| ALAI, América Latina en Movimiento 2014-06-23 PeruLuis Hallazi Méndez |
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El desbordante entusiasmo con que se experimenta cada mundial de fútbol suele ser un inmejorable momento para que los gobiernos de turno de muchos países, pongan a prueba su “astucia” en sus excesos de poder. Brasil 2014, no es la excepción, quizás el más visible aprovechamiento haya sido la abdicación del Rey Juan Carlos I y el inmediato relevo de Felipe VI en medio de una humillante eliminación de su selección de fútbol, ¿quién puede dudar que no estuvo planificado ese relevo? con mayor razón en medio de una crisis económica y ante un sistema monárquico desacreditado por sus excesos y cercanía a actos de corrupción.
A pesar de que Perú no vaya al mundial hace 32 años, no por eso puede perder la oportunidad, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para que en medio de la fiebre mundialista trate de sorprender a los ciudadanos y lo haga a través del Proyecto de Ley N° 3627/2013-PE presentado al Congreso. Ley que según el MEF buscaría establecer medidas tributarias, simplificar los procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país, lo que se ha denominado el “paquete reactivador” de la economía
Ya la experiencia en la impronta legislativa de nuestro país, nos hace tener reparos en esta clase de medidas dispuestas a ser aprobadas al “caballazo”, solo hace falta analizar y verificar que en dicho proyecto básicamente se busca beneficiar y dar un trato preferente a los “inversores” que obviamente no son los medianos y pequeños empresarios. Todo esto a costa de reducir las competencias ambientales del Ministerio de Ambiente (MINAM), para por ejemplo aprobar los Límites Máximos Permisibles (LMP) y Estándares de Calidad Ambiental (ECA), lo que significa que bajo un criterio de “reactivación económica” (léase favorecer a los inversores), se tiene que reducir esos estándares de calidad ambiental en el agua, aire y suelo puesto que los peruanos no son suizos y sus estándares son muy altos para las empresas extractivas. Por tanto las distintas actividades extractivas de empresas mineras y petroleras puedan tener un mayor margen de contaminación en perjuicio de un sano y equilibrado medio ambiente y afectando la salud pública.
La diversidad bilógica de nuestro país busca ser protegida en un primer paso por Zonas Reservadas, para después convertirse en Áreas Naturales Protegidas (ANP) a través de un Decreto Supremo, pues con este proyecto se pretende que el MINAM no tenga competencia para la declaración de Zonas Reservadas, el cual sería de competencia de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Lo sorprendente es que esta medida tiene nombre propio, es decir “destrabar las inversiones” significa normar en beneficio directo de una empresa petrolera que operará en la extracción de petróleo en el mar de Piura y Tumbes. Además de lo riesgoso que significa para los ecosistemas, la extracción de petróleo en los océanos y la amazonia asi como minería en cordillera se pretende limitar la capacidad sancionadora de una institución que recién empezaba a caminar, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) dando varios pasos atrás ante un incipiente fortalecimiento institucional (SENACE) que parecía darse.
Es verdad que estas medidas normativas ya se veían venir; solo había que revisar los medios de comunicación de acceso masivo y de pertenencia mayoritaria al Grupo de El Comercio, para darse cuenta; desde allí los mensajes como “destrabar las inversiones” eliminar la “permisiología” fueron ganando terreno o mejor dicho alienando a los pequeños empresarios, funcionarios medios hasta llegar a ciudadanos de a pie. La fórmula es clara generar confusión, mentir que algo queda y crear una falsa percepción. Es el mismo mecanismo que opera para, sin pretenderlo haber llegado a medir nuestro propio bienestar a partir de un crecimiento económico de 6% anual, sin que muchos no sepamos exactamente qué significa ese 6% a largo plazo, más aun si el sostén de ese crecimiento depende de actividades extractivas primario exportadoras, con impactos ambientales irreversibles en los ecosistemas.
Los beneficiarios de estas medidas normativas son los inversores, muchos de ellos directivos y técnicos de empresas trasnacionales y unas pocas nacionales, los que construyen los mensajes y los exhiben en medios de comunicación como los del Grupo El Comercio, mensajes que buscan la celeridad en la ejecución de proyectos rentistas en las inversiones que se hagan, no importa el costo mientras no ponga en riego sus ganancias. El papel del Gobierno de turno es facilitar la ejecución de esos proyectos y mantener su aceptación en encuestas; lo que menos le importa es el fortalecimiento institucional de sectores como el ambiental, la visión del Gobierno es cortoplacista y la democracia se reduce a contiendas electorales. En suma esta es la breve historia de la relación de empresas transnacionales y Gobiernos neoliberales.
Claro que es importante la promoción de inversiones con reglas claras y evitando la burocracia; cosa distinta es tratar que un Gobierno beneficie directamente a empresas trasnacionales con “paquetazos” normativos como estos, cediendo a presiones mediáticas de una casta económica que solo piensa en su interés, a costa de desproteger derechos fundamentales como la de un medio ambiente sano y poner en riesgo la salud de los ciudadanos; olvidando su compromiso democrático de fortalecer la institucionalidad de sectores como el ambiental.
- Luis Hallazi Méndez es abogado y politólogo, especialista en Derechos Humanos y en mecanismos para el ejercicio de un Derecho Transformador. Actualmente consultor en el Instituto del Bien Común.
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