viernes, 31 de octubre de 2014

Octubre y el derecho de los animales

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Escribe: Luis Hallazi | Opinión - 26 oct 2014
Octubre es un mes peculiar visto desde el Lima-centrismo. Es morado como el maíz, tradicional como las procesiones multitudinarias. El Señor de los Milagros es la fiesta patronal de una mega urbe en colapso, donde la tradición y modernidad se mezclan y producen su propia versión chicha.
Esto se deja ver a través de un Presidente de la República que en un Estado supuestamente laico deja en claro cuál es la práctica religiosa institucional y se pone sobre el hombro el sufrimiento católico. De la misma manera como Oswaldo Reynoso nos recuerda que en Octubre no hay Milagros sino mucho negocio que hacer. Pero además es la rendija donde una parte de la sociedad, se deja ver al desnudo; nos referimos a esa manifestación tradicional que sin pudor, ni compasión se sigue practicando en la Feria Taurina del Señor de los Milagros.
Pero ¿son las corridas de toros un acto de cultura o maltrato animal? Si nos dejamos llevar por nuestras opiniones, las habría de distinto color y quizás sería un buen inicio, aunque no nos asegure una conclusión. El objetivo para los aficionados a las corridas será probar que su tradición cultural está basada en una continuidad histórica. Como la nuestra, la del Perú es una historia reconocida a medias, probablemente esa continuidad sea respondida con argumentos profundamente coloniales, la prueba final es demostrar la vigencia de una tradición cultural obsoleta, en tanto que vivimos en una era global mayoritariamente antitaurina, pero ¿por qué?
Una de las respuestas es porque la sociedad global hace poco viene reconociendo derechos a los animales no humanos. Esto significa que los animales tienen derecho, al menos, a no ser torturados, a que su hábitat sea preservado, a que no les causen dolor innecesario y más aún si son a través de actos superficiales. Es decir nuestra sociedad ha ido tomando conciencia, así como lo hizo hace muchos años con la esclavitud. Prueba de ello es que Barcelona el año 2010 fue declarada ciudad antitaurina, de la misma forma lo hizo Bogotá y así se han ido sumando más ciudades.
Como sabemos no es suficiente con tomar conciencia, también necesitamos mecanismos jurídicos que aseguren su protección; muchos países han tomado cartas en la protección de los animales, el caso del Perú no es del todo satisfactorio, la naturaleza jurídica de una animal es la de ser un bien mueble, y si el Código Penal peruano considera un delito por daño a los animales, es porque afecta el patrimonio de las personas. Hay iniciativas como la ley 27265, ley de protección a los animales domésticos y a los animales silvestres mantenidos en cautiverio, la cual busca proteger con poca eficacia, y además aún no ha sido reglamentada. Finalmente existe un proyecto de ley N° 3266/2013-CR que busca penar el maltrato de animales domésticos de compañía, incluso la policía podría intervenir en caso de flagrancia y ser considerada hasta delito; pero debemos exigir a nuestros congresistas su aprobación; así como debemos empezar la batalla en los juzgados.
En el Perú es necesario tomarse en serio el derecho de los animales, hay una masa crítica que lo exige y así como buscamos que las cuencas acuíferas, los bosques, la biodiversidad en su conjunto y toda la naturaleza sean sujeto de derechos; parecidas razones son las que nos asisten a pensar en el derecho de los animales no humanos, que no sólo eviten la violencia y maltrato de los toros sino de toda forma de sufrimiento contra todo animal, sean en mataderos, hacinados, laboratorios, circos, zoológicos, etc.;y no se trata de ser vegetarianos para indignarse con el maltrato animal, ni de no respetar bajo justificaciones basadas en el derechos de las minorías. Se trata de reconocernos de la misma especie, parte de un mismo planeta, se trata de un mandato ético de respeto a los seres vivos.

Captura del Estado: Cuando la (i)legalidad es motor del crecimiento

Por Luis Hallazi*
27 de agosto, 2014.- El actual Gobierno de Ollanta Humala con los ministerios que conformar el Poder Ejecutivo han alcanzado una situación de alarmante desconfianza. A poco menos de dos años para el fin de su mandato, es probable y necesario que exista en la ciudadanía una alerta constante hasta julio del 2016, respecto a la potestad normativa que ejerce el gobierno a través del “IusImperium” o el derecho del Estado a dar leyes, reglamentos y otras normas que mejoren nuestra organización como nación y se supone, generen bienestar en sus ciudadanos.
La evidente crisis de gobernabilidad que entre muchos rasgos se ha estado traduciendo en la falta de liderazgo presidencial, ha ido generando un vacío que hoy ha sido ocupado por poderes facticos con una agenda oculta. Esto lo podemos evidenciar ante los recientes intercambios de correos entre el ex primer ministro René Cornejo y los ministros Castilla y Mayorga (ratificados recientemente), donde se muestran hechos concretos y plausibles de investigación para constatar al menos una falta administrativa (como es la violación de Ley de Ética de la Función Pública (1) cuyo hilo de la madeja, podría acarrear la imputación de delitos de corrupción.
En ese sentido, dichos indicios corroboran una presunción que hace mucho se estuvo comprobando: la captura del Estado (2) por intereses empresariales que están influyendo en la formulación de políticas (iniciativas de Alianzas Público-Privada o APP), planes, programas, leyes (Ley 30230 llamada “paquetazo reactivador”), reglamentos (propuesta de Reglamento para la protección ambiental en actividades de Hidrocarburos) sin ninguna transparencia y participación, pasando por encima el interés general de la sociedad y presumiblemente a cambio de favores que desconocemos y que muchos de ellos pueden ser ilícitos graves.
Por otro lado, las recientes discusiones sobre la existencia e importancia o no de los lobbies, no debería ser el centro del debate. Sabemos desde mucho que existen grupos de interés de los más diferentes matices que tratan de influir sobre la agenda del país. Para definir su legalidad o ilegalidad, existe incluso una Ley 28024, Ley que regula la gestión de intereses en la administración pública, faltaríahacer cumplir dicha ley. Pero esta situación es mucho más grave, estamos hablando de un grupo de tecnócratas, lo más altos funcionarios, representantes de sectores económicos, sociales, ambientales y culturales a los que se les encarga no solo la gestión de su respectivo ministerio, sino la dirección de una política de Estado y si esta política no hace más que favorecer a intereses particulares, buscando el beneficio de empresas transnacionales para la ejecución de determinados proyectos extractivos, sin duda que estamos ante hechos gravísimos.
Lo que deberíamos observar en esta situación, es la reacción de los otros poderes del Estado, dentro de lo que nuestra democracia defectuosa nos puede ofrecer, hemos podido presenciar como el Congreso de la República ha mostrado dos veces su voto de desconfianza al Gabinete Ana Jara, gabinete que al contrario, ha ratificado al Ministro Mayorga. Las reacciones por parte del Congreso deberían ser más contundentes, también deberíamos esperar la reacción de la Contraloría General de la República, conjuntamente con las instituciones más fuertes del Estado e incluso los Gobiernos Regionales honestos deberían lanzar su voz de protesta ante una agenda oculta que es manejada por altos funcionarios. Si bien es ciertoque nuestra frágil institucionalidad no dan reacciones rápidas que puedan ejercer un equilibrio ante estas situaciones, son también los ciudadanos los llamados a ejercer una presión al actual gobierno para sacudirse de operadores políticos que ejercen función pública y han capturado la agenda de Gobierno.
Vayamos a dos breves ejemplos relacionados con esa captura del Estado. Remitámonos al correo entre el Ministro Mayorga y Manual Pulgar -Vidal titular de Ambiente, donde según el correo una empresa petrolera australiana (Karoom) es la consultora encargada de la elaboración del Reglamento de la Ley de Hidrocarburos (3). No hay que ser adivino para saber a quién favorecerá ese Reglamento y lo peor, que se hará en perjuicio de derechos medio ambientales y con consecuencia en los derechos humanos. Otro ejemplo que va mucho más allá, es el caso del llamado “paquetazo reactivador” de la economía, Ley 30230, una norma “cajón de sastre” o norma “ómnibus” donde se encuentran artículos diversos casi al gusto del cliente- inversor.
La Ley 30230 llamada en un primer momento “paquetazo ambiental” advertía una flexibilización en los estándares ambientales y la reducción de las capacidades fiscalizadoras de la institución encargada de ello. Las críticas se centraron en eso y se debatía sobre la discrecionalidad en la graduación de dichos estándares, sin advertir que en la misma ley a partir del artículo 36 se cometía el más grande atentado contra la seguridad jurídica de las tierras y territorios de todos los peruanos que podría ser una “bomba de tiempo” para generar conflictos ecoterritoriales de diverso orden (4).
En dicha ley el actual gobierno bajo el argumento de promover las inversiones implementará “procedimientos especiales”, que serán ejecutados por el COFOPRI, para entregar derechos sobre la tierra a favor de proyectos de inversión, como ampliación de la frontera agrícola, proyectos mineros, de hidrocarburos, forestales, agroindustriales, hidroeléctricos, nuevos ejes viales, etc. Y se harán efectivos “independientemente del uso actual o futuro que se les dé a los predios” (artículo 37, inciso a), es decir que parece no importar o al menos pasar a segundo plano los derechos a la tierra y territorio, de comunidades, agricultores rurales, tierras eriazas, tierras de gobiernos locales y hasta regionales que se interpongan ante proyectos de inversión privada y pública es decir que dichos territorios le interese a determinada empresa con tan solo ser declarado por el Gobierno como un proyecto de “gran envergadura” a partir de allí, a solicitud del interesado (inversor) se inicia un procedimiento especial de saneamiento; que no solo entregará a los inversionistas derechos sobre la tierra en el área de influencia directa de sus proyectos, sino también sobre el área de influencia indirecta, lo que significa que se afectará las zonas aledañas al proyecto que las empresas consideren necesarias para sus operaciones. La Ley 30230 trae más sorpresas y su peculiaridad radica en su técnica jurídica para la redacción, por la que estuvo pasando desapercibida. Finalmente, una vez más los más vulnerados serán los pueblos indígenas, ya sean comunidades campesinas y nativaspuesto que son en sus territorios donde se superponen los intereses de proyectos de inversión y además son sus territorios los que mayoritariamente están desprotegidos, ante una deuda histórica del Estado que ha paralizado la formalización y saneamiento de los territorios comunales, sin un catastro rural unificado y con precariedad en la tenencia, sin demarcación y georreferenciación de sus tierras.
La situación de alarma no es para menos, las leyes y reglamentos parecen ser un instrumento para legalizar la injusticia y los despojos, puesto que el Estado ha sido capturado por intereses de grandes transnacionales, cuyos operadores políticos parecen ser funcionarios del más alto nivel que utilizan los mecanismos jurídicos para legalizar acciones que están cambiando y generando una nueva arquitectura jurídica que confunde competencias y debilita las instituciones del Estado. Mientras tanto contraviene la misma Constitución Política, los tratados internacionales e incluso compromete el interés nacional, bajo la justificación de ser leyes que favorecerán al crecimiento económico. Una forma de gobierno que da indicios claros que colindan con un tipo corrupción sofisticada, donde ganan algunos pocos a costa de la pauperización de los derechos básicos y humanos de la mayoría de peruanos.
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