viernes, 23 de enero de 2015

Movimiento juvenil urbano

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Escribe: Luis Hallazi | Opinión - 19 ene 2015
Las movilizaciones relacionadas a la derogatoria de la Ley 30288, sobre el nuevo Régimen Laboral Juvenil, conocida popularmente como la “%u200ELey Pulpín”, ha sido la partida de defunción del Partido Nacionalista Peruano. Por lo menos lo es así, para una gran parte de jóvenes urbanos que andaban al margen de la real polìtica y que tuvieron una percepción negativa contra dicha ley.
Sin embargo, el Gobierno tuvo la oportunidad de retractarse y en medio de una discusión pública poder establecer relaciones más justas, de modo que se construya una norma consensuada; empero, sacó un reglamento, armó una campaña agresiva de spots publicitarios, insultó con sus declaraciones la inteligencia de tantos jóvenes y hasta manipuló a un grupo de ellos para hacer pensar lo contrario. Lección aprendida: si una norma está en debate público con respaldo popular no la impongas al caballazo.

La marcha de protesta del 15 enero por la derogatoria de la Ley 30288, fue la cuarta marcha en menos de un mes en todo el país. Pese a los lamentables hechos violentos que se registraron en Lima, ha permitido que se consolidé el inicio de un nuevo movimiento juvenil peruano. El responsable en buena parte viene siendo el Gobierno, con su Ministro de Interior a la cabeza; Daniel Urresti reprimió brutalmente a los jóvenes, poniendo a ocho mil efectivos policiales a resguardar las principales arterias, que podrían llevar a la marcha hasta el Congreso de la República.
La frustración de no poder lograr el cometido y estar en las calles por cuarta vez sin soluciones y ante la soberbia del Gobierno, hicieron prever que los ánimos iban a estar exacerbados; así es que esa intransigencia de “militarizar” el centro histórico desató una violenta represión que ha dejando el saldo de heridos y contusos, intoxicados por las decenas de gases lanzados y más de 50 detenidos, entre ellos, periodistas de medios de comunicación alternativa.
En resumen, la torpeza de un Gobierno casi militar desató un escenario espectacular y brutal. Lo único que ha conseguido, con eso, es que ya no solo se cuestione la Ley 30288 (Ley Pulpín), sino que los cuestionamientos vayan a muchas otras normas y acciones del Gobierno, e incluso se cuestione el mismo modelo: un modelo neoliberal que va teniendo serias vulneraciones a los derechos humanos y que en el Perú parece haber encontrado su primera resistencia urbana; veremos cómo se desarrolla esta gesta.

Entre la defensa del bien común y la liberalización económica

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Escribe: Luis Hallazi* | Opinión - 04 ene 2015
Más allá de cualquier desastre natural o del futuro impacto que el cambio climático empieza a ejercer en el tercer país más vulnerable; o acaso tener una ubicación geográfica de alto riesgo sísmico, por descansar justo debajo de una falla geológica llamada placa continental; más allá de ello, la gran falla geológica que ha atravesado a este país, ha sido y es la ideología racista.
Una ideología que bajo diferentes momentos históricos en el Perú ha sabido ejercer un control político, social, cultural y en esta era del Homus Economicus,ha sabido articularse con la ideología neoliberal de gran influencia en este país; convirtiéndose en esa bestia bicéfala que va peligrosamente instalándose en lo más recóndito de nuestro imaginario. Y que a falta de una identidad definida, van asumiendo ciertos rasgos que empiezan a formar esa nueva idiosincrasia peruana. Un resultado es esa imagen tramposa que representa la Marca Perú, que con su Ceviche, su Machupichu y su chicha ni limonada[1], van refundando una nación sin república ni ciudadanos[2], donde la ideología neoliberal y racista van teniendo especial protagonismo.
No hace falta más que repasar los recientes hechos políticospara advertir esa simbiosis.Es el caso dela controvertida Ley del Régimen Laboral Juvenil Especial, Ley 30288 que bajo la nueva demagogia del crecimiento económico (que parece ser infinito) busca reactivar la economía a costa de precarizar los beneficios laborales del empleo juvenil, replanteando esa frase racista del “cholo barato” que generó una creciente desprotección de derechos laborales, con laconsecuencia que el 74.3%[3] son empleos informales.
De la misma forma la Ley 30230, una ley “cajón de sastre” que crea, modifica y deroga normas en función de los intereses de inversionistas; y que bajo el mismo pretexto de reactivar la economía, debilita la institucionalidad ambiental y pone en serio riesgo los territorios de las comunidades campesinas y nativas, último reducto que permite la sobrevivencia de nuestros pueblos indígenas y originarios, buscando la liberalización de sus tierras a favor de proyectos de inversión.
Estos hechos nos está demostrando que a esa historia de exclusión y violencia racista, hay que agregarle un modelo neoliberal gestionado por tecnócratas ideologizados,que están dispuestos a cualquier cosa por generar el máximo de beneficios a unos pocos (inversionistas propietarios de empresas trasnacionales) en nombre de la liberalización económica,la cual no conoce de límites, ni de reglas para controlar su voracidad, que cada vez más impide el bienestar común de poblaciones excluidas y racializadas[4].
La actual forma de cómo está operando el actual régimen peruano, nos hace advertir que no son hechos aislados, en el recuento de este año 2014, hemos podido notar que el Ius Imperium, es decir el derecho del Estado a dar leyes, ya no responde a esa división tradicional del poder político, donde las leyes las da el poder legislativo y son refrendadas por el poder ejecutivo. Ahora en la realpolitk,muchas de esas normas ya no se dan ni siquiera en función de un consenso entre diferentes intereses representados por parlamentarios, donde operan los lobbies o donde los gremios y sociedad civil organizada tratan de influir en el diseño de leyes; ese Ius Imperium por lo menos en las leyes que mayor impacto están teniendo en la ciudadanía,se dan desde el Ministerio de Economía y Finanzas- MEF, funcionarios a quienes ahora de acuerdo a la política del pragmatismo, deberíamos fiscalizar o por lo menos saber quiénes son exactamente ellos, los nuevos legisladores que ante la ausencia de políticos, parecen haber instalado el régimen de la tecnocracia neoliberal.
Es probable que en su defensa muchos de esos tecnócratas digan que no hay alternativas a este modelo y que el Perúes una ráfaga de esa gran proyección que es la economía global, donde no hay tiempo para el debate público, sin políticos real
mente capaces y donde las decisiones tienen que ser rápidas; y claro está, donde la liberalización económica es el gran alfil queestimula el crecimiento económico y engendra esa clase media tan añorada. Todo dicho siempre con cifras macroeconómicas bajo el brazo, donde no hay lugar para el análisis de la historia política y social de nuestro país.
Asistimos pues a la dictadura del Producto Bruto Interno, sin prevención alguna sobre sus consecuencias, ni interés de las lecciones aprendidas a la actual crisis económica de los países del norte, sin capacidad de una lectura histórica que pone en peligro de esa excesiva libertad de unos pocos en desmedro de mayoríasracializadasy ahora excluidas por la violencia neoliberal que está generando mayor desigualdad económica.
Será el 2015 una defensa cerrada del bien común,que permitaresistir ante un modelo depredador de recursos naturales y derechos civiles, políticos, sociales y culturales.Una resistencia no solo de los movimientos sociales, sino también de las instituciones que verdaderamente quieren defender su independencia y el Estado de Derecho que siguesiendodebilitado.No se trata pues, solo de certezas matemáticas preconcebidas que sustituyan el debate público, plural y democrático; sino de buscar una transición donde las cifras macroeconómicas empiecen a jugar a favor del bienestar común de más peruanos y peruanas.
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[1]Una frase que quiere decir que no hay ni una cosa ni la otra.
[2] Parafraseando el artículo de Alberto Flores Galindo “República sin ciudadanos” donde se analiza la estructuración del discurso racista integrado en la sociedad peruana. Y a propósito del reciente ensayo de Alberto Vergara Ciudadanos sin República.
[3]Veaséhttp://www.larepublica.pe/05-06-2014/un-743-de-los-empleos-en-el-peru-son-informales
[4]Racialización acá se equipara con el desequilibrio entre grupos étnicos que se puede resumir en la racialización de la pobreza o la injusticia, en el caso del Perú histórica han sido los indígenas de todas las regiones del país.
* Abogado y politólogo, especialista en Derechos Humanos y en mecanismos para el ejercicio de un Derecho Transformador