martes, 29 de octubre de 2013

Desbloquear el derecho a la Consulta Previa

Desbloquear el derecho a la Consulta Previa

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Escribe: Luis Hallazi Méndez | Opinión - 21 oct 2013
La importancia que reviste la implementación del derecho a la consulta previa, libre e informada para los países de la región andina es trascendente en el camino de reconocimiento, reafirmación, participación política directa y libre determinación de los pueblos originarios, pero además es un derecho constitucional y humano, inalienable e irrenunciable que las poblaciones originarias deben exigir a sus gobiernos para su implementación inmediata.
No es casualidad que en países andinos como Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú existan acciones concretas y diversas que en la práctica están bloqueando la implementación de este derecho. Los cuatro países andinos están sujetos a un tratado internacional (Convenio 169 de la OIT), existe una jurisprudencia internacional y nacional de obligatorio cumplimiento, algunos han incluido la consulta como un derecho constitucional, otros han creado leyes y reglamentos concretos (caso del Perú); en fin, instrumentos jurídicos existen, y  todos nacen del ius imperium atribución de los Estados para dictar normas a su Nación; pero paradójicamente como es el caso del Perú, estas normas no se aplican, no se respetan, ni por el propio Estado que las emite. Parece ser que sólo las iniciativas políticas que sean de interés de poderes fácticos son los que pueden tener futuro en una trastornada “cultura de la legalidad”, las demás corren el riesgo de quedarse en un discurso (Humala en Imacitas- Bagua) o en el papel (Ley de Consulta Previa).

La respuesta de muchos es que se trata de falta de voluntad política. Razón suficiente para normalizar una vez más los hechos y justificar con ello la desidia generalizada de los Estados (estrategia muy común entre éstos). Naturalmente se trata de falta de voluntad, pero ¿qué más significa ello? ¿qué más podemos hacer al respecto? ante tanta comodidad e irresponsabilidad de los más altos funcionarios de los gobiernos o es que ¿estamos en una crisis de gobernabilidad y legitimidad que nos pueden llevar a una nueva reconfiguración de los territorios?
Algo se ha avanzado, invirtiendo muchas energías en entender los conceptos básicos del derecho a la consulta previa, sobre todo centrado en el plano jurídico sin embargo aún es necesario resaltar la importancia de este derecho, así como sus efectos e implicancias desde la perspectiva de los pueblos indígenas, las consecuencias materiales que van teniendo la falta de aplicación de este derecho para los pueblos indígenas, los Estados y también para las empresas extractivas, de tal manera que permitan despejar dudas y comprender la real dimensión de consultar a las poblaciones indígenas. Para ello es necesario que los mismos pueblos puedan intercambiar experiencias en cuanto a los avances, límites, retrocesos y retos que hasta ahora ha tenido la implementación de este derecho, y de esta manera compartir las lecciones aprendidas en cada comunidad, departamento, región y país.
Las bases para superar el bloqueo de la consulta previa en los países andinos ya se viene explorando. Es decir, ya se han activando mecanismos e instrumentos jurídicos (tenemos sentencias nacionales e internacionales), pero aún es necesario dotarle de mayor legitimidad política de los pueblos y naciones indígenas, acompañado de estrategias comunicacionales todas estas que permitan llegar al final de los mecanismos jurídicos activados y fortalecer las futuras acciones políticas que tomen. Es necesaria una acción conjunta del movimiento indígena del Abya Yala (Ameríca Latina) de tal manera que reafirme su legitimidad para en el ejercicio pleno de este derecho.
Bajo esas condiciones sin duda que es posible superar el actual bloqueo en la implementación del derecho a consultar a los pueblos indígenas y el departamento de Puno y su mayoritaria población indígena y originaria con sus más de 67 mil Km2 de diversidad cultural y de recursos naturales no puede estar ajeno a la aplicación de este derecho que el actual gobierno ha decidido bloquear.

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