Escribe: Luis Hallazi | Opinión - 19 ene 2015
Las movilizaciones relacionadas a la derogatoria de la Ley 30288, sobre el nuevo Régimen Laboral Juvenil, conocida popularmente como la “%u200ELey Pulpín”, ha sido la partida de defunción del Partido Nacionalista Peruano. Por lo menos lo es así, para una gran parte de jóvenes urbanos que andaban al margen de la real polìtica y que tuvieron una percepción negativa contra dicha ley.
Sin embargo, el Gobierno tuvo la oportunidad de retractarse y en medio de una discusión pública poder establecer relaciones más justas, de modo que se construya una norma consensuada; empero, sacó un reglamento, armó una campaña agresiva de spots publicitarios, insultó con sus declaraciones la inteligencia de tantos jóvenes y hasta manipuló a un grupo de ellos para hacer pensar lo contrario. Lección aprendida: si una norma está en debate público con respaldo popular no la impongas al caballazo.
La marcha de protesta del 15 enero por la derogatoria de la Ley 30288, fue la cuarta marcha en menos de un mes en todo el país. Pese a los lamentables hechos violentos que se registraron en Lima, ha permitido que se consolidé el inicio de un nuevo movimiento juvenil peruano. El responsable en buena parte viene siendo el Gobierno, con su Ministro de Interior a la cabeza; Daniel Urresti reprimió brutalmente a los jóvenes, poniendo a ocho mil efectivos policiales a resguardar las principales arterias, que podrían llevar a la marcha hasta el Congreso de la República.
La frustración de no poder lograr el cometido y estar en las calles por cuarta vez sin soluciones y ante la soberbia del Gobierno, hicieron prever que los ánimos iban a estar exacerbados; así es que esa intransigencia de “militarizar” el centro histórico desató una violenta represión que ha dejando el saldo de heridos y contusos, intoxicados por las decenas de gases lanzados y más de 50 detenidos, entre ellos, periodistas de medios de comunicación alternativa.
En resumen, la torpeza de un Gobierno casi militar desató un escenario espectacular y brutal. Lo único que ha conseguido, con eso, es que ya no solo se cuestione la Ley 30288 (Ley Pulpín), sino que los cuestionamientos vayan a muchas otras normas y acciones del Gobierno, e incluso se cuestione el mismo modelo: un modelo neoliberal que va teniendo serias vulneraciones a los derechos humanos y que en el Perú parece haber encontrado su primera resistencia urbana; veremos cómo se desarrolla esta gesta.
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