martes, 19 de abril de 2011

Dos lecturas del documento de Banco Mundial (publicado en el diario Los Andes)

A propósito del documento preparado por el Banco Mundial: El Perú en el umbral de la nueva era. Un documento de obligatoria lectura para comprender los logros macroeconómicos de nuestra última década, pero también para apuntar las desatenciones que en ese mismo periodo hemos mantenido.


Son dos lecciones, cuanto mínimo, las que nos ofrece la lectura de dicho documento. Veamos una primera lectura, enmarcada desde la lógica del Banco Mundial, que focaliza su atención prioritariamente en el crecimiento económico. De esa manera el documento hace un recuento sobre las transformaciones económicas de los últimos 20 años que ha experimentado nuestro país. Donde aplaude ese crecimiento sostenible, producto de una liberalización económica promovida desde el gobierno, pero que también reconoce la influencia de los altos precios de los minerales, que son una nuestras principales fuentes de recaudación. Y por supuesto sugiere que para la consolidación de dicho crecimiento, hace falta aplicar una seria de medidas que llevarían a la futura administración a la consolidación de nuestro crecimiento económico con un desarrollo más incluyente.


Estas recetas muy acostumbradas a darlas, son como deberían ser: Pragmáticas. Y antes de sacramentarlas deberíamos empezar por discutirlas. Pero veamos panorámicamente cuáles son esas recetas. Para el Banco Mundial son tres áreas las de mayor importancia: La primera y la más atinada, son las recomendaciones sobre el fortalecimiento de la gobernabilidad, es decir, las tareas que deberíamos hacer para tener un estado más efectivo y eficiente, donde exista una planificación a largo plazo con una visión estratégica; además de coordinación intergubernamental y responsabilidad por los resultados para efectuar la rendición de cuentas. En líneas generales las recomendaciones son claras, ordenar la casa, a pesar de su terminología empresarial, son cuestiones necesarias para modernizar el Estado. La segunda tarea pendiente sugerida por el Banco Mundial, es la expansión de la infraestructura; nadie puede ser indiferente a saber que el acceso a los servicios de agua potable, electricidad y saneamiento tiene un impacto sobre el desarrollo y bienestar de la sociedad, en ese orden, infraestructura para cerrar brechas de desigualdad. La deficiente infraestructura no debería ser vista en primer orden como un factor que obstaculiza la inversión y esta a su vez la que afecte el crecimiento económico. El orden de la agenda determina las prioridades y quizás ese sea uno de los recurrentes errores de lógica economicista que suele aplicar en sus documentos el Banco Mundial.


Finalmente el tercer pilar sobre el que descansaría la esperada consolidación del crecimiento económico con inclusión, seria el mejoramiento de las habilidades, del capital humano al servicio del empleador. Donde se describe detalladamente que tipo de habilidades son necesarias para lograr un impacto en el crecimiento económico, además de apuntar nuestra pésima calidad educativa. Lo cierto es que muchas de las sugerencias en este capítulo, están suscritas desde la perspectiva de una “educación” economicista, es decir una identificación de lo que quiere el mercado, para elaborar ese perfil de trabajador, una educación para las demandas de un empleador, una educación que prescinde de valores cívicos y se convierte en un medio para alcanzar la consolidación del dichoso crecimiento económico, una suerte de instrucción técnica.


La verdadera educación no solo consiste en enseñar a pensar sino también en aprender a pensar sobre lo que se piensa; antes que nada la educación es la revelación de nuestra humanidad; por tanto no solo es necesario la instrucción técnico- científica sino además una educación cívico- moral. Es decir que la preparación técnica a la que se refiere el documento del Banco Mundial es carente del básico desarrollo de las capacidades morales o de una minina disposición de independencia política y por ende no potenciará personas verdaderamente educadas, sino simples robots asalariados. La educación humanista cosiste ante todo en fomentar e ilustrar el uso de la razón, esa capacidad para observar, abstraer, deducir, argumentar y concluir de manera lógica.


Desde esta perspectiva proponemos una segunda lectura al documento del Banco Mundial; la entidad cuya función principal es ser el acreedor de 30 mil millones de dólares al año en calidad de préstamos a los países en desarrollo. Y como acreedor sus injerencias no solo tiene que ver con recomendaciones sino muchas veces con clausulas cerradas, que en tiempos de elecciones presidenciales se encargan de recordarlas a través de estos documentos, con un mensaje claro al próximo mandatario: “Aplaudimos los logros pero estas son las tareas que aún te faltan por realizar”.


Por tanto una segunda lectura tiene que abarcar las desatenciones que trajo consigo la priorización de los índices macroeconómicos, esto es: su deficiente inversión en políticas públicas, su carente preocupación por fortalecer las instituciones democráticas, las consecuencias de su modelo extractivitas; acompañadas de la responsabilidades que se derivan por su abandono.


No obstante hay mucho que aprender de este periodo y de la rigurosidad de dicho documento en el aspecto económico. Está claro que dentro del Banco Mundial quien tiene posiciones de poder más privilegiadas, así como equipos de investigación más prestigiosas son los economistas; sin embargo al tener como uno de sus principales mandatos la reducción de la pobreza, pues bien debería implementarse de manera explícita su política en derechos humanos; redistribuyendo posiciones de poder y equipos de investigadores interdisciplinarios. Sin duda que los futuros documentos del Banco Mundial gozarían de un equilibrio entre cifras macroeconómicas y resultados en políticas de derechos humanos.



(Publicado el 17 de abril en el diario Los Andes por Luis Hallazi)

miércoles, 17 de noviembre de 2010

Comentarios en torno a un “desajuste generalizado” por Luis A. HALLAZI

El tercer ensayo de Amin Maalouf es un diagnóstico inquietante, escrito con suma claridad, que nos lleva a reflexionar sobre un desajuste generalizado[1]. El logro de su obra ensayística radica en un equilibrio entre razón ilustrada y emoción.
Si en su primer ensayo, Las cruzadas vistas por los árabes (1983), el autor ya planteaba que la principal causa de que el Oriente árabe siga viendo a Occidente como enemigo natural, es el análisis histórico que se ha hecho de las cruzadas; en su segundo ensayo, Identidades asesinas (1998), nos alerta sobre ese mismo desconocimiento histórico, sus consecuencias y el peligro de refugiarse en la defensa de una identidad única. De esta forma llegamos a El desajuste del mundo, cuando nuestras civilizaciones se agotan, donde Maalouf narra los distintos hechos de nuestra historia reciente demostrándonos que su oficio literario es una garantía para que el lector reflexione y se sienta partícipe de estos tiempos.
La vasta obra literaria y ensayística de Amin, es premonitoria respecto al análisis de las causas de tensión entre dos mundos supuestamente distintos: el Oriente árabe y Occidente. Además su experiencia como ciudadano libanés y francés, le otorga una legitimidad que le permite ser sumamente crítico, tanto con la cultura que lo vio nacer como con la que le vio crecer.
El autor se pregunta con inquietud “si nuestra especie no ha llegado, por decirlo de alguna manera, al umbral de incompetencia ética, si sigue acaso avanzando, si no acaba quizás de iniciar una regresión que pone en entredicho lo que tantas generaciones sucesivas se habían esforzado por edificar”[2]. Y, para dejar clara su postura desde el principio, confiesa que su credo es el de un ilustrado. Amin es árabe, mas no musulmán; en su última novela autobiográfica Orígenes[3] nos ofrece una nostálgica mirada a sus antepasados, una familia melquita católica. En la novela va reconstruyendo su pasado a partir de las cartas guardadas de su abuelo; reconociendo entre ellos a místicos y masones, comerciantes y profesores; todos soñadores, políglotas y cosmopolitas. Esta revisión es una manera de saldar cuentas con sus orígenes, donde nos desvela detalles que nos permiten conocer al narrador de El desajuste del mundo, y las razones por las que apuesta por la construcción de un mundo global basado en valores universales. Amin Maalouf es un cosmopolita, se deduce de su obra, y es también un defensor de la pluralidad y la diversidad; siente un gran temor por la extensión del fanatismo, la violencia, la exclusión y la desesperación que percibe en el mundo árabe musulmán. Maalouf, nos advierte sobre la penetración social de una lógica del desencuentro que interpreta el mundo desde una oposición, de nosotros y ellos, y apunta a la rivalidad actual como una vía muerta, sin dirección ni sentido. A su vez, Maalouf ensaya respuestas a esa realidad y propone la búsqueda de un punto de encuentro, de un pacto humanista que redirija las fuerzas a un terreno de lo común y lo compartido(...)
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[1] Amin Maalouf, escritor libanés exiliado desde 1975 en Francia, reciente Premio Príncipe de Asturias de las Letras 2010. Además, estudio Economía, Política y Sociología. Trabajó como periodista y autor de novelas históricas, entre ellas León el Africano o La roca de Tanios (Premio Goncourt 1993).
[2] MAALOUF, Amin (2009), El desajuste del mundo, cuando nuestras civilizaciones se agotan, Alianza Editorial, Madrid, p. 13.
[3] MAALOUF, Amin (2004), Orígenes, Alianza Editorial, Madrid.

miércoles, 30 de junio de 2010

Algunos apuntes sobre los pueblos indigenas de los andes peruanos

En esta zona existe una distancia cada vez más creciente entre las instituciones gubernamentales y los pueblos indígenas, cuya relevante presencia en esta región no se traduce en una equivalente capacidad decisoria en los asuntos que les afectan; dado que los mecanismos convencionales de participación política muchas veces son incapaces de traducir las demandas más consensuadas de los pueblos indígenas de los andes peruanos.

Debemos tomar en cuenta, que son estos pueblos indígenas los que responden al índice de pobreza y en la gran mayoría extrema pobreza en el Estado peruano[1], precisamente por su exclusión social a lo largo de la etapa republicana. Otro antecedente que nos permite resaltar la importancia sobre la exclusión social de estas poblaciones es que son las mismas que sufrieron la mayor pérdida de vidas en la etapa de convulsión social máxima, que atravesó el Estado peruano entre los años 1980 y 2000, donde el 70% de las víctimas eran indígenas[2]. Esta marginalidad se ha manifestado en la dificultad que ha existido y existe al momento de establecer el concepto mismo de indígena; que desde la época colonial pasando por la independencia hasta la época republicana, siempre ha causado debates según las coyunturas y la perspectiva que se viera. En la actualidad, podemos distinguir los conceptos y denominaciones que se manejan desde el plano oficial, los del mundo académico, los de las organizaciones indígenas (en muchos casos influidas por los convenios internacionales) y, por último y muy importante, los que asumen los sujetos originarios del ande y de la amazonía; que muchas veces no aceptan o desconocen las clasificaciones impuestas desde fuera de su propio devenir sociocultural local o regional. Esto es un inconveniente sobre todo en los andes peruanos, donde existe un proceso latente de “desindigenización” que tomaremos en cuenta para efectos de nuestro estudio. Sin embargo, de manera general se han determinado cambios en la estructura socioeconómica que se iniciaron particularmente en el área rural con el proceso de reasignación de la propiedad de la tierra que significó la Reforma Agraria de 1969 promovido por el autodenominado Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas, liderado tras un golpe de Estado por Juan F. Velasco Alvarado. Donde se reconoció la existencia política de las comunidades indígenas, tanto andinas como amazónicas, lo que significó, a pesar de las circunstancias ilegitimas de tomar el poder, cambios sociopolíticos a favor del reconocimiento de las poblaciones indígenas. Posteriormente, dicho reconocimiento de derechos es planteada en el nivel internacional y asumidas por el Estado peruano[3]. Con ello el término indígena se abrió nuevamente paso en la legislación peruana y viene siendo reivindicado por algunos movimientos indígenas, particularmente amazónicos, que se sirven del Convenio 169 de la O.I.T. donde amparan distintos derechos; principalmente cuando se trata de reivindicar mecanismos de participación política que les permitan tomar parte en las decisiones que afecten a su territorio o el acceso a los recursos naturales.

En el plano oficial, se mantiene la clasificación de comunidad campesina y comunidad nativa, y se agrega la de pueblos indígenas. Pese a estos virajes a favor de los derechos indígenas, muchos campesinos, principalmente del ande, no se autoperciben como "indígenas", ni esgrimen explícitamente propuestas de identidad étnica, debido precisamente al temor de discriminación que este término genera y al rechazo a una categoría que sigue siendo considerada, desde su perspectiva y la de amplios sectores de la población no indígena, como propia de una condición social y ciudadanía subordinada.

Ante estas circunstancias sociopolíticas, es que intento abordar desde los estudios de la ciencia política, cual es el problema relevante, sin perder en cuenta que me hallo en un escenario de observación muy dinámico. Describiré el contexto que me permitió reparar en mi objeto de estudio, el cual es la participación política de los pueblos indígenas en el marco de los distintos conflictos territoriales y de acceso a los recursos naturales que en la última década han sido una constante, debido a la alta actividad de exploración y explotación de recursos minerales principalmente, que enfrenta a las comunidades indígenas de los andes con el Estado peruano y como intermediarios dentro de estas disputas se encuentran las empresas privadas.

Varios han sido los casos en que las disputas por estos recursos, terminan en enfrentamiento, donde finalmente las discrepancias terminan imponiéndose por la presión de la movilización en las calles y las carreteras puesto que las poblaciones no son escuchadas por las líneas democráticas. En la totalidad de estos enfrentamientos, los pueblos indígenas se han opuesto a un tipo de “desarrollo” altamente contaminante a nivel de salud pública en lo que respecta a sus actividades económicas, este tipo de inquietudes, son las que me han hecho preguntar ¿Qué hay detrás de esas protestas?, ¿Qué aportan estas movilizaciones indígenas un Estado democrático?, ¿Existe una propuesta que va más allá de la defensa de su territorio y el acceso los recursos naturales? Sin duda que estas preguntas han desencadenado otras de orden epistemológico ¿Qué tipo de estudios se han preocupado por estos aspectos?, ¿Qué sabemos y qué desconocemos de estos fenómenos políticos? Estas preguntas nos permitirán explicarnos cuáles son las raíces de los intereses de cada actor político y la manera teórica más oportuna de aproximarnos a ella es estudiar los hechos desde los distintos canales de participación política que ofrece un Estado democrático, en paralelo a la legitimidad de los movimientos sociales como constructoras de acción política participativa dentro de un marco jurídico nacional e internacional...



[1] El problema de la pobreza sigue vigente en el Perú de hoy, donde más del 40% de la población vive en estado de pobreza y cerca del 18% se encuentra en una situación de pobreza extrema. Es necesario apuntar que los niveles altos de pobreza se siguen manteniendo en la Sierra y Selva en el ámbito rural; donde precisamente es lugar geográfico en que se encuentran asentados los pueblos indígenas de los andes peruanos. Estos son extraídos del informe técnico del 2007 del Instituto Nacional de Estadística e Informática (I.N.E.I.)

[2] Estos son los años que comprende el estudio de una comisión ad hoc denominada Comisión de la Verdad y Reconciliación (C.V.R.) que investigó los hechos de dicha violencia entre las agrupaciones de Sendero Luminoso, el Movimiento Rebelde Túpac Amaru y las fuerzas militares des Estado peruano. Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, Tomo IV, capitulo 1, violencia en las regiones p.p 250 y s.s.

[3] El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (O.I.T.) reconocido por el estado peruano en 1994.

** La versión completa de dicho artículo se puede solicitar al correo electrónico

martes, 22 de junio de 2010

Soberanía alimentaria, un derecho a la vida: el caso de los andes peruanos

Luis Alberto Hallazi Méndez

Universidad Autónoma de Madrid

Resumen

Es hora de que la comunidad defensora de los derechos humanos se percate de un patrón que se está extendiendo por todo el mundo: comunidades diversas que vivían en cierta armonía ahora tiene que vivir en alarma constante debido a las amenazas socio económicas y políticas, inducidas por los gobiernos a favor de empresas trasnacionales. Gobiernos que pretenden generar dependencia alimentaria en las distintas etapas que abarcan: la producción, distribución y consumo, sea desde el control de las semillas, hasta el consumo final de organismos modificados genéticamente (OMG) llamados transgénicos.

En tanto, este artículo analizará brevemente el caso de los andes peruanos (Puno), una agricultura caracterizada por la producción campesina y la consecuente inseguridad alimentaria que generaría las recientes políticas gubernamentales como los tratados de libre comercio (TLC) con los Estados Unidos y China, vinculando aspectos como los derechos de propiedad intelectual, el control de las importaciones y exportaciones, la producción y distribución de alimentos, la protección de la biodiversidad.

Por tanto lo que se pretende con este breve analices es buscar mecanismos para defender el derecho a una soberanía alimentaria, como el derecho de los pueblos a definir sus propias políticas sustentables, garantizando el derecho a la alimentación para toda la población con base en la pequeña y mediana producción, respetando las culturas y la diversidad de los modos campesinos e indígenas de producción y comercialización agropecuaria, y su respectiva gestión de espacios rurales.

Palabras clave: tratado de libre comercio, propiedad intelectual, agrocombustibles, transgénicos.

++ Versión completa beto_ven21@hotmail.com

martes, 28 de abril de 2009

(neo) constitucionalismo multicultural

workshop
El (neo)constitucionalismo
multicultural en América Latina

30 Abril – 1 Mayo 2009

Coordinadores: Daniel Bonilla Maldonado (Colombia)
Albert Noguera Fernández (Catalunya)
Pavel H. Valer-Bellota (Perú)

MODULO V: ESTUDIO DE CASOS (COLOMBIA, PERÚ Y VENEZUELA)

Luis Alberto Hallazi Méndez
Madrid.
Título: “Aproximación a la teoría de ciudadanía multicultural: el caso del Sur Andino Peruano.”

Jhoana Delgado Gaitán
Prof. de Derecho Administrativo Universidad del Externado. Bogotá. Colombia
Título / Ponencia: “Espacio público y democracia en Colombia”.

Libardo José Ariza Higuera
Universidad de Deusto / Universidad de Los Andes.
Título / Ponencia: “De la mente enferma al alma cultural: saber, formas jurídicas e indígenas en Colombia”

Renné Kuppe
Prof. de Derecho Universidad de Viena, Editor de la Revista Law and Anthropology
Título /ponencia: "Los problemas, avances y dificultades en la implementación de
los derechos constitucionales de los pueblos indígenas en el caso de Venezuela".

19:15-19:30

Conclusiones.

martes, 13 de enero de 2009

Reflexiones en torno a la "política de la presencia"

Como Anne Phillips menciona, en las democracias contemporáneas las tres categorías más acusadas de exclusión política están referidas al género, la etnicidad y la clase; ante ellas y exclusivamente ante la necesidad de una representación más igualitaria de acuerdo a los grupos culturales distintos, es que nos preguntamos: ¿Por qué la configuración parlamentaria en torno a la política de la presencia han dado tan pocos resultados?Para responder a esta cuestión es necesario tener en cuenta las dificultades de la definición del concepto de representación política. Como bien lo precisa Pitkin, el concepto de la representación desde Hobbes hasta la actualidad tiene concepciones diferentes como son la representación equiparada a autorización, la representación identificada con el sometimiento a una rendición de cuentas, la representación descriptiva en correspondencia a la designación del representado, la representación simbólica de identificación emocional o la representación sustantiva para actuar en beneficio de otro.Nos vamos a centrar en la representación descriptiva o lo que se ha llegado a denominar “política de la presencia”, es decir a quién elegimos para que nos represente en el parlamento. Desde nuestra región la perspectiva, cuanto menos, debería tener en cuenta prioritariamente los siguientes aspectos: - Reconocer una discriminación histórica.- Garantizar la presencia de los colectivos que han sido excluidos.- Otorgar relevancia simbólica, reconocimiento político e inclusión. - Procurar la defensa de los intereses específicos del colectivo.- Abrir la agenda a temas ¿de identidad cultural? no tratados.La problemática frente a la que nos posicionamos es compleja. Una región como la que estudiamos en la que los sectores históricamente segregados se han visto casi siempre relegados al momento de la asignación de escaños parlamentarios, o que cuando han conseguido alguno, los elegidos o las elegidas no han cumplido con hacer realidad las más mínimas exigencias de un sector visiblemente excluido; da razón a lo que refiere Pitkin cuando señala que la correspondencia pictórica no consigue registrar el subsiguiente desarrollo de la democracia representativa y, además, agrega que la mayoría de las veces esto desvía la atención, peligrosamente, de lo que en realidad hacen los representantes, es decir que presumiblemente uno se preocupe más de la composición que de las actividades que desempeña las autoridades elegidas. Por ello, se debe también prestar atención a los mecanismos de actuación y al subsiguiente seguimiento después de la actuación; es por eso que se deben reforzar los medios de receptividad de las autoridades y su disposición a responder (rendición de cuentas).La reflexión que genera el sentirse representados en un Estado unitario es compleja; pero sin dudas que un ejemplo emblemático son las cuotas de género que están más desarrolladas en las democracias occidentales donde existe una reserva cada vez más creciente de escaños para representantes de género. En el mismo Estado peruano estas medidas han sido implementadas desde las normas estatutarias de los partidos políticos, pero es verdad que la extensión de esta propuesta a la representación y sub-representación de miembros de diferentes grupos étnicos el resultado en el sistema electoral ha sido intrascendente. Aunque dentro de la elección de distrito electoral múltiple algunas veces se ha contado con representantes de las minorías étnicas y con grupos culturales distintos, en la mayoría de casos podemos hacernos la idea de que dichos representantes representaron sólo sus intereses.Ante ello, si bien la rendición de cuentas puede constituir un medio eficaz de control de los representantes gubernamentales, en el caso de los parlamentarios encontramos como primera barrera constitucional la inmunidad parlamentaria entre otras medidas que hacen que difícilmente se puede realizar dicha rendición de cuentas, en el sentido de no haber cumplido las demandas exigidas por sus electores o en el caso de haber realizado actos en perjuicio de los intereses regionales.Por otro lado, es en la línea de una representación simbólica donde se puede conseguir parte de la inclusión necesaria, y con ello comenzar a cambiar la historia previa de exclusión y el falso supuesto que parecía confirmarse de que cierto tipo de personas tienen una capacidad inferior para gobernar que los demás. Para ello se podrían pensar en diferentes alternativas que busquen ese objetivo pero estas tendrán que estar secundadas por una presencia política real, una presencia más pública, más plena para los tradicionalmente marginados de la participación política; sin embargo casi siempre esto creará la expectativa acerca de cómo a partir de allí se modificará la dirección o el contenido de las decisiones que se adopten políticamente. Las experiencias vividas hasta este momento carecen absolutamente de una verdadera proyección en este aspecto; las políticas adoptadas al respecto obedecen a unas circunstancias mediáticas, producto de la improvisación.Además, existe otra circunstancia que nos permite tener conciencia de las limitaciones propias de la representación puesto que es muy difícil poder estar de acuerdo con respecto a las decisiones tomadas por los representantes en la medida que la mayoría de las veces las decisiones adoptadas lo serán en base al propio juicio o prejuicio de las personas elegidas. En las actuales condiciones no se trata de sentirse representado por cada una de las actuaciones del que ha sido elegido, puesto que eso sería imposible y absurdo; lo que si es cierto es que se pueden matizar las decisiones a través de la búsqueda de consenso -lo que se denomina concertación participativa-. Esta herramienta desde nuestro punto de vista es importantísima para el desarrollo de una democracia multicultural que pretenda ser intercultural. Más aún, llega a ser de mayor significación si esos representantes o candidatos son de diferentes etnias o culturas.Otro aspecto a considerar, es que los miembros de los grupos desfavorecidos necesitan contar con aliados que tengan reconocimiento y dinamismo en la esfera publica; junto a ello no se debe olvidar que es necesario establecer los compromisos tanto en los programas de los partidos políticos como dentro de las instituciones en lo referente a las medidas de trato igualitario hacia los grupos excluidos por motivo cultural o racial. En ese sentido no se trata ahora de precisar a quienes correspondería cumplir con la tarea a nivel burocrático, se trata más bien de reconocer como principio que los pueblos quechuas y aymaras se sientan representados a partir de dar atención a la situación de exclusión que sólo ellos experimentan; más que sean los gobiernos los que permitan que sean las victimas quienes lleven a cabo su paulatina inclusión, se trata de abrir cauces estatales a su participación, sin olvidar las desventajas en el punto de partida. Es verdad que es muy difícil encontrar algún escenario donde se pudiese proporcionar una representación política exhaustiva de todas las características de una ciudadanía culturalmente plural. Es cierto que es necesario un análisis adicional de las estructuras socioeconómicas de la exclusión que nos permita establecer una jerarquía de intereses. No obstante, la propuesta de este artículo intenta hacer más explicito lo que ya está contenido en una “política de la presencia” pues el interés por sistemas más justos de representación política refuerzan salidas más amplias de situaciones de carencia socioeconómica. Finalmente, la “política de la presencia”, si bien se configura como un primer paso para la inclusión de grupos excluidos, lo hace desde un marco vertical, y en cuanto a resultados se refiere para la escasa experiencia regional puneña, éstos han sido preponderantemente anecdóticos. La razón quizás sea porque hasta ahora no se han construido instituciones legítimas y representativas desde abajo o tal vez porque se deje de lado un discurso coherente de reinvidicación étnica que reclame políticas públicas acordes con su realidad. Lo cierto es que más allá del aspecto relacionado con el significado simbólico de quién está presente y con la importancia independiente que se ha de atribuir a la inclusión de grupos tradicionalmente discriminados y segregados; más allá de todo ello, preexiste la urgencia de reconocimiento propio que cada individuo andino está en la necesidad de experimentar. Sólo así es posible recrear una identidad regional, combinándola, claro está, con aquella afirmación étnico cultural y lingüística que nos hace singulares.
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(1) Véase Pitkin, H. F. El concepto de representación, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1985, pp. 288
por Luis Alberto Hallazi Méndez

jueves, 8 de enero de 2009

Basta de Impunidad: Caso "El Frontón"

Reproduzco un tema de vital importancia las fuentes son diversas las encuentras en Radio Nizkor

I)Impunidad en el caso "Frontón"
El fallo del Tribunal Constitucional de Perú, que impide juzgar una matanza de 118 presos cometida en 1986, será llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por abogados de familias de los muertos. Esta masacre fue perpetrada el 19 de junio de 1986 por efectivos de la marina de guerra en el penal de la isla El Frontón, cuando gobernaba el actual presidente Alan García (1985-1990).
El 11dic08 el Tribunal Constitucional declaró infundado un recurso de inconstitucionalidad presentado contra una sentencia del Poder Judicial que había declarado prescripto el crimen cometido contra los 118 reclusos asesinados en El Frontón.
En agosto de 2000 una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sostuvo que el crimen era imprescriptible, señaló la responsabilidad del Estado peruano y le recomendó que investigara, procesara y sancionara a los responsables y reparara material y moralmente a las familias de las víctimas.
Juan Carlos Ruiz, abogado del caso perteneciente al Instituto de Defensa Legal, manifestó que "La sentencia del Poder Judicial inconstitucionalmente declaró prescrito el caso, contradiciendo la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que señala que es responsabilidad del Estado investigar las graves violaciones a los derechos humanos". Afirmó asimismo que "hay suficientes hechos que indican que los magistrados fueron presionados. El caso era muy sencillo desde el punto de vista jurídico. El Tribunal solo debía sentenciar en función del fallo de la Corte Interamericana, que declara imprescriptible la matanza de El Frontón".
En octubre de 2007, tres meses después de que el Poder Judicial aceptara la tesis de la prescripción, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos exhortó al Estado peruano a que reabriera el proceso, en un informe dirigido a la Corte Interamericana.
La CIDH señaló también que se debía reabrir la investigación sobre los presuntos autores intelectuales del crimen, Alan García, Giampietri y el entonces ministro del Interior, Agustín Mantilla. En mayo de 2007, la fiscalía había archivado las investigaciones contra los tres, afirmando que no había pruebas suficientes de su responsabilidad en los hechos.


II) El Tribunal Constitucional de Perú desconoce la Corte Interamericana de Derechos Humanos en un fallo sobre la masacre de "El Frontón".

El 19 de junio de 1986 fueron asesinadas más de un centenar de personas recluidas en el establecimiento penitenciario “San Juan Bautista”, más conocido como “El Frontón”.
Las acciones para garantizar la impunidad de estos hechos se dieron desde ese momento: se prohibió el ingreso de cualquier autoridad civil a la zona (aún hoy es necesario un permiso de la Marina para poder ingresar a la isla); asimismo, el Fuero Militar se convirtió en juez y parte ya que jamás inició una investigación efectiva, pues no podía erigirse como un juez imparcial. Por ello, todos sus fallos con respecto a violaciones a derechos humanos han quedado sin efecto jurídico.
Los restos de los internos asesinados fueron sepultados en diversos cementerios de Lima. Los enterraron de manera clandestina y sin dar aviso a los familiares. Sólo se les identificó como “NN”.
Luego, el gobierno de Alberto Fujimori prohibió todo tipo de investigaciones con la ley de amnistía para los militares.
Ya en agosto del año 2000, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), le recordó al estado peruano su obligación de investigar y sancionar los hechos ... para el caso Durand Ugarte. La CIDH señala que el estado peruano violó el derecho a la vida e integridad de las víctimas y que está en la obligación de hacer los esfuerzos para identificar a las víctimas y entregar los cuerpos a sus familiares... Cabe señalar que, actualmente, la mayoría de los restos siguen depositados en cajas de cartón en el Instituto de Medicina Legal, sin que hayan sido identificados. Otros continúan en la condición de desaparecidos por la falta de información de algunas autoridades.
En 2008 una sala penal de Lima señaló que los hechos de El Frontón han prescrito y que no se puede continuar con la tramitación de la investigación. Al respecto, diversas resoluciones emitidas por la Sala Penal Nacional y la Sala Penal Especial de Lima rechazaron con firmeza esta aseveración...
El Tribunal Constitucional (TC) se ha pronunciado sobre esta situación anteriormente, tal como ocurrió en el caso Villegas Namuche, señalando que “la Ejecución extrajudicial y la desaparición forzada, así como la tortura, son hechos crueles y atroces, y constituyen graves violaciones a los derechos humanos por lo que no pueden quedar impunes… asimismo, corresponde al Estado el enjuiciamiento de los responsables de crímenes de lesa humanidad y si es necesario, la adopción de normas restrictivas para evitar, por ejemplo, la prescripción de los delitos que violenten gravemente los derechos humanos”.
¿Por qué entonces se permite que una Sala Penal emita una sentencia contradictoria con la jurisprudencia del TC, y en total contravención a las normas internacionales y obligaciones que tiene el estado en materia de derechos humanos?...
(Por Gloria Cano, abogada de APRODEH, Lima). Radio Nizkor, 03ene09.

III) Fallo del Tribunal Constitucional impide juzgar la masacre del penal "El Frontón".

[Fuente: Por Ángel Páez, IPS, Lima, 20dic08]

IV) "El Frontón" y el derecho de las víctimas.

[Fuente: Por Gloria Cano, abogada de APRODEH, Lima,