Estados centralistas, conflictos socioambientales e ingobernabilidad territorial

4 de marzo, 2015.- Las tres regiones tradicionales del país: costa, sierra y selva; o las ocho, según Pulgar Vidal, muestran un escenario de activa conflictividad territorial y ambiental, cuyo tratamiento bidireccional (territorio en conflicto- gobierno central) demuestra principalmente los defectos de un Estado centralista y que en el intento de solucionar las demandas de las poblaciones en pleno estallido del conflicto, solo contribuyen a agudizar la ingobernabilidad en los territorios.

La Defensoría del Pueblo registró en enero de este año 159 conflictos activos y 51 conflictos latentes, haciendo un total de 210 conflictos de los cuales 140 son socioambientales (1). Entre las fases y tipologías que ha desarrollado la Defensoría, la tendencia de los conflictos activos es que estallen en una crisis, lo que llevaría a la siguiente fase: resolver el conflicto en una mesa de diálogo con comisiones de alto nivel, es decir, con el Gobierno central. Actualmente, según datos de la misma Defensoría, se tienen 74 conflictos en proceso de diálogo. Este modus operandiincluso llevó a la creación de una Oficina de Diálogo y Sostenibilidad de la PCM(2), duplicando algunas funciones que la Defensoría hace, en un intento por enfrentar la alta conflictividad, que a estas alturas ha demostrado ser un formula agotada y desbordada. La que contribuye a una crisis mayor: la de la ingobernabilidad territorial; entendida como la falta de capacidad del gobierno para controlar su territorio y atender las demandas de los ciudadanos(3) para eso solo hay que analizar los exiguos resultados de esas mesas de diálogo o si buscamos un indicador político, ver la suerte que corrieron varios ministros a lo largo del Gobierno de Humala cuando intentaron mediar en los conflictos(4).

Pretender entender la conflictividad de los territorios en su real dimensión desde una mesa de partes, en una oficina del centro de Lima, es no tener la voluntad de encontrar las causas e intentar resolver los problemas. Buscar que los ministros atiendan 159 conflictos, cuando su gestión ejecuta o promueve políticas que tienen mucho que ver con las causas de los conflictos es contradictorio, pero además acudir a “resolverlos” cuando hay víctimas mortales, es simplemente irresponsable. La impericia para abordar esta situación es cada vez más alarmante y parecen ser alimentadas por el desconocimiento de los territorios,  una arrogancia centralista y la imposición de un único modelo de desarrollo.

Empecemos por saber que las mesas de diálogo o supuesta fase final del conflicto, en un Estado centralista son el comienzo para desentrañar las causas que llevaron al descontento de una población, los meses y a veces años de desatención de derechos básicos; la falta de información y participación de proyectos en los que serán afectados; siendo también el momento de identificación de diversos actores que concurren en un conflicto. Bajo esta lógica funcionarios desinformados, en el mejor de los casos empiezan a comprender el estallido del conflicto, las protestas masivas, el cierre de carreteras, los enfrentamientos con las fuerzas policiales y las terribles consecuencias de pérdidas de vidas (costo que parece ser  necesario para sentarte en una mesa frente al gobierno).

Sin embargo, de llegar a ese punto ninguna autoridad parece preguntarse ¿Por qué en diversas regiones de este país, una gran masa crítica levanta su voz de protesta; qué de común tienen esos escenarios?, ¿Cuál es el papel de un poder central que trata de imponer un modelo único de desarrollo a través de diversos proyectos sin escuchar a los supuestos beneficiarios?, ¿Esa dinámica centro –periferia, no está minando la gobernabilidad del Estado?

Vayamos al caso de Pichanaki, que además trae “nuevos” ingredientes en tanto que no es un conflicto entre actividades extractivas y pueblos indígenas propiamente dicho, a pesar de la participación en las protestas de ciudadanos indígenas, acá se suman más actores. En tanto que este conflicto hace referencia a una población andina en zona amazónica que rechaza las actividades extractivas porque se declara principalmente agrícola; a esto se agrega otras consecuencias de la ingobernabilidad en los territorios, como la tala ilegal, invasiones de tierras, conflictos de linderos, superposición de las actividades extractivas en tierras de pueblos indígenas y entre tanto desbarajuste rondan los tentáculos del narcotráfico.

Ese caos territorial que se reproduce en distintas partes del territorio van complejizando los conflictos y son consecuencia de un ejercicio de poder desde el centro a la periferia, a través de un pensamiento de modelo de desarrollo único impuesto por los sucesivos gobiernos en gran parte de nuestra República, con la atingencia que los últimos 25 años se han ido agudizando generando la actual tensión. Por otro lado, no ha habido interés por fortalecer los procesos de descentralización, sino -por el contrario- responsabilizarlo de la corrupción actual y buscar re-centralizar funciones a través de normas ómnibus (paquetazos legales que legislan sobre distintos temas) que bajo la justificación de reactivar la economía están desmantelando lo poco avanzado en políticas públicas y derechos humanos adquiridos por las poblaciones.

Para entender estos escenarios complejos hay que vivir en los territorios en conflicto y si eso no es posible hay que recurrir a diferentes actores que trabajan en los territorios; algo que no hicieron los ministros que visitaron Pichanaki. Para empezar a solucionar este escenario hay que empoderar a los mismos actores legítimos que ejercen un control directo en los territorios. Al contrario de esa desidia y arrogancia mostrada por las autoridades, a la cual hay que agregar el reduccionismo de una cúpula gubernamental para simplificar los hechos y decir que los conflictos son obra de azuzadores y como nuestros medios de comunicación carecen de independencia y obedecen a intereses patrimonialistas, pues propalan el mismo mensaje tendencioso.

El resultado seguirá siendo el mismo, con la diferencia que cada vez más se vaya resquebrajando la legitimidad del Estado; hasta que ya no solo sea el estallido de un conflicto sino de varios en un mismo tiempo, eso lamentablemente quizá traiga por la fuerza más que por el entendimiento el fracaso de un Estado centralista que ejerce el poder con un pensamiento único, el de un modelo de desarrollo que no necesita de ciudadanos ni ciudadanas que propongan alternativas distintas, ni interpelen al Estado.

Notas:

(1) Reporte de Conflictos Sociales N° 131 enero 2015  http://www.defensoria.gob.pe/conflictos-sociales/home.php

(2) PCM Presidente del Consejo de Ministros, cartera que preside y coordina las acciones de los ministerios. La Oficina de dialogo cuenta con su propio reporte de conflictos socialeshttp://onds.pcm.gob.pe/

(3) Alcántara Manuel, Gobernabilidad, crisis y cambio Fondo de Cultura Económica, 1995 – 259 páginas.

(4) Solo hay que recordar el conflicto Conga y renuncia del ex Primer Ministro Salomón Lerner, de la misma manera Víctor Valdez hasta llegar al caso de los exministros Eleodoro Mayorga, Daniel Figallo y Daniel Urresti.

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*Luis Hallazi, es abogado y politólogo, investigador en derechos humanos.