Las vidas de cerca de 2 mil 500 millones de personas dependen de tierras indígenas y comunitarias, las cuales suponen más del 50% de la tierra del planeta; sin embargo, legalmente solo son dueñas del 10%. Los 5 mil millones de hectáreas restantes están desprotegidas y son vulnerables al acaparamiento de tierras por parte de entidades más poderosas, donde en muchos casos los Gobiernos son utilizados por empresas transnacionales para despojar de sus tierras a pobladores originarios.
En el caso peruano, esta realidad no es ajena; al contrario, calza perfectamente. En el reciente informe 2016 sobre el estado de las comunidades indígenas, elaborado por el Colectivo Territorios Seguros para las Comunidades del Perú, se revelan cifras que llaman la atención. Empecemos mencionando que las comunidades en el Perú son la forma de organización de los pueblos indígenas, de ahí que tengamos comunidades campesinas en la costa y sierra, y comunidades nativas en la selva, su formación a lo largo de la historia ha sido compleja, ahora no nos referiremos a ella.
Lo cierto es que hoy, las comunidades gozan de autonomía organizativa según el artículo 89 de la Constitución; es decir, son o en todo caso deberían ser las comunidades un nivel de autogobierno territorial ademas de los existente niveles de gobierno nacional, regional y local. Sin embargo, las comunidades indígenas han estado relegadas y excluidas en la construcción de Estado republicano, al punto que actualmente el Estado no sabe con exactitud cuántas son, dónde están, quiénes las componen o cuáles son sus necesidades.
Según el informe, en el Perú contamos con 10 mil 529 comunidades, divididas en 6 mil 120 comunidades campesinas de la sierra y costa, 2 mil 400 comunidades ribereñas de la Amazonia (poco estudiadas hasta el momento) y 2 mil 9 comunidades nativas. Todas juntas poseen el 49,1% del total de la superficie territorial del Perú; si a esta cifra le agregamos el 5% de Reservas Territoriales, hoy llamadas Reservas Indígenas para pueblos en aislamiento voluntario y contacto inicial, llegaríamos al 54,1% del territorio nacional; es decir, más de la mitad de las tierras del territorio peruano están en manos de comunidades sin mencionar otras modalidades de gestión comunitaria del agua, los bosques y demás bienes comunes de la sociedad.
De ese número total de comunidades solo están reconocidas y tituladas 6 mil 506, aún faltan por titular alrededor de 4 mil 23 comunidades campesinas y nativas (40% del total); pero además, según datos de COFOPRI, solo el 6,7% de las comunidades nativas y el 38,5% de las comunidades campesinas cuentan con una georreferenciación oficial de sus linderos; la gran mayoría de los planos que acompañan los expedientes de titulación están desfasados, lo que dificulta su localización geográfica exacta, ésta a su vez agravada por la creciente superposición de concesiones que el Estado otorga en los territorios de comunidades.
En resumidas cuentas, existe una gran inseguridad sobre las tierras comunales, donde el papel del Estado ha sido y es cuestionable en los últimos cuarenta años de gobiernos sucesivos. Esta situación tiene que ver con una estrategia consciente desde los gobiernos para debilitar este régimen de propiedad comunal, puesto que existe una ambición por las tierras comunales, ya sean para la actividades extractivas (minería, hidrocarburos, monocultivos, etc.) de infraestructura pública o privada; o recientemente de especulación inmobiliaria; lo que se viene reflejando en la aprobación de normas legales que debilitan el marco de protección de derechos de las tierras comunales de los pueblos indígenas.
Por ejemplo en el caso de la región de Puno, se registran mil 316 comunidades campesinas; es la región que posee más comunidades, actualmente están tituladas mil 57, donde aún restan por titular 259. Estos datos hay que corroborarlos en el campo, puesto que hay errores el registro de comunidades, la información es confusa o en algunos casos los cambios que se están generando por diferente problemática dentro de las comunidades, rapídamente desfasan la información obtenida. Lo cierto es que no hay datos oficiales al día de hoy, ni un catastro rural que permita visibilizar sus tierras, puesto que la mayoría de sus límites y linderos no están correctamente georreferenciados, la superposición de concesiones agrava el caos, convirtiendo la realidad territorial en un “río revuelto ganancia de pescadores” no solo en la región de Puno, sino en todo el país.
En estos últimos 40 años, pese a poseer más del 50% del territorio con al menos el 30% de la población total, las comunidades campesinas y nativas increíblemente no han tenido políticas públicas que las pongan como eje para el desarrollo sostenible del país. Las comunidades siguen dando un gran aporte al país, gracias precisamente a sus formas de gestión comunal; no olvidemos que más del 70% de alimentos que consumimos en las ciudades provienen en gran parte de ellas, sin embargo nos hemos olvidado que de alguna u otra forma provenimos de nuestros pueblos indígenas y originarios, organizados hoy en más de diez mil comunidades campesinas y nativas, los verdaderos poseedores de la riqueza y diversidad que tanto nos enorgullece.
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*Luis Hallazi es abogado y politólogo, investigador en derechos humanos
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