viernes, 28 de junio de 2013

La locomotora de inversiones que arrolla derechos (Publicado el el Diario Los Andes)

La marcha a la laguna El Perol de cerca de tres mil comuneros cajamarquinos para detener un eventual transvase de sus aguas, coincidió con las recientes declaraciones del Ministro Merino sobre el proyecto Conga (El Comercio, 17-06-13), en dicha entrevista se ratifica que no hay señales de cambio ni formal ni sustantivo tras el conflicto de mediados del 2012 que costó la vida de 5 personas; parece haber sido solo una “tregua” engañosa, que ahora vuelve a reactivarse y polarizar a los actores.
Si el agua era una de las causas de conflicto ¿que se hizo al respecto? además de un reservorio a espaldas y en contra de la voluntad de las comunidades; se menciona que están trabajando en la “microutilización” del agua con las comunidades pero ¿en qué consiste y con qué comunidades se hace ese trabajo? Por otro lado se sigue estigmatizando a una parte de las comunidades al dividirlos en dos grupos uno cercano al gobierno y otro radical (antiminero) con el que no están dispuestos a dialogar. Sin embargo se menciona que es importante el dialogo pero además se señala que “en paralelo tenemos que hacer respetar el orden y la ley” El mensaje es un dialogo condicionado o caso contrario aplico la ley ¿y qué es la ley bajo estas circunstancias? ¿Flexibilización de las normas ambientales? o acaso ¿criminalización de la protesta? Se siguen repitiendo los mismos argumentos “Conga es de todos los peruanos” y ¿Aún no se han identificado cuales son los derechos humanos que están en juego en las comunidades cajamarquinas?
Por otro lado, todos los sectores del Poder Ejecutivo tiene el deber de cumplir con sus funciones contenidas en sus leyes orgánicas de creación y respectivos reglamentos, hay una obligación de sujeción a las normas constitucionales y ordinarias, cada sector conoce sus funciones y si bien debiera trabajar conjuntamente, esto no significa que en el MEM se tome atribuciones por encima de dichas leyes y mencione categóricamente “ningún organismo del Estado puede poner problemas a una inversión como Conga” ¿qué clase de Estado de derecho está por debajo de los intereses de inversionistas? Por ultimo para despejar dudas que del conflicto pasado no se aprendió nada, en la entrevista se dice que “Estado no puede solo”, puesto que necesita de las Empresas, ya que en conjunto, se deja leer entre líneas, podrán imponer los proyectos; poco o nada importa lo que piensen las comunidades a pesar de que tengamos una ley de consulta previa.
En detrimento de la implementación del derecho a la consulta previa se ha referido a que no se publicará la base de datos porque en la sierra donde se encuentra casi la totalidad de proyectos y mega proyectos mineros, simplemente no se quiere consultar. Es mejor para el gobierno hacerlo caso por caso y además que sean las comunidades campesinas las que hagan su petición, incumpliendo con la propia ley que el mismo gobierno dio, Ley 29785, art. 2 segunda párrafo “la consulta es implementada de forma obligatoria por el Estado”, art. 8 inc. b las entidades promotoras deben cumplir con la “identificación de los pueblos indígenas u originarios a ser consultados” expresamente el art. 10 menciona la identificación “debe de ser efectuada por las entidades estatales“. Por su parte el Reglamento de la consulta en su art. 6 sobre consulta y recursos naturales vuelve a señalar la obligación del Estado, art. 8.1 vuelve a mencionar que la entidad promotora identifica a los pueblos indígenas, es más el art. 8.2 señala que en caso se cuente con nueva información que no está registrada esta se remitirá al Viceministerio de Interculturalidad, ratificando el rol tuitivo del Estado en la identificación de los pueblos. El derecho de petición tal como lo señala el art. 9 del reglamento de la Ley de consulta opera cuando un pueblo indígena solicita su inclusión en un proceso de consulta, donde ya se han identificado a uno o un grupo de ellos, es decir cuando un pueblo indígena o comunidad campesina ha sido excluida del proceso.
Finalmente tanto estas nuevas declaraciones del ministro Merino como en su momento las del mismo presidente evidencian un pobre conocimiento sobre los derechos de nuestros pueblos, discursos como el de “comunidades agrarias” o aquellas ”En Cañaris hoy todos tienen costumbres occidentales, todos utilizan celulares” y por tanto no hay pueblos indígenas ni derecho a la consulta, no hace más que obligarnos a una lectura que nos ponga en alerta, en vista que la lógica actual del gobierno, parece ser arrollar todo derecho que se ponga de por medio a la locomotora de las inversiones, sin entrar a un debate trascendental, sobre si nuestro país está preparado para recibir más inversión minera.Diario Los Andes