miércoles, 16 de noviembre de 2011

Dos historias Centroamericanas (Publicado en los Andes)

He residido en Nicaragua y Guatemala el último año. La experiencia en general ha sido más que interesante, ha sido tremendamente estimuladora a varios niveles. Hoy ha sido tiempo de revisar sus elecciones presidenciales.

A la mayoría de latinoamericanos se nos ha negado la posibilidad de pensar en serio, en la unidad y continuidad de esta región. Antes encontramos las diferencias y en ellas preferimos perdemos. Las fronteras del conocimiento aun se corresponden con las geográficas y siguen siendo infranqueables. Por eso, no hace falta preguntar qué poco sabemos sobre estos dos países. Solo en época de elecciones o grandes tragedias es que los medios de comunicación nos recuerdan su existencia.

Nicaragua y el gran lago. De más extensión que el nuestro, pero menos popular. Se muestra un país muy cercano que se deja querer con facilidad. Quizás una de las razones principales sea su revolución sandinista. Una revolución que se fue desdibujando con el tiempo y de ese recuerdo sublime queda hoy un presente descompuesto. Con muchos disidentes en su partido, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), y un solo caudillo Daniel Ortega; secundado por su primera dama y a la vez secretaria de comunicación Rosario Murillo, co-artífice de una campaña inconstitucional reeleccionista y para lavar cualquier duda, la iglesia santifica la reelección mediante su obispo Orlando Núñez. De esta manera las calles de Managua y el resto del país hace ya muchos meses adelantan su campaña con el lema principal “Nicaragua, Socialista Cristiana y Solidaria”. El proceso electoral de este último domingo ha estado precedido de irregularidades por parte del Gobierno, para empezar una sentencia de la Corte Constitucional, que declara la inaplicabilidad del artículo 147 de la Constitución que impide la reelección continua; estas y otras irregularidades han sido denunciadas por los observadores internacionales. Por su parte la oposición no ofrecía una opción distinta. La campaña del Partido Liberal Independiente que lidera Fabio Gadea, estuvo más centrada en denunciar los abusos del poder que en ofrecer mejoras para los ciudadanos. Por otro lado el ex presidente Arnoldo Alemán, hasta hace poco sentenciado a 20 años de cárcel por corrupción en su Gobierno y liberado en la práctica por el mismo Daniel Ortega, es un tercer candidato tachado por sus antecedentes. El FSLN es un partido que no necesitaría viciar sus propios comicios electorales, es un partido con mucho arraigo popular gracias a una derecha que cuando gobernó nunca se acordó del más de 42% de su población que vive en pobreza y claro está gracias a la ayuda financiera de Venezuela con lo que ha podido implementar varias programas sociales sin embargo ha optado por a cualquier costo retener el poder.

Guatemala el corazón Maya. Quien posee algunas cosas más en común, como esa diversidad étnica producto de un legado Maya, que nos hace enmudecer con todas sus expresiones culturales; es un país de encantamiento. Uno difícilmente puede trazar una relación directa entre la cordialidad de los guatemaltecos y su alta tasa de asesinatos diarios, solo superada por países en conflicto armado. Pero a esa reciente historia le precede una epidemia de cruentas dictaduras militares y una guerra civil 1960-1996 con saldo de 200,000 muertos y 45,000 desaparecidos. La pobreza sigue inmutable, más del 40%, de su población; una terrible desigualdad, la segunda en Latinoamérica; la impunidad que ha obligado al Estado a pedir la intervención de la Naciones Unidas a través de la Comisión Internacional Contra la Impunidad de Guatemala; la corrupción pan de cada día; el racismo que se siente en esa polarización de ladino- indígena; una inseguridad que crece cada vez más, ahora de la mano del narcotráfico; y el hambre y desnutrición, la segunda tasa más alta en Latinoamérica. Estas son viejas plagas que ningún político en los más de 20 años de democracia no ha sido capaz de enfrentar. Como si no fuera suficiente, el futuro no es nada esperanzador. A los guatemaltecos en esta elección presidencial reciente, les ha tocado elegir en segunda vuelta entre un General retirado Otto Pérez Molina, implicado en el genocidio de comunidades indígenas durante la guerra civil, a través del Plan Sofía cuyo objetivo era la eliminación de una supuesta base social de la guerrilla, encarnada en estas comunidades indígenas. Del otro lado el populismo encarnado en Manuel Baldizón con denuncias de vínculos con el narcotráfico y con ofrecimientos como la instauración de la pena de muerte y a cuya campaña la líder indígena Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchu ha tenido el desatino de apoyarlo. Finalmente a lo largo de la millonaria campaña sin precedentes en su historia democrática poco o nada han importado estos señalamientos.

Lo cierto es que de un lado, la izquierda con Daniel Ortega en Nicaragua podrá seguir siendo populista, ofrecer más programas sociales y tener un electorado fiel a costa de ir mermando cada vez más las instituciones frágiles con las que cuenta y me atrevería a decir que hay Daniel para rato. Así como hay para rato una derecha guatemalteca, la más recalcitrante que exista en Latinoamérica, personificada en un ex General acusado de genocidio. Ambos elegidos por el pueblo.

martes, 8 de noviembre de 2011

Conflictos socio-ambientales y pueblos aymaras II ( Publicado en el diario Los Andes 24-06-2011)

Latinoamérica, ahora mismo es la principal región de inversión en actividades económicas extractivas. Perú, ocupa el segundo lugar en recibir dichas inversiones, precisamente porque cuenta con un marco legal y económico atractivo para los inversionistas. Después de la región de Arequipa, Puno tiene la demanda más alta en solicitudes de concesiones para la exploración de actividades económicas extractivas.

A ese escenario hay que sumarle: la alta rentabilidad que produce la explotación de recursos naturales a un bajo coste económico para las empresas transnacionales; la subida del precio de los minerales y las indistintas medidas tributarias, ambientales o económicas que el Estado otorga para beneficiar a dichas empresas, en lugar de proteger el interés común de la mayoría de los ciudadanos.

Hay muchas otros rasgos que parecen declinar la balanza, a favor de un modelo extractivista depredador que el actual gobierno ha potenciado pero que data de tiempos de la colonia.

Lamentablemente son esas las circunstancias donde se propondrán soluciones al conflicto socio-ambiental en la región de Puno. Que a prácticamente un mes de su visibilización nacional gracias a los pueblos aymaras, si ha demostrado algo, es la total falta de voluntad por parte del gobierno central para entender el conflicto en su real dimensión. Algo que no es de extrañar puesto que este conflicto pone en cuestión su modelo económico. Por otro lado, a autoridades regionales como locales aún les falta mucho trabajo para asumir un rol preponderante en las distintas fases por las que pasan esta clase de conflictos.

Si vamos más allá, este conflicto con todos los argumentos esgrimidos tanto de un lado como del otro, deja en evidencia una fragilidad en la gobernabilidad de esta parte del territorio nacional, no solo en materia ambiental sino también política, económica y social. Los conflictos, si algo demuestran, son las distintas vulnerabilidades de las partes implicadas. Esta cadena de desvelamientos manifestados con este conflicto también ofrecen la oportunidad, y más aún a un gobierno entrante, para poder generar un cambio gradual de ese modelo extractivista depredador. Así lo están haciendo ya otros países sin que esto signifique el fin de las inversiones o el estancamiento del crecimiento.

Necesitamos generar gobernabilidad ambiental en todo el territorio. Según datos de la Defensoría del Pueblo, un 76% de los conflictos socio-ambientales que se registran en el país son consecuencia del escenario al que referimos líneas atrás. No es posible que se discuta la viabilidad de proyectos extractivitas con el gobierno central o regional, sin haber consultado a los principales actores a los que afectará dicha actividad económica. Es evidente que existe una exclusión social que una vez más se ha puesto de manifiesto en el caso del pueblo aymara. Por tanto se debe exigir la ley de consulta previa, que el convenio 169 de la OIT obliga a los países firmantes implementar en sus ordenamientos jurídicos y que en el caso nuestro, fue observado por el ejecutivo una vez que se aprobado por el congreso.

Otra acción que permitiría generar esa gobernabilidad ambiental es el desarrollo de un plan nacional de ordenamiento territorial que además de tomar en cuenta aspectos políticos administrativos, geomorfológicos, socioculturales, ecológicos, urbanos e industriales de cada región, deje en claro que territorios están destinados a la actividad extractiva formal o artesanal, de aquellos otros que son intangibles para dichas actividades. Respetando la diversidad cultural de las regiones y promoviendo consensos que lo doten de legitimidad; ingredientes indispensables para elaborar un ordenamiento territorial con una perspectiva ambiental sostenible.

En esta propuesta de transición gradual a un modelo extractivista más sensato y por qué no a largo plazo, a un modelo de extracción mínimo o indispensable, se tienen que ir tomando medidas de distinto orden bajo esa misma lógica, para así aclarar las reglas de juego que por ejemplo permitan cobrar impuesto a las sobreganancias cuando haya excesivas utilidades para las empresas o regular la priorización del consumo interno, por encima de otros interés económicos, como fue el caso del gas de Camisea.

Finalmente es poco estratégico que los pueblos aymaras y los demás ciudadanos interesados por un desarrollo sostenible de la región de Puno, entren a negociar cuestiones de fondo con el actual gobierno, teniendo presente sus antecedentes. Lo más sensato es ordenar sus argumentos, despejar esas sospechas que los vinculan a los intereses de una minería informal y esgrimirlos ante el nuevo gobierno que tiene la obligación de tomarlos en cuenta dado el amplio apoyo recibido en las elecciones recientes.

martes, 21 de junio de 2011

Conflictos socio-ambientales y pueblos aymaras ( Publicado en Los Andes)

Deconstruir la idea de los conflictos significa en primer orden ser consciente de su permanente acecho, puesto que los conflictos se configuran como condiciones naturales de nuestra sociedad y cultura. En cierta forma un conflicto advierte un cambio, que ya está dentro de nuestra responsabilidad, en sus niveles distintos, ofrecer soluciones justas con su realidad mediata. Esto no quiere decir que no analicemos las causas y graves consecuencias que acarrean los conflictos, para poder comprender el fenómeno en su total dimensión, disminuir sus costos y exigir a los actores sociales y políticos asuman las responsabilidades del caso.

El medio ambiente está siendo un escenario donde acontecen cada vez más conflictos, de ahí que hasta tenga su taxonomía propia y lo denominemos conflictos socio-ambientales. La pugna por el uso, manejo, transformación, apropiación y control de los recursos naturales inevitablemente conducen a conflictos; puesto que se enfrentan intereses, necesidades y objetivos de los distintos actores sociales y políticos. En Latinoamérica estos conflictos se han ido agudizando por causas estructurales, marcadas por la dependencia, las asimetrías sociales y el autoritarismo de los gobiernos para solucionarlos, muchas veces representando intereses económicos privados.

A estos conflictos socio-ambientales los primeros en reaccionar de forma categórica han sido los pueblos indígenas. A pesar de su marginalidad dentro de la construcción de esos mismos Estados, su reacción no se ha dejado esperar, entre otras razones porque esta constituye la defensa última de sus territorios y el acceso a los recursos naturales que ahí albergan. Esto se hace más evidente cuando los canales de interlocución institucional nunca supieron relacionarse con este sector de la población. De esta manera los conflictos socio-ambientales ponen de manifiesto una tarea pendiente tanto del lado del Estado como de la comunidad u organizaciones indígenas: fortalecer las instituciones en sus distintos niveles para no estar apagando incendios permanentemente.

El conflicto socio- ambiental, específicamente el conflicto minero en la región del Puno, posee características propias de distinto orden. Conocemos algunas de ellas, identificadas como históricas desde donde podríamos partir y llegar a nuestra situación actual. Entonces puesto que ha sido el pueblo aymara el primero en movilizarse y exigir una región libre de minería en el sur peruano, deberíamos interesarnos y conocer quiénes son esos compatriotas y bajo que justificación piden una región libre de minería. La gran mayoría urbana en nuestra región de Puno, no ha ido más allá de la mera descalificación de las movilizaciones, desmarcándose tajantemente de estas reivindicaciones; lo cual denota el poco interés por preguntarse qué región del país es que habitan.

El segundo punto es preguntarnos cuáles son esas justificaciones que han llevado al pueblo aymara a exigir una región libre de minería; en este apartado sobran justificaciones que avalan el pedido. Me referiré a una de orden cultural y otra de orden ambiental, solo por nombrar un par de razones.

En esa tensión permanente del Estado y los pueblos indígenas hay dos lógicas que se enfrentan respecto al medio ambiente. Una que concibe a la naturaleza como recurso natural y otra que concibe a la naturaleza como espacio de vida. Desde esta perspectiva el Estado peruano puede concesionar todo lo materialmente explotable. Es por ello que el pueblo aymara apela a su propia cosmovisión para salvar el territorio donde realiza su vida cotidiana y de esta manera el “suma qamaña” o el “buen convivir” adquiere sentido. Esta defensa contundente del pueblo aymara va de la mano del último informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), que señala principalmente las consecuencias de una economía extractivista y donde nos dice por ejemplo, que la extracción de minerales devora el 7% de la energía consumida en el mundo y dispara las emisiones de CO2 responsables del calentamiento global. Además esta actividad muestra un desacople entre el ritmo de crecimiento y el ritmo de consumo de recursos. Solo en el siglo XX la extracción de minerales se multiplico por 27, una tasa desorbitada respecto al crecimiento económico. También señala que ahora mismo se necesita remover el triple de material para extraer la misma cantidad de mineral que hace un siglo; así como se ha multiplicado por la misma cantidad el consumo de agua y energía para tal labor. Finalmente los autores del estudio anuncian que la era de la explotación sencilla y barata de los minerales está por terminar.

Seguro que habrá más razones que justifiquen el pedido del pueblo aymara, pero es tiempo también de buscar soluciones duraderas a este conflicto, lo cual merece ser materia de otro artículo.

miércoles, 18 de mayo de 2011

Activismo político y Facebook (Publicado en los Andes)

El sociólogo Charles Tilly, dedicó gran parte de su vida al estudio de los movimientos sociales, dejando en la última obra de una vasta producción de más de 50 títulos, un interesante análisis sobre el futuro de este fenómeno. Tilly murió antes de la publicación de “Los movimientos sociales 1768- 2008, desde sus orígenes al Facebook” (2010- Crítica, Barcelona), libro que de alguna forma fue un esfuerzo de síntesis de su larga experiencia investigativa, donde combino su cabal conocimiento de la historia, la sociología y el análisis político.

La obra narra los inicios de los movimientos sociales con las protestas populares de distinta índole que atravesó Inglaterra a mediados del Siglo XVIII, para posteriormente estudiar la expansión de este fenómeno como instrumento de trasformación social en los siglos siguientes, hasta llegar a nuestra actual época de globalización y nuevos medios de comunicación. Así como para el siglo XIX la imprenta supuso un medio de comunicación importante para la propagación de los movimientos sociales, o de la misma manera la radio y televisión lo fueron en el siglo XX, en nuestro siglo internet y concretamente el Facebook se ha convertido en ese medio capaz de interconectar y hasta movilizar a miles de ciudadanos. La utilización de este medio es ya habitual y sus efectos los hemos podido comprobar con la elección de Obama, los movimientos de insurrección árabe -que muchos no imaginaron posible por esa falta de conocimiento que tenemos sobre la cultura árabe musulmana- o los efectos más mediáticos en las actuales elecciones presidenciales de nuestro país.

El estudio de los movimientos sociales es complejo y no pretendemos desglosar aquí lo que a Tilly le mereció toda una vida de investigación; sin embargo una de sus principales conclusiones es que a mayor número de movimientos sociales, mayor será la presencia de las instituciones democráticas y de mejor manera se podrá fomentar su funcionamiento. Es el sentido que hoy recobra la expresión “movimiento social “, una especie de contrapeso a los atropellos del poder opresivo con un llamamiento claro a la acción popular para hacerle frente a un amplísimo abanico de amenazas.

Son distintos los movimientos sociales pues varían desde reivindicaciones locales, regionales a internacionales. Aunque parece ser la internacionalización el futuro de muchas de ellas como es el caso de movimientos de derechos humanos, ambientalistas o antiglobalización. Todas diversas en sus fines, tanto como en su unidad y número, utilizan hoy medios digitales para mantener más activos a sus miembros o establecer alianzas supranacionales. No obstante, no son estos movimientos los únicos que hacen uso de estos medios con fines políticos, como es lógico también dichos medios son utilizados desde las órbitas del poder económico o político. Tilly nos advierte en este punto, que debemos andar con cuidado antes de decantarnos por el determinismo de las comunicaciones, puesto que su utilización no nos asegura el éxito de los objetivos de dichos movimientos, ya que actualmente existe una desigualdad en el acceso a la tecnología y más aun se experimenta una relación asimétrica entre los productores de contenidos de información y consumidores de estas.

Son esos medios de comunicación los mismos que utilizamos a diario más allá de nuestra simpatía o no con los movimientos sociales. Medios como el Faceboock que lamentablemente no ha sabido cumplir ni siquiera un rol informativo en este proceso electoral, ni mucho menos de movilización o activismo político. Al contrario el Faceboock ha sido la plataforma para reavivar esos sentimientos reprimidos que están presentes en sus usuarios mayoritarios, aquellos que creen que el Facebook es su feudo pues su título universitario o su condición de clase así lo determinan y por ello convierten dicha herramienta comunicativa en un escenario de intolerancia y racismo.

Lo cierto es que aunque el Facebook actualmente es una especie de escaparate donde la vanidad y superficialidad de las relaciones sociales toman el protagonismo, eso no es razón suficiente para que alentados por el miedo colectivo basado en un supuesto perjuicio económico para el país, salgamos a ese escaparate y colguemos agravios vergonzosos o para que en nombre de la ética y los principios insultemos al adversario político. Aunque sea precisamente eso lo que también está en juego en estas elecciones: seguridad económica vs principios éticos.

http://www.losandes.com.pe/Opinion/20110517/49932.html

martes, 19 de abril de 2011

Dos lecturas del documento de Banco Mundial (publicado en el diario Los Andes)

A propósito del documento preparado por el Banco Mundial: El Perú en el umbral de la nueva era. Un documento de obligatoria lectura para comprender los logros macroeconómicos de nuestra última década, pero también para apuntar las desatenciones que en ese mismo periodo hemos mantenido.


Son dos lecciones, cuanto mínimo, las que nos ofrece la lectura de dicho documento. Veamos una primera lectura, enmarcada desde la lógica del Banco Mundial, que focaliza su atención prioritariamente en el crecimiento económico. De esa manera el documento hace un recuento sobre las transformaciones económicas de los últimos 20 años que ha experimentado nuestro país. Donde aplaude ese crecimiento sostenible, producto de una liberalización económica promovida desde el gobierno, pero que también reconoce la influencia de los altos precios de los minerales, que son una nuestras principales fuentes de recaudación. Y por supuesto sugiere que para la consolidación de dicho crecimiento, hace falta aplicar una seria de medidas que llevarían a la futura administración a la consolidación de nuestro crecimiento económico con un desarrollo más incluyente.


Estas recetas muy acostumbradas a darlas, son como deberían ser: Pragmáticas. Y antes de sacramentarlas deberíamos empezar por discutirlas. Pero veamos panorámicamente cuáles son esas recetas. Para el Banco Mundial son tres áreas las de mayor importancia: La primera y la más atinada, son las recomendaciones sobre el fortalecimiento de la gobernabilidad, es decir, las tareas que deberíamos hacer para tener un estado más efectivo y eficiente, donde exista una planificación a largo plazo con una visión estratégica; además de coordinación intergubernamental y responsabilidad por los resultados para efectuar la rendición de cuentas. En líneas generales las recomendaciones son claras, ordenar la casa, a pesar de su terminología empresarial, son cuestiones necesarias para modernizar el Estado. La segunda tarea pendiente sugerida por el Banco Mundial, es la expansión de la infraestructura; nadie puede ser indiferente a saber que el acceso a los servicios de agua potable, electricidad y saneamiento tiene un impacto sobre el desarrollo y bienestar de la sociedad, en ese orden, infraestructura para cerrar brechas de desigualdad. La deficiente infraestructura no debería ser vista en primer orden como un factor que obstaculiza la inversión y esta a su vez la que afecte el crecimiento económico. El orden de la agenda determina las prioridades y quizás ese sea uno de los recurrentes errores de lógica economicista que suele aplicar en sus documentos el Banco Mundial.


Finalmente el tercer pilar sobre el que descansaría la esperada consolidación del crecimiento económico con inclusión, seria el mejoramiento de las habilidades, del capital humano al servicio del empleador. Donde se describe detalladamente que tipo de habilidades son necesarias para lograr un impacto en el crecimiento económico, además de apuntar nuestra pésima calidad educativa. Lo cierto es que muchas de las sugerencias en este capítulo, están suscritas desde la perspectiva de una “educación” economicista, es decir una identificación de lo que quiere el mercado, para elaborar ese perfil de trabajador, una educación para las demandas de un empleador, una educación que prescinde de valores cívicos y se convierte en un medio para alcanzar la consolidación del dichoso crecimiento económico, una suerte de instrucción técnica.


La verdadera educación no solo consiste en enseñar a pensar sino también en aprender a pensar sobre lo que se piensa; antes que nada la educación es la revelación de nuestra humanidad; por tanto no solo es necesario la instrucción técnico- científica sino además una educación cívico- moral. Es decir que la preparación técnica a la que se refiere el documento del Banco Mundial es carente del básico desarrollo de las capacidades morales o de una minina disposición de independencia política y por ende no potenciará personas verdaderamente educadas, sino simples robots asalariados. La educación humanista cosiste ante todo en fomentar e ilustrar el uso de la razón, esa capacidad para observar, abstraer, deducir, argumentar y concluir de manera lógica.


Desde esta perspectiva proponemos una segunda lectura al documento del Banco Mundial; la entidad cuya función principal es ser el acreedor de 30 mil millones de dólares al año en calidad de préstamos a los países en desarrollo. Y como acreedor sus injerencias no solo tiene que ver con recomendaciones sino muchas veces con clausulas cerradas, que en tiempos de elecciones presidenciales se encargan de recordarlas a través de estos documentos, con un mensaje claro al próximo mandatario: “Aplaudimos los logros pero estas son las tareas que aún te faltan por realizar”.


Por tanto una segunda lectura tiene que abarcar las desatenciones que trajo consigo la priorización de los índices macroeconómicos, esto es: su deficiente inversión en políticas públicas, su carente preocupación por fortalecer las instituciones democráticas, las consecuencias de su modelo extractivitas; acompañadas de la responsabilidades que se derivan por su abandono.


No obstante hay mucho que aprender de este periodo y de la rigurosidad de dicho documento en el aspecto económico. Está claro que dentro del Banco Mundial quien tiene posiciones de poder más privilegiadas, así como equipos de investigación más prestigiosas son los economistas; sin embargo al tener como uno de sus principales mandatos la reducción de la pobreza, pues bien debería implementarse de manera explícita su política en derechos humanos; redistribuyendo posiciones de poder y equipos de investigadores interdisciplinarios. Sin duda que los futuros documentos del Banco Mundial gozarían de un equilibrio entre cifras macroeconómicas y resultados en políticas de derechos humanos.



(Publicado el 17 de abril en el diario Los Andes por Luis Hallazi)