadea, estuvo más centrada en denunciar los abusos del poder que en ofrecer mejoras para los ciudadanos. Por otro lado el ex presidente Arnoldo Alemán, hasta hace poco sentenciado a 20 años de cárcel por corrupción en su Gobierno y liberado en la práctica por el mismo Daniel Ortega, es un tercer candidato tachado por sus antecedentes. El FSLN es un partido que no necesitaría viciar sus propios comicios electorales, es un partido con mucho arraigo popular gracias a una derecha que cuando gobernó nunca se acordó del más de 42% de su población que vive en pobreza y claro está gracias a la ayuda financiera de Venezuela con lo que ha podido implementar varias programas sociales sin embargo ha optado por a cualquier costo retener el poder.

Guatemala el corazón Maya. Quien posee algunas cosas más en común, como esa diversidad étnica producto de un legado Maya, que nos hace enmudecer con todas sus expresiones culturales; es un país de encantamiento. Uno difícilmente puede trazar una relación directa entre la cordialidad de los guatemaltecos y su alta tasa de asesinatos diarios, solo superada por países en conflicto armado. Pero a esa reciente historia le precede una epidemia de cruentas dictaduras militares y una guerra civil 1960-1996 con saldo de 200,000 muertos y 45,000 desaparecidos. La pobreza sigue inmutable, más del 40%, de su población; una terrible desigualdad, la segunda en Latinoamérica; la impunidad que ha obligado al Estado a pedir la intervención de la Naciones Unidas a través de la Comisión Internacional Contra la Impunidad de Guatemala; la corrupción pan de cada día; el racismo que se siente en esa polarización de ladino- indígena; una inseguridad que crece cada vez más, ahora de la mano del narcotráfico; y el hambre y desnutrición, la segunda tasa más alta en Latinoamérica. Estas son viejas plagas que ningún político en los más de 20 años de democracia no ha sido capaz de enfrentar. Como si no fuera suficiente, el futuro no es nada esperanzador. A los guatemaltecos en esta elección presidencial reciente, les ha tocado elegir en segunda vuelta entre un General retirado Otto Pérez Molina, implicado en el genocidio de comunidades indígenas durante la guerra civil, a través del Plan Sofía cuyo objetivo era la eliminación de una supuesta base social de la guerrilla, encarnada en estas comunidades indígenas. Del otro lado el populismo encarnado en Manuel Baldizón con denuncias de vínculos con el narcotráfico y con ofrecimientos como la instauración de la pena de muerte y a cuya campaña la líder indígena Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchu ha tenido el desatino de apoyarlo. Finalmente a lo largo de la millonaria campaña sin precedentes en su historia democrática poco o nada han importado estos señalamientos.

Lo cierto es que de un lado, la izquierda con Daniel Ortega en Nicaragua podrá seguir siendo populista, ofrecer más programas sociales y tener un electorado fiel a costa de ir mermando cada vez más las instituciones frágiles con las que cuenta y me atrevería a decir que hay Daniel para rato. Así como hay para rato una derecha guatemalteca, la más recalcitrante que exista en Latinoamérica, personificada en un ex General acusado de genocidio. Ambos elegidos por el pueblo.

Conflictos socio-ambientales y pueblos aymaras II ( Publicado en el diario Los Andes 24-06-2011)

Latinoamérica, ahora mismo es la principal región de inversión en actividades económicas extractivas. Perú, ocupa el segundo lugar en recibir dichas inversiones, precisamente porque cuenta con un marco legal y económico atractivo para los inversionistas. Después de la región de Arequipa, Puno tiene la demanda más alta en solicitudes de concesiones para la exploración de actividades económicas extractivas.

A ese escenario hay que sumarle: la alta rentabilidad que produce la explotación de recursos naturales a un bajo coste económico para las empresas transnacionales; la subida del precio de los minerales y las indistintas medidas tributarias, ambientales o económicas que el Estado otorga para beneficiar a dichas empresas, en lugar de proteger el interés común de la mayoría de los ciudadanos.

Hay muchas otros rasgos que parecen declinar la balanza, a favor de un modelo extractivista depredador que el actual gobierno ha potenciado pero que data de tiempos de la colonia.

Lamentablemente son esas las circunstancias donde se propondrán soluciones al conflicto socio-ambiental en la región de Puno. Que a prácticamente un mes de su visibilización nacional gracias a los pueblos aymaras, si ha demostrado algo, es la total falta de voluntad por parte del gobierno central para entender el conflicto en su real dimensión. Algo que no es de extrañar puesto que este conflicto pone en cuestión su modelo económico. Por otro lado, a autoridades regionales como locales aún les falta mucho trabajo para asumir un rol preponderante en las distintas fases por las que pasan esta clase de conflictos.

Si vamos más allá, este conflicto con todos los argumentos esgrimidos tanto de un lado como del otro, deja en evidencia una fragilidad en la gobernabilidad de esta parte del territorio nacional, no solo en materia ambiental sino también política, económica y social. Los conflictos, si algo demuestran, son las distintas vulnerabilidades de las partes implicadas. Esta cadena de desvelamientos manifestados con este conflicto también ofrecen la oportunidad, y más aún a un gobierno entrante, para poder generar un cambio gradual de ese modelo extractivista depredador. Así lo están haciendo ya otros países sin que esto signifique el fin de las inversiones o el estancamiento del crecimiento.

Necesitamos generar gobernabilidad ambiental en todo el territorio. Según datos de la Defensoría del Pueblo, un 76% de los conflictos socio-ambientales que se registran en el país son consecuencia del escenario al que referimos líneas atrás. No es posible que se discuta la viabilidad de proyectos extractivitas con el gobierno central o regional, sin haber consultado a los principales actores a los que afectará dicha actividad económica. Es evidente que existe una exclusión social que una vez más se ha puesto de manifiesto en el caso del pueblo aymara. Por tanto se debe exigir la ley de consulta previa, que el convenio 169 de la OIT obliga a los países firmantes implementar en sus ordenamientos jurídicos y que en el caso nuestro, fue observado por el ejecutivo una vez que se aprobado por el congreso.

Otra acción que permitiría generar esa gobernabilidad ambiental es el desarrollo de un plan nacional de ordenamiento territorial que además de tomar en cuenta aspectos políticos administrativos, geomorfológicos, socioculturales, ecológicos, urbanos e industriales de cada región, deje en claro que territorios están destinados a la actividad extractiva formal o artesanal, de aquellos otros que son intangibles para dichas actividades. Respetando la diversidad cultural de las regiones y promoviendo consensos que lo doten de legitimidad; ingredientes indispensables para elaborar un ordenamiento territorial con una perspectiva ambiental sostenible.

En esta propuesta de transición gradual a un modelo extractivista más sensato y por qué no a largo plazo, a un modelo de extracción mínimo o indispensable, se tienen que ir tomando medidas de distinto orden bajo esa misma lógica, para así aclarar las reglas de juego que por ejemplo permitan cobrar impuesto a las sobreganancias cuando haya excesivas utilidades para las empresas o regular la priorización del consumo interno, por encima de otros interés económicos, como fue el caso del gas de Camisea.

Finalmente es poco estratégico que los pueblos aymaras y los demás ciudadanos interesados por un desarrollo sostenible de la región de Puno, entren a negociar cuestiones de fondo con el actual gobierno, teniendo presente sus antecedentes. Lo más sensato es ordenar sus argumentos, despejar esas sospechas que los vinculan a los intereses de una minería informal y esgrimirlos ante el nuevo gobierno que tiene la obligación de tomarlos en cuenta dado el amplio apoyo recibido en las elecciones recientes.

Conflictos socio-ambientales y pueblos aymaras ( Publicado en Los Andes)

Deconstruir la idea de los conflictos significa en primer orden ser consciente de su permanente acecho, puesto que los conflictos se configuran como condiciones naturales de nuestra sociedad y cultura. En cierta forma un conflicto advierte un cambio, que ya está dentro de nuestra responsabilidad, en sus niveles distintos, ofrecer soluciones justas con su realidad mediata. Esto no quiere decir que no analicemos las causas y graves consecuencias que acarrean los conflictos, para poder comprender el fenómeno en su total dimensión, disminuir sus costos y exigir a los actores sociales y políticos asuman las responsabilidades del caso.

El medio ambiente está siendo un escenario donde acontecen cada vez más conflictos, de ahí que hasta tenga su taxonomía propia y lo denominemos conflictos socio-ambientales. La pugna por el uso, manejo, transformación, apropiación y control de los recursos naturales inevitablemente conducen a conflictos; puesto que se enfrentan intereses, necesidades y objetivos de los distintos actores sociales y políticos. En Latinoamérica estos conflictos se han ido agudizando por causas estructurales, marcadas por la dependencia, las asimetrías sociales y el autoritarismo de los gobiernos para solucionarlos, muchas veces representando intereses económicos privados.

A estos conflictos socio-ambientales los primeros en reaccionar de forma categórica han sido los pueblos indígenas. A pesar de su marginalidad dentro de la construcción de esos mismos Estados, su reacción no se ha dejado esperar, entre otras razones porque esta constituye la defensa última de sus territorios y el acceso a los recursos naturales que ahí albergan. Esto se hace más evidente cuando los canales de interlocución institucional nunca supieron relacionarse con este sector de la población. De esta manera los conflictos socio-ambientales ponen de manifiesto una tarea pendiente tanto del lado del Estado como de la comunidad u organizaciones indígenas: fortalecer las instituciones en sus distintos niveles para no estar apagando incendios permanentemente.

El conflicto socio- ambiental, específicamente el conflicto minero en la región del Puno, posee características propias de distinto orden. Conocemos algunas de ellas, identificadas como históricas desde donde podríamos partir y llegar a nuestra situación actual. Entonces puesto que ha sido el pueblo aymara el primero en movilizarse y exigir una región libre de minería en el sur peruano, deberíamos interesarnos y conocer quiénes son esos compatriotas y bajo que justificación piden una región libre de minería. La gran mayoría urbana en nuestra región de Puno, no ha ido más allá de la mera descalificación de las movilizaciones, desmarcándose tajantemente de estas reivindicaciones; lo cual denota el poco interés por preguntarse qué región del país es que habitan.

El segundo punto es preguntarnos cuáles son esas justificaciones que han llevado al pueblo aymara a exigir una región libre de minería; en este apartado sobran justificaciones que avalan el pedido. Me referiré a una de orden cultural y otra de orden ambiental, solo por nombrar un par de razones.

En esa tensión permanente del Estado y los pueblos indígenas hay dos lógicas que se enfrentan respecto al medio ambiente. Una que concibe a la naturaleza como recurso natural y otra que concibe a la naturaleza como espacio de vida. Desde esta perspectiva el Estado peruano puede concesionar todo lo materialmente explotable. Es por ello que el pueblo aymara apela a su propia cosmovisión para salvar el territorio donde realiza su vida cotidiana y de esta manera el “suma qamaña” o el “buen convivir” adquiere sentido. Esta defensa contundente del pueblo aymara va de la mano del último informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), que señala principalmente las consecuencias de una economía extractivista y donde nos dice por ejemplo, que la extracción de minerales devora el 7% de la energía consumida en el mundo y dispara las emisiones de CO2 responsables del calentamiento global. Además esta actividad muestra un desacople entre el ritmo de crecimiento y el ritmo de consumo de recursos. Solo en el siglo XX la extracción de minerales se multiplico por 27, una tasa desorbitada respecto al crecimiento económico. También señala que ahora mismo se necesita remover el triple de material para extraer la misma cantidad de mineral que hace un siglo; así como se ha multiplicado por la misma cantidad el consumo de agua y energía para tal labor. Finalmente los autores del estudio anuncian que la era de la explotación sencilla y barata de los minerales está por terminar.

Seguro que habrá más razones que justifiquen el pedido del pueblo aymara, pero es tiempo también de buscar soluciones duraderas a este conflicto, lo cual merece ser materia de otro artículo.